Urbagestión, el buitre que impidió a Maricarmen morir en su casa: "Sólo se le pidieron quince días"

Lo hicieron a la cuarta, con el permiso de una jueza, y gracias a la inacción de las administraciones. Lo hicieron con brutalidad policial contra los cientos de personas que pusieron el cuerpo entre su codicia y el derecho fundamental de una mujer de 87 años. Y lo hicieron sin siquiera dejarle unos minutos para recoger sus cosas de la que había sido su casa durante siete décadas. Urbagestión es la culpable, una de ellas, del desahucio que encendió la llama de la movilización social por la vivienda, y que provocó en Maricarmen un agotamiento del que no ha podido recuperarse.

La noticia de su fallecimiento deja paso a la rabia en las calles, que señalan a los responsables de que una mujer de 87 años saliera en camilla de la casa de su vida, rumbo a un hospital del que nunca salió. Maricarmen murió este miércoles, a solo unas horas de firmar su ‘victoria’ contra los buitres que la desahuciaron, que se apresuraron después a firmar un acuerdo que ella había luchado, entregando en ello su delicada salud, durante ocho años. Todo para intentar lavar su imagen y buscar el perdón de una sociedad que nunca lo olvidará.

Esa fue la pequeña ‘victoria’ de Maricarmen, una víctima más de la codicia que promueve un sistema que la abandonó a merced de los carroñeros. También la de Olga y Javier, que se quitaron la vida en Cataluña en las últimas semanas. La imagen que perseguirá eternamente a Urbagestión: la de los buitres reaccionando solo por el desprestigio a su empresa, y no por humanidad, firmando el acuerdo con la defensa de Maricarmen.

Ocurrió demasiado tarde, cuando los miles que acampan por toda España y los millones que vieron la imagen de la vergüenza nacional en sus pantallas, ya no podían borrar de sus mentes quiénes son los que han acabado con ella. Maricarmen no pudo morir en su casa, a pesar de que la última oferta del Sindicato de Inquilinas, que la acompañó hasta su fallecimiento, fue que los buitres le dieran dos semanas para organizar una salida digna de la que había sido su casa las últimas siete décadas, antes de que se lanzaran a buscar carne entre la carroña.

“Solo se le pidieron quince días”, lamentó Beatriz Duro, su abogada. Ese tiempo habría bastado, para que Maricarmen pasara sus últimos momentos de vida en su casa, y no postrada en la camilla de hospital en la que murió este miércoles. La última petición, el mismo 23 de septiembre que ocurrió el desahucio, fue que le dieran a la mujer una hora para recoger sus cosas. Urbagestión tampoco accedió.

La batalla de Maricarmen contra los buitres

Maricarmen vivía en su piso de la calle Alcalde Sainz de Baranda, en el barrio madrileño de Retiro, desde los años 50. Tras el fallecimiento de sus padres, se acogió a la subrogación del alquiler para mantener el precio de renta antigua que pagaban sus padres, que era de unos 500 euros al mes. A pesar de que esto suponía dedicar más de un tercio de su pensión a mantener su derecho fundamental, Maricarmen nunca dejó de pagar un solo euro.

El problema comenzó por la codicia de los especuladores que buscan hacer negocio en los barrios con la connivencia de las administraciones. En 2018, el edificio lo compró Renta Corporación, una de las compañías más relevantes del sector inmobiliario español. Poco después, la empresa ofreció a Maricarmen la posibilidad de adquirir la vivienda por 247.000 euros. La propuesta resultó inviable para la pensionista, tanto por la cuantía como por las dificultades para acceder a una hipoteca a su edad, entonces de 79 años.

Posteriormente, la propiedad acabaría en manos de Urbagestión Desarrollo e Inversión SL, firma que también opera comercialmente bajo la denominación Urbagesa. Detrás de la sociedad se encuentran los empresarios Ricardo y Fernando Alonso, cuya codicia está reflejada en una placa junto al piso del que echaron a Maricarmen.

La compañía rechaza definirse como un fondo de inversión y se presenta como una entidad especializada en el análisis y asesoramiento de operaciones inmobiliarias. Sin embargo, desalojaron a la mujer para especular con su vivienda, después de subirle el alquiler un 275%, de los 500 euros a los 2.650. Asimismo, rechazó varias ofertas de donantes anónimos para asumir la parte que Maricarmen no podía pagar.

Urbagestión respetó a otro inquilino hasta su muerte

El empeño de Urbagestión de quedarse con esa casa para ponerla en alquiler al precio desorbitado que le permite que la Comunidad de Madrid no tope los alquileres, y que el Gobierno central no la obligue modificando el sistema; llegó a los tribunales. El litigio duró cinco años, en los que los buitres trataron de desahuciarla en tres ocasiones. Finalmente, y a pesar de que hasta la ONU pidió impedirlo, una jueza ordenó lanzar el desalojo que, tras la luz verde del Tribunal Supremo, se produjo ante los ojos del mundo y con brutalidad policial.

Urbagestión, desde el principio, rechazó tener humanidad y no quitarle su casa a una anciana para hacer negocio. También rechazó todas y cada una de las ofertas de la defensa de Maricarmen y el Sindicato de Inquilinas. Ni un aplazamiento cautelar, ni un mes para seguir negociando, ni quince días para buscar una salida digna, ni una hora para recoger sus cosas.

Los buitres no podían esperar, y solo recularon cuando Maricarmen ya dormía en el Gregorio Marañón. El daño reputacional a su imagen les hizo dar el paso que no vieron conveniente dar los cinco años anteriores. Urbagestión firmó un acuerdo para que Maricarmen volviera a su casa, algo que no ha llegado a ocurrir porque el desgaste que sufrió por culpa de su codicia le ha impedido recuperarse.

Se podría haber evitado. Empezando por la empresa, que sí permitió a un vecino de Maricarmen permanecer en su vivienda, respetando hasta su muerte el contrato de alquiler que tenía tras haber comprado su piso. Siguiendo por la Justicia, que casi siempre falla en favor de los especuladores, cuando podría tener en cuenta el derecho fundamental que es la vivienda, que está por encima del de la propiedad privada, o la vulnerabilidad de una mujer de 87 años con discapacidad y sin alternativa habitacional. Y terminando por el sistema, que por obra u omisión, permite que esto siga ocurriendo incluso después del desahucio de Maricarmen, uno de los 44 que hay cada día en España.