Moncloa ha expresado su preocupación por la publicación de información privada del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero incluida en un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) incorporado al caso Plus Ultra. El Ejecutivo considera especialmente grave que, junto a datos relativos a la investigación, se hayan difundido elementos de carácter íntimo que no guardan relación directa con el objeto de la causa.
Fuentes del Gobierno señalan que existe una “creciente frecuencia” de filtraciones en procedimientos judiciales en curso y advierten de que estas prácticas pueden vulnerar derechos fundamentales. “Se trata de información que no guarda relación con el objeto de las investigaciones y que vulnera la privacidad y los derechos de las personas afectadas”, trasladan desde Moncloa.
El pronunciamiento llega después de que se conociera que el nuevo informe policial sobre Zapatero no solo recoge la tesis de la UDEF sobre unos supuestos cobros de 200.000 euros del grupo peruano Grupo Gloria a través de Focus Social Research entre 2024 y 2025, sino que además incorpora un amplio anexo documental con información personal del expresidente. Entre esos documentos figuran sus agendas completas de 2024 y 2025, su dirección, su cuenta bancaria, reuniones privadas y hasta citas médicas.
La defensa de Zapatero estudia emprender acciones legales por la inclusión y difusión de ese material. Desde el entorno del expresidente reprochan que no se haya realizado un cribado previo de la documentación para separar aquello que pudiera tener relevancia judicial de los datos estrictamente privados. También cuestionan que el contenido se haya compartido de forma íntegra, exponiendo aspectos personales sin conexión aparente con la investigación.
En Moncloa insisten en que la existencia de una investigación judicial no puede convertirse en una vía para dejar sin protección la intimidad de una persona. “Los derechos fundamentales no son negociables”, remarcan fuentes gubernamentales, que subrayan la obligación de proteger “muy especialmente el derecho a la intimidad y a la privacidad de los ciudadanos”.
El Gobierno evita entrar en el fondo de la investigación, pero sí pone el acento en la forma en que determinados materiales llegan al espacio público. A juicio del Ejecutivo, el respeto a los derechos fundamentales debe ser prioritario para todas las partes que intervienen en un procedimiento judicial, incluidas acusaciones, defensas y quienes tienen acceso a la documentación incorporada a una causa.
La polémica abre de nuevo el debate sobre los límites de las filtraciones judiciales y sobre la necesidad de preservar información sensible cuando no resulte imprescindible para la investigación. En causas de alto impacto político o mediático, la difusión de documentos personales puede tener consecuencias que van más allá del proceso penal y afectar a la reputación, la seguridad y la vida privada de las personas implicadas.
El informe de la UDEF sostiene que Zapatero habría recibido 200.000 euros del Grupo Gloria por supuestamente favorecer los intereses de la compañía en Bolivia. Según la Policía, esos pagos se habrían canalizado a través de Focus Social Research, una segunda empresa vinculada al expresidente. Zapatero niega cualquier irregularidad y defiende que sus actividades profesionales se han desarrollado siempre dentro de la legalidad.
El caso Plus Ultra investiga el rescate concedido a la aerolínea venezolana durante la pandemia y ha derivado en distintas líneas de investigación sobre posibles relaciones empresariales y políticas. Sin embargo, el nuevo episodio ha desplazado parte del foco hacia la protección de datos personales y la proporcionalidad de la documentación incorporada al procedimiento.
Desde el Ejecutivo recalcan que su posición no busca interferir en la labor de los tribunales, sino defender que cualquier investigación se desarrolle con pleno respeto a las garantías constitucionales. “El Gobierno seguirá trabajando para garantizar y defender el ejercicio efectivo de los derechos fundamentales de todas las personas”, concluyen fuentes de Moncloa.
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