Solo uno de cada diez españoles vive de espaldas al problema de la vivienda

Que la vivienda es el principal problema de los españoles es una realidad que no requiere de encuestas para estar patente. Menos aún desde que el desahucio de Maricarmen sacara a las calles la movilización por el derecho fundamental a un techo. Un día después del fallecimiento de la mujer de 87 años, el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) permite poner en cifras esta realidad.

Solo uno de cada diez españoles afirma que la situación de la vivienda en España le preocupa “poco” o “nada”, según la encuesta anual sobre el tema del instituto demoscópico, un 11,7%. Además, casi el 80% de los encuestados la consideran “como un derecho constitucional”, y no como “bien de mercado” y creen que “el Estado debe intervenir en el mercado tanto como sea necesario”.

La encuesta se hizo a una muestra de unas 6.000 personas entre el 22 y el 30 de junio, es decir, tres meses antes del desahucio de Maricarmen, y de que la imagen de ella saliendo de su casa en camilla provocara manifestaciones y acampadas por toda España, precipitara al Gobierno a negociar dos decretos para tratar de paliar esta situación, y desembocara en la convocatoria de elecciones anticipadas por la caída de esos textos.

La ola de indignación podría causar que los datos fueran mucho más severos, aunque ya lo son. Más de la mitad de los encuestados afirman que la vivienda les preocupa "mucho", y un 35,4% responde "bastante".

La sociedad prioriza el derecho a la vivienda al de la especulación

Las imágenes de las últimas semanas están poniendo sobre la mesa de las instituciones esta realidad. La sociedad exige que se garantice el derecho fundamental a la vivienda, y que este prevalezca sobre la posibilidad, amparada por la ley, de hacer negocio con ella. El mejor reflejo está en el caso de Maricarmen. La mujer de 87 años abandonó en camilla la casa de su vida porque una jueza permitió a Urbagestión, el buitre que la desahució, imponer su codicia a la situación vulnerable de Maricarmen.

El CIS refleja que una minoría del 4,4% es la que se está beneficiando del encarecimiento constante y disparado de los precios, pero la legislación sigue siendo favorable a estas élites. El sistema, como siempre, va en contra de lo que pide la gente que lo sufre, pues ocho de cada diez consideran que se debe priorizar el carácter constitucional de la vivienda a su instrumentalización como bien de mercado.

El 79% considera que lo más importante que habría que priorizar es “el derecho a la vivienda como un derecho constitucional”, frente a un mísero 13,5% que entiende que debe primar “la vivienda como bien de mercado”.

Además, un porcentaje similar exige intervenir el mercado, como rechazan hacer los Gobiernos del PP en las comunidades autónomas, y no es capaz de ejecutar el Ejecutivo central del PSOE y Sumar. El 76,3% de los encuestados considera que “el Estado debe intervenir en el mercado tanto como sea necesario para garantizar el acceso de todos a la vivienda”. Menos de dos de cada diez, apenas un 18,8%, compra la tesis del neoliberalismo, difundida en España por PP y Vox, de que “el Estado no debe interferir en la ley de la oferta y la demanda”.