Casi el 80% de los españoles prioriza la vivienda como derecho constitucional y pide la intervención del Estado

La gran mayoría de la población española, concretamente el 87%, está muy o bastante preocupada por la situación que atraviesa la vivienda en España. Una minoría del 4,4% es la que se está beneficiando del encarecimiento constante y disparado de los precios, pero la legislación sigue siendo favorable a estas élites. Un favoritismo jurídico y político que no casa con el groso de la sociedad, pues ocho de cada diez consideran que se debe priorizar el carácter constitucional de la vivienda a su instrumentalización como bien de mercado.

Los datos presentados por Barómetro de Vivienda que el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) realiza cada año exponen con crudeza la compleja situación que atraviesan millones de personas, que reclaman medidas. El 79% considera que lo más importante que habría que priorizar es “el derecho a la vivienda como un derecho constitucional”, frente a un mísero 13,5% que entiende que debe primar “la vivienda como bien de mercado”. Con este dibujo, además, imperan aquellos que entienden que es urgente que se intervengan desde los poderes públicos.

Más en detalle, el 76,3% de los miles de encuestados considera que “el Estado debe intervenir en el mercado tanto como sea necesario para garantizar el acceso de todos a la vivienda”. Menos de dos de cada diez, apenas un 18,8%, compra la tesis del neoliberalismo, difundida en España por Partido Popular (PP) y Vox, de que “el Estado no debe interferir en la ley de la oferta y la demanda”. Un porcentaje, el referido a los que defienden el orden del capital, que sigue siendo, no obstante, más alto que el de beneficiados por la situación.

Más allá del debate sobre la actuación, los españoles no tienen del todo claro cuáles son las administraciones que albergan las competencias en materia de vivienda. La mayoría, un 36,1%, entienden que son las Comunidades Autónomas (CCAA), que en la práctica son las que más capacidad legal atesoran. No obstante, un 26,9% señala al Estado, pese a que las competencias que tiene reservadas son escasas y la mayoría pueden ser descartadas por las autonomías. Por último, dejando fuera otras respuestas, el 15,2% señala a los Ayuntamientos.

Tampoco se ponen de acuerdo sobre, de entre los tres niveles de la administración, cuál debería tener mayores competencias. Si bien una mayoría, el 44,5%, apuntan a la estatalización. El 23,8% considera que deberían ser los Consistorios municipales y un 22,7% entienden que deberían ser las regiones. Eso sí, casi la totalidad (91,4%) está seguro de que todas deberían construir más viviendas públicas, además de otras medidas que, aunque con menor apoyo, son mayoritarias.

Pocos son los despreocupados

Solo uno de cada diez españoles afirma que la situación de la vivienda en España le preocupa “poco” o “nada”, apenas un 11,7%, según la encuesta anual sobre el tema del instituto demoscópico. En el lado contrario, casi el 80% de los encuestados considera la vivienda “como un derecho constitucional”, y no como un “bien de mercado”, y defiende que “el Estado debe intervenir en el mercado tanto como sea necesario”. La encuesta, realizada a una muestra de unas 6.000 personas entre el 22 y el 30 de junio, refleja una preocupación social que ya era profunda tres meses antes del desahucio de Maricarmen.

El desalojo y la imagen de una anciana saliendo de su casa en camilla terminarían convirtiéndose en el símbolo de una crisis habitacional que provocó manifestaciones y acampadas por toda España, precipitó al Gobierno a negociar dos decretos para tratar de paliar la situación y acabó desembocando en la convocatoria de elecciones anticipadas tras la caída de esos textos. La ola de indignación podría hacer que los datos fueran todavía más severos, aunque ya dibujan un escenario difícil de ignorar.

Más de la mitad de los encuestados afirma que la vivienda les preocupa “mucho”, mientras que un 35,4% responde “bastante”. Los datos reflejan así una demanda social cada vez más clara: que el acceso a una vivienda deje de estar sometido exclusivamente a las reglas del mercado y que las instituciones asuman su responsabilidad para garantizar un derecho constitucional.