Las veces que Vox ha sido sancionado por el Tribunal de Cuentas debido a sus incumplimientos reiterados de la ley de financiación de partidos políticos comienzan están cerca de poder dejar de contarse con una mano. El último tirón de orejas que le dio el organismo a la formación ultraderechista, el cuarto, se produjo este verano, concretamente el 28 de julio, y la sanción por recibir donaciones para una finalidad concreta, prohibido por la legislación, ascendió hasta los 50.000 euros. Sin embargo, el castigo podría haber sido mayor.
La infracción sancionada correspondía a la solicitud de dinero que los de Santiago Abascal hicieron a sus seguidores para personarse contra el que fuera ministro de Transportes, José Luis Ábalos, por la presencian de la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, en el aeropuerto de Madrid. No obstante, según una investigación realizada por infoLibre y Follow the Money, el Tribunal de Cuentas detectó otra infracción cometida de forma continuada y la dejó plasmada en la misma resolución emitida, aunque el partido de extrema derecha finalmente se libró por un error de plazos.
El organismo competente comunicó el inicio del expediente sancionador un día fuera de plazo y, en consecuencia, prescribió sin que pudiese emitir sanción. La infracción detectada se produjo a comienzos de 2020, cuando la formación lanzó una campaña para pagarle un coche nuevo a Sergi Fabri, concejal ultra en Salt (Girona), después de que este denunciara que había quemado el suyo “por defender al pueblo humilde y trabajador que quiere vivir tranquilo”. "Ayudemos a nuestro concejal Sergi a recuperar su coche", lanzó el crowfounding Vox, que en pocas horas reunió el dinero necesario para un coche nuevo.
Estas donaciones finalistas están prohibidas por la ley de financiación de partidos, algo que en Vox conocen de sobra, para evitar que pudiese producirse movimientos de dinero interesados y que buscasen una contraprestación política a cambio, como se está investigando ahora en el caso que involucra a Alvise Pérez. Son cinco las irregularidades en esta materia que el Tribunal de Cuentas ha detectado en relación con Vox, habiendo sido sancionadas cuatro. El montante total en sanciones de estas características a la ultraderecha asciende a 1,16 millones de euros, el récord de un partido, pese a la corta vida de los de Abascal.
Recopilación sanciones
Uno de los casos más controvertidos es el del préstamo del banco húngaro MBH. Las cuentas anuales de Vox de 2023 revelaron que el partido ultra había ocultado por años el origen de un préstamo millonario, algo que, más tarde, la formación admitió. Concretamente, reconoció haber recibido 6,5 millones en junio de 2023 y otros 7 millones en 2024 de MBH Bank, entidad financiera promovida por el Gobierno de Viktor Orbán. La dirección del partido se defendió asegurando que había recurrido a ese banco “porque los bancos españoles negaron la financiación”.
Sin embargo, la documentación pública indica que BBVA y Santander sí ofrecieron créditos (por valor de 1,8 y 0,95 millones) para campañas municipales y autonómicas, lo que desmiente la versión oficial de Vox. Además, la ley prohíbe expresamente que partidos reciban dinero de gobiernos o entidades públicas extranjeras (art.7 Ley de Financiación de Partidos) y MBH Bank está controlado en gran parte por fondos estatales húngaros vinculados a Orbán.
Otro escándalo es la financiación por parte del Consejo Nacional de la Resistencia de Irán (CNRI). Vox nació a finales de 2013 con una lluvia de donaciones desde el exilio iraní: entre diciembre de 2013 y abril de 2014, simpatizantes iraníes del CNRI realizaron 141 transferencias por casi 972.000 euros a la recién creada formación española. Estos fondos pagaron el alquiler de la sede, sueldos de Abascal y empleados, y equipo informático.
El por aquel entonces presidente de Vox, Alejo Vidal-Quadras, reconoció más tarde que Abascal sabía del origen extranjero de los pagos y que “estaba encantado” con el apoyo. La Ley Electoral prohíbe categóricamente que partidos acepten donaciones de entidades extranjeras y, en este caso, suponía el 80% del presupuesto de Vox para la campaña europea de 2014. A estos dos grandes casos se suman las polémicas con las huchas de donaciones en puestos de información o los micropagos recibidos a través de la venta de pulseras y otros productos.
