Un día como hoy, hace 20 años, se produjo el fatídico accidente del Yak-42, la mayor tragedia de las Fuerzas Armadas españolas en tiempo de paz. El avión se estrelló cerca de la ciudad de Trabzon, en el norte de Turquía, cobrándose la vida de todos sus ocupantes. A bordo se encontraban 62 miembros de la tripulación y 62 soldados españoles que regresaban de una misión de mantenimiento de la paz en Afganistán.

Tras el siniestro, el Gobierno, entonces bajo el liderazgo del popular José María Aznar, se apresuró en señalar que el accidente había sido fruto del azar, dejando la dudosa gestión del Ejecutivo en un segundo plano. ¿El motivo? El PP salía de unas elecciones municipales y autonómicas muy tocado y temían un hundimiento en las generales (que se celebraron al año siguiente). De hecho, la celeridad de los populares por pasar página fue tal que tan solo 48 horas después del accidente el Gobierno celebró, de manera urgente, un funeral de Estado en la base de Torrejón que contó con la presencia incluso del propio Juan Carlos I, entonces rey.

Sin embargo, la estrategia no le salió bien al PP, puesto que los familiares de las víctimas enseguida empezaron a sospechar que había cosas que el Gobierno de Aznar intentaba ocultar. Unas sospechas que se hicieron más que patentes durante el funeral de Estado, en el que los familiares no dudaron en reprochar tanto al entonces ministro de Defensa, Federico Trillo, como al propio Aznar su actuación. Consignas como “los habéis matado”, “los habéis dejado morir” o “los aviones no estaban en condiciones” se pudieron escuchar durante el mencionado acto. Unos gritos que la retransmisión televisiva decidió silenciar.

Así, las víctimas consideraban que las autoridades no habían tomado las medidas adecuadas para garantizar la seguridad de los soldados y la tripulación a bordo del avión. De esta manera, demandaron responsabilidades y exigieron una investigación exhaustiva sobre las causas del accidente. Además, criticaron al gobierno por la falta de supervisión y control en el mantenimiento de las aeronaves militares, así como por permitir que un avión en mal estado operara en una misión de tal importancia.

Asimismo, las víctimas y sus familiares criticaron la falta de transparencia y de información precisa por parte del gobierno durante las primeras etapas de la investigación. Se sintieron ignorados y abandonados en su búsqueda de respuestas y justicia.

Las asociaciones de víctimas se organizaron para hacer frente al gobierno y para exigir cambios en las políticas y prácticas relacionadas con la seguridad aérea. Realizaron protestas y manifestaciones para llamar la atención sobre el caso y presionar por una mayor rendición de cuentas.

Las investigaciones posteriores revelaron una combinación de factores que contribuyeron a la tragedia. Se descubrió que la aeronave estaba en mal estado técnico y no cumplía con los estándares de seguridad requeridos. Además, se informó que la tripulación estaba agotada y no había recibido el descanso adecuado antes del vuelo. Estos problemas de mantenimiento y gestión, junto con la fatiga de la tripulación, fueron identificados como factores clave en el accidente del Yak-42.

14 años después la justicia reconoció la responsabilidad del Gobierno

Dos décadas después del siniestro, los familiares recuerdan a los fallecidos con todas las vías judiciales ya cerradas y también las políticas, después de que el Ministerio de Defensa reconociera en 2017 (14 años después del siniestro) la responsabilidad de la Administración tras un informe del Consejo de Estado que determinaba que el accidente pudo haberse evitado si se hubieran tomado medidas.

El siniestro causó una gran conmoción en España, a lo que se sumó después el escándalo generado por las incorrectas identificaciones de los cadáveres. Esto derivó en la condena de tres militares por falsear la atribución de los restos mortales: el general Vicente Navarro (ya fallecido) y el comandante José Ramírez y el capitán médico Miguel Sáez. Sin embargo, en una decisión que generó una gran indignación entre la población general, en el año 2012 el Gobierno de Mariano Rajoy decidió indultar a estos dos últimos.

Además, se identificaron responsabilidades a nivel de la compañía aérea que operaba el avión. Directivos y empleados de la compañía, encargados del mantenimiento y la seguridad de la aeronave, también asumieron su parte de responsabilidad por no garantizar que el Yak-42 estuviera en condiciones adecuadas para volar.

Marlaska evitó que se procesara a Trillo

Ante todas estas deficiencias que presentaba el avión siniestrado, los familiares de las víctimas intentaron procesar a Trillo y a seis mandos de su cúpula militar. No obstante, pese a que existían informes, emitidos un mes antes del accidente que alertaban de la precaria situación de estos aviones, el entonces juez y hoy ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, optó por archivar la causa al entender que la responsabilidad principal recaía en otros actores, como los mandos militares y los responsables de la compañía aérea.

Sin embargo, es importante destacar que la ausencia de un procesamiento penal no exime a Trillo de las críticas y responsabilidades políticas relacionadas con la gestión del accidente. El caso generó un fuerte debate público y críticas hacia su gestión en el Ministerio de Defensa, lo que finalmente llevó a su dimisión en el año 2004.

El giro de 180 grados bajo el Gobierno de Zapatero

Estas trabas que el Gobierno de Aznar pusieron a las víctimas finalizaron tras las elecciones generales de 2004, cuando José Luis Rodríguez Zapatero logró salir investido presidente. El dirigente socialista, fiel a la promesa que había hecho durante la campaña, mostró una actitud de solidaridad y apoyo hacia las víctimas y los familiares del accidente del Yak-42, llegando a involucrarse activamente -junto a José Bono, entonces ministro de Defensa, en el proceso de gestión de la tragedia.

Zapatero expresó su profundo pesar por el accidente y se comprometió a realizar todas las acciones necesarias para investigar las causas y asumir las responsabilidades correspondientes. De esta manera, durante su mandato se tomaron medidas para mejorar la seguridad aérea y se implementaron cambios en los protocolos de mantenimiento y supervisión de las aeronaves militares.

Además, el expresidente visitó personalmente a las familias de las víctimas para ofrecerles su apoyo y consuelo. También se pusieron en marcha iniciativas para brindar ayuda económica y emocional a los afectados, incluyendo la creación de un fondo de compensación.

España recibió de Turquía en 2018 nuevos restos sin identificar

Este proceso revivió en el año 2018 cuando Turquía informó al Ministerio de Defensa español del hallazgo de una extremidad de una posible víctima del Yak, que había sido enterrada en el cementerio turco de la ciudad de Macka tan solo dos meses después del accidente al no haber sido identificada.

Esta extremidad, un fémur, no fue recuperable para su identificación; pero dio lugar a que Turquía informara de que había otros 23 tarros con muestras biológicas que permanecían desde el siniestro aéreo almacenados en el Instituto Anatómico Forense de Estambul.

Las muestras fueron enviadas a España y la Audiencia Nacional las puso a disposición de las familias de las víctimas para que, si así lo deseaban, las recogiesen y se hicieran cargo de ellas, ya que ya habían sido identificadas correctamente en Turquía. Fuentes jurídicas han asegurado a Europa Press que todas las familias decidieron hacerse cargo de estas muestras en un proceso que quedó ya cerrado.

Con él finalizó también todo el recorrido judicial del accidente, que llegó hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos a instancias de las familias. Sin embargo, la justicia europea avaló el criterio del Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional negando la posibilidad legal de reactivar la causa.

Durante todo este proceso los familiares de los fallecidos en el Yak-42 se unieron en torno a una asociación que se disolvió en el año 2017 tras el informe del Consejo de Estado apuntando la responsabilidad de la Administración. También la ministra de Defensa entonces, María Dolores de Cospedal, reconoció ante el Congreso la "responsabilidad patrimonial" de la Administración y dijo que hacerlo era "una obligación moral".