El Tribunal de Cuentas avanza en la exigencia de responsabilidades a Planifica Madrid por la compra del ático de Chamberí

El Tribunal de Cuentas ha dado traslado a su Sección de Enjuiciamento de la acción pública para la exigencia de responsabilidad contable por la compra por parte de Planifica Madrid del ático de 6,3 millones de euros de la calle Martínez Campos, denunciada por el PSOE de Madrid. Así lo ha comunicado la secretaria de Organización del PSOE de Madrid, Pilar Sánchez Acera.

Tras esta decisión del órgano fiscalizador, Pilar Sánchez Acera ha subrayado que “sigue adelante la investigación sobre el ático de la señora Ayuso” y que ya está bien de seguir pagando los lujos de la presidenta madrileña: “Ya está bien que sean los madrileños quienes con su dinero, dinero público, le estén pagando los aticazos a la señora Ayuso, sus viajes, todos sus disfraces, todos sus caprichos y todas estas presuntas ilegalidades que estamos denunciando”.

En su denuncia presentada en el Tribunal de Cuentas, el PSOE de Madrid advertía de los indicios de un presunto “perjuicio patrimonial” y reclamaba, entre otros, que identificara quién impulsó la operación y con qué “necesidad concreta”. Además, pedían esclarecer cómo se fraguó la operación, desde si hubo un acuerdo específico del consejo de administración de Planifica Madrid para aprobar la selección, el precio, las arras y la inversión, hasta qué controles presupuestarios, técnicos o jurídicos eran exigibles y si se activaron.

También trasladaron al tribunal que en la información facilitada por el Gobierno de la Comunidad de Madrid sobre la compra del ático no figura un acuerdo específico del consejo de administración relativo a la compra ni uno específico de control presupuestario o fiscalización de la adquisición.

Y pusieron en el foco que no consta ninguna búsqueda de otros inmuebles o consulta de mercado, al tiempo que apuntaban que la tasación independiente del 13 de febrero fijó un valor 57.115 euros más bajo que el pagado sin incluir impuestos.

“Que averigüe todos los tejemanejes de este chanchullo, porque frente a la dignidad de Maricarmen y de quienes están luchando por el derecho a una vivienda, Madrid no merece la indignidad de una presidenta que puso a bailar a toda la comunidad para comprarse un casoplón”, señalaba Mar Espinar, portavoz socialista en la Asamblea de Madrid, cuando dieron a conocer esta denuncia.

Por todo ello, desde el PSOE madrileño apuntaban a indicios de “negligencia graves”, señalando por un lado el importe “extraordinario” de la inversión, los 630.000 euros de arras y “la ausencia aparente de aprobación societaria específica”. A su vez, consideran que se habría decidido y comprometido la compra sin la información o controles exigibles, por lo que pedían que se cuantifique cuánto “perjuicio” se ha tenido tras la “utilidad obtenida” hasta que se ha vuelto a poner en venta.

También hacían hincapié en la “falta aparente de memoria previa de necesidad” o los informes de “valoración de riesgos ante las arras”. Inciden también en las advertencias expresas de la tasación, y la ausencia "aparente" de análisis de alternativas. Por último, apuntaban a la necesidad de determinar documentalmente la cobertura económico-financiera de la inversión y los controles aplicables a una sociedad mercantil pública; así como a la “posterior desaparición de la necesidad de arrendamiento y resolución del contrato, sin posesión ni uso del inmueble”.