El crédito de 999,7 millones de euros en Defensa anunciado el pasado lunes por el Gobierno de Pedro Sánchez ha quedado aprobado en el Consejo de Ministros pese a la disconformidad de Unidas Podemos. Ha sido Isabel Rodríguez, ministra portavoz, la que lo ha anunciado en rueda de prensa, defendiendo que este crédito guarda relación con el compromiso del Ejecutivo de “respuesta clara y determinada” a la guerra de Ucrania tras la invasión rusa. Aunque PSOE y Unidas Podemos han sido incapaces de llegar al consenso, abriendo un daño profundo en el seno del Gobierno, no consideran que la legislatura corra peligro, pero sí pasan por delante una serie de exigencias y compromisos.

Jaume Asens, presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos, ha considerado la medida como “una deslealtad” por haberlo hecho “por la puerta de atrás”. Y es que, aunque desde Moncloa insisten en que se comunicó en tiempo y forma, los morados se reafirman en que no fue así. No obstante, Asens ha señalado que considera “normal” que dentro de un Gobierno de coalición existan discrepancias: “Nos sentimos cómodos en el Gobierno, pero incómodos con esta decisión”.

Para Unidas Podemos, esta inversión, con el objetivo de elevar el gasto en Defensa al 2% del Producto Interior Bruto (PIB), es “un bizum a la industria armamentística y a una potencia extranjera como Estados Unidos”. “La principal guerra que nos debe preocupar es contra la inflación”, ha añadido.

Más severo ha sido el portavoz de la formación morada, Pablo Fernández, que ha fijado dónde estará el punto de inflexión en la trayectoria del acuerdo de coalición: “Los Presupuestos de 2023 son el punto de inflexión para que el Gobierno recupere el rumbo de avances progresistas, reoriente su rumbo, dé certezas a la ciudadanía y despliegue políticas de protección a las mayorías sociales”.

Disconformidad en el bloque de investidura

Las prioridades de Podemos no pasan por el aumento del gasto militar, sino destinar esta partida a otras cuestiones de gran calado para la ciudadanía, como partidas sociales, para luchar contra la inflación y para asegurar el poder adquisitivo. Fue el pasado lunes cuando Ione Belarra, secretaria general de la formación, quien desgranaba las reivindicaciones de su partido para las cuentas de 2023, entre las que se encuentra la fijación de un precio máximo para el combustible que complemente la ayuda de 20 céntimos por libro, la puesta en marcha de un fondo extraordinario de 10.000 millones de euros para que las comunidades lo dediquen a sanidad y educación, Salario Mínimo Interprofesional o impuestos a las grandes fortunas.

Los acuerdos de Sánchez en la cumbre de la OTAN en materia militar, que han visto la espada de sus socios y que el Congreso de los Diputados deberá aprobar son dos: el incremento en gasto en Defensa hasta el 2% del PIB y el despliegue de dos nuevos buques destructores estadounidenses en la base de Rota (Cádiz). Ninguno de los dos atesora el aval de Unidas Podemos, formación que también es contraria a la Alianza Atlántica.

Fuentes del entorno de Podemos en el Gobierno aseguraron en declaraciones a ElPlural.com que esta disconformidad no se da solo en Podemos, sino que también en Izquierda Unida, Yolanda Díaz, los Comunes y todo el bloque de la investidura.

Ha sido Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, quien ha anunciado que van a reclamar convocar la comisión de seguimiento. La ministra ha asegurado que espera poder reunirse con el PSOE a la mayor celeridad posible para abordar la cruda pugna que se ha generado por la maniobra de Sánchez.

Cabe recordar que uno de los rostros que más agudizó esta purga fue Margarita Robles, ministra de Defensa, al retar a Díaz sobre la construcción de fragatas de la Armada en Ferrol. “Yo le diría a la señora Belarra que pregunte a Yolanda Díaz si dice en Ferrol que se dejen de construir las fragatas F-110 para la Armada, que están creando muchos puestos de trabajo”, decía Robles.