Sale a la luz el momento en el que el juez Juan Carlos Peinado cortó una pregunta clave para la defensa de la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, durante la citación de una persona cuyo testimonio se preveía fundamental para el devenir de la investigación. Se trata del periodista Nacho Cordero, a su vez director de El Confidencial.
La polémica se ha desatado porque después de que los informadores mantuvieran que no tenían conocimiento de que se hubiera ejercido presiones sobre los adjudicatarios de los contratos. En el momento en el que el fiscal quiso saber la influencia que pudiera tener la carta de Begoña Gómez, el magistrado le impidió continuar con la cuestión. A continuación, la conversación completa.
-Fiscal: Fiscal: En cuanto a las requeridas cartas, le pregunto en el mismo sentido, han podido… en su investigación, ¿se ha revelado el grado de influencia que pudieron alcanzar?
-Nacho Cardero: Yo…
-Juez Peinado: No, no conteste a esa pregunta, esa pregunta es de contenido jurídico.
Joder !
— Marta ❤️ (@martagg82) June 6, 2024
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Con el mismo modus operandi, el juez obvió preguntar en su primera diligencia a un testigo por las pruebas del delito denunciado hacia la mujer del presidente -tráfico de influencias y corrupción en los negocios- en la querella presentada por la asociación ultraderechista Manos Limpias. Después, bloqueó la posibilidad de que la Fiscalía lo hiciera, según recoge el sumario del caso y evidencian las imágenes a las que ha tenido acceso TVE.
El momento queda fechada a 17 de mayo, cuando Peinado citó a declarar al informador de uno de los medios que habían publicado noticias sobre las presuntas relaciones sospechosas de la esposa del líder del Ejecutivo con empresarios que lograron ayudas públicas de Moncloa, especialmente Juan Carlos Barrabés, a quien la derecha ha venido señalando constantemente a pesar de que ha cerrado acuerdos con administraciones de muy distinto color político.
En la jornada que concierne, el instructor de la causa preguntó al periodista si podría decir, sin necesidad de entrar en detalles, explicar si conocía a directivos de las compañías con las que se vincula a Gómez o a miembros de órganos que formalizaron contratos con esas empresas. Cuando el periodista se dispuso a contestar con el objetico de concretar el contenido de las cartas de recomendación que publicó su medio, el juez no permitió hacerlo asintiendo que iba a preguntarle “después” sobre “el resultado, la trascendencia, la relevancia o la incidencia que haya podido tener esa carta”. Nada más lejos de la realidad, la cuestión nunca se puso sobre la mesa.
Pero como ya se ha mencionado, no fue la única vez que Peinado bloqueó una pregunta, sino que hizo lo propio cuando el abogado de Begoña Gómez indicó si en las informaciones contadas en El Confidencial apuntaban a la existencia de otras misivas parecidas con otras compañías. En este caso, el juez sentenció que era algo confuso y que él ya había planteado lo mismo.
El interrogatorio ocurrió tres días después de que el magistrado tuviera en su mano el informe que había solicitado a la Guardia Civil sobre los hechos denunciados por Manos Limpias. El trabajo de las investigaciones sentenció que una parte de la querella que el juez Peinado había admitido a trámite se encontraba basado en informaciones falsas, mientras que la Guardia Civil no encontró indicios de delito de tráfico de influencia respecto de la otra parte.
Además del trabajador de El Confidencial, el fiscal consiguió preguntar a otro periodista (Francisco Mercado, de esdiario) si había conocido o publicado noticias de presiones que pudieran haberse llevado a cabo sobre los funcionarios que adjudicaron el contrato. Los dos negaron esto.
Asimismo, el magistrado no realizó ni una sola pregunta que permitiera recabar pruebas sobre el delito de tráfico de influencias que investiga. A pesar de que en el sumario no existen aún ningún indicio, el instructor ha decidido citar el próximo 5 de julio a la mujer de Sánchez en calidad de investigada. Entretanto, el anuncio del magistrado llegaba solo cinco días antes de las elecciones europeas.
Última hora
Lo más actual hasta el momento es que la UCO ha registrado la sede de la sociedad pública Red.es y requisado información de la causa contra Gómez por orden directa de la Fiscalía Europea.
No es la primera vez que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil tiene un papel importante dentro de la causa. De hecho, por petición expresa del juez Peinado, este cuerpo especializado redactó un informe en el que aseguraba, de forma tajante y clara (como se ha mencionado), que no había ninguna actuación susceptible de delito en los negocios de Begoña Gómez.
Además, la UCO centraba el tiro en el empresario Juan Carlos Barrabés, a quien el pseudosindicato Manos Limpias vincula con la mujer del presidente del Gobierno. No obstante, Barrabés, viejo conocido de la administración pública, ha cerrado contratos con gobiernos de distinto signo político, tales como el Ayuntamiento de Madrid, liderado por José Luis Martínez-Almeida; la Junta de Castilla y León, en manos de Alfonso Fernández Mañueco; o incluso la Comunidad de Madrid, bastión 'popular' gobernado por Isabel Díaz Ayuso.
