La defensa de Zapatero presenta dos recursos exigiendo dilucidar la validez legal de varias pruebas

La defensa de José Luis Rodríguez Zapatero ha presentado dos recursos ante a Audiencia Nacional para que se requiera a la Fiscalía Anticorrupción que exponga cuál fue la autoridad judicial y la resolución motivada que permitió analizar el contenido de los dispositivos incautados a Rodolfo Reyes, quien fuera directivo de la aerolínea Plus Ultra. Los abogados del ex presidente del Gobierno insisten en saber si se siguieron los pasos legalmente establecidos para la obtención de los mensajes que, pese a no participar de ellos, sirvieron para imputarle.

Los escritos presentados al juez José Luis Calama exigen conocer que resolución judicial motivada está detrás de la autorización del análisis del contenido extraído por una agencia estadounidense en 2021, pero no remitido hasta 2026, de un el teléfono móvil de Reyes, pues sospechan que las pruebas que construyen los principales indicios contra Zapatero podrían ser nulas o, incluso, falsas. Es más, los abogados deslizan directamente en el escrito que los procedimientos podrían derivar en la nulidad de la causa.

Además, también señalan el disco duro intervenido al abogado Miguel Palomero, pieza clave también de la imputación, pues la defensa del socialista, tal y como ha hecho constar, “no ha logrado hallar el auto o autos dictados” con los que la Fiscalía y los agentes judiciales deberían contar para analizar un dispositivo “llamado crucial”.

Procedencia de las pruebas

Los escritos presentados al juez José Luis Calama exigen conocer que resolución judicial motivada está detrás de la autorización del análisis del contenido extraído por una agencia estadounidense en 2021, pero no remitido hasta 2026, de un disco duro y el teléfono móvil de Reyes, pues sospechan que las pruebas que construyen los principales indicios contra Zapatero podrían ser nulas o, incluso, falsas. Es más, los abogados deslizan directamente en el escrito que los procedimientos podrían derivar en la nulidad de la causa.

Así, recuerdan que “la mera autorización de una autoridad norteamericana para utilizar esas comunicaciones personales en un proceso penal tendría un alcance muy limitado”. “El riesgo de instrumentalizar la investigación penal con el fin dotar de apariencia legitima a unas informaciones que habrían sido ilícitamente obtenidas según los estándares aplicables dentro de nuestro sistema jurídico”, recoge el escrito, lamentando que las pruebas pueden haberse incorporado “sin haber pasado control alguno de legalidad”.

Es más, temen que “la actuación de una agencia gubernamental norteamericana que, de acuerdo con las normas que rigen su actuación, puede realizar injerencias que no siempre concuerdan, ni cumplen en todos los casos, con los estándares exigidos por nuestro sistema jurídico”. En el caso del disco duro de Palomero, intervenido en cumplimiento de una Orden Europea de Investigación (OEI) de Francia y petición de Ginebra (Suiza), la defensa apunta a que pudo no cumplirse con la finalidad determinada y al servicio de procedimientos seguidos en el extranjero que requiere la ley. 

“Ese mismo material parece que se ha analizado y utilizado después en investigaciones internas sucesivas españolas y de objeto distinto”, recoge el escrito, que ha terminado en la imputación de Zapatero. La cuestión es que la reutilización del material en finalidades y procedimientos distintos del que fue lícitamente obtenido requiere una habilitación judicial habilitada, que ahora se reclama porque “no se logra hallar” en los distintos autos.