El paro convocado por las asociaciones de jueces y fiscales del 1 al 3 de julio ya tiene cifras oficiales de participación. Los organizadores hablaban de que tres de cada cuatro, un 75%, habían secundado el parón, mientras que el Ministerio de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes reducía sustancialmente la cifra. Sobre el papel, tan solo un juez y 28 fiscales comunicaron oficialmente a las gerencias territoriales del Ministerio y a la Fiscalía General del Estado, respectivamente, su participación en dicha acción, a más de otro juez que se declaró en servicios mínimos.
La declaración oficial es clave, como bien sabe la amplia mayoría de trabajadores, dado que una de las características principales de una huelga, utilizada sistemáticamente como medida de presión por las patronales que no quieren negociar, es que el trabajador asalariado no percibe el sueldo durante los días que se alarga la protesta. Otras modalidades, como los paros patronales vistos en algunos sectores o la suspensión de actividad de actividades que no tienen regulado este derecho, como la judicatura, pueden ser consideradas oficiosamente como tal, pero están lejos de ser una huelga, dado que no existe esa y otras coerciones.
Atendiendo a estos parámetros, más claves si cabe al ser los trabajadores judiciales los implicados, la participación es casi nula. La causa principal es que el resto de participantes no dejaron constancia de su acción, no renunciando así a la relación laboral durante esos días, con la pérdida salarial y de cotización que esto supone. “El derecho a huelga implica algunos deberes para cualquier persona trabajadora”, recuerdan desde la cartera pilotada por Félix Bolaños, que ahonda en un derecho que los trabajadores de la Justicia conocen de sobra.
“Uno de los deberes es comunicar que se secunda la protesta al organismo pagador, ya que la huelga supone la suspensión de la relación laboral, por lo que no se percibe salario ni se cotiza a la Seguridad Social durante ese período”, apunta. “Una comunicación imprescindible, además, para asegurar el buen uso de los fondos públicos, ya que el Ministerio es el organismo pagador de sus nóminas y, consecuentemente, quien tiene que practicar la correspondiente detracción de haberes”, añaden.
Con esta base jurídica, los datos recabados por el Ministerio, el Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía señalan que el paro fue secundado por un juez de un total de 6.259, lo que representa un 0,01% de la plantilla, y 28 fiscales de un total de 3.185, un 0,87%. Además, el número de fiscales que secundaros los tres días convocados se reduce hasta los 19, siendo un único trabajador el que eligió los dos días y ocho los que optaron por una única jornada de protesta. En consecuencia, los participantes verán deducido la parte salarial proporcional de sus nóminas.
Justicia defiende su reforma
El paro convocado por las asociaciones judiciales conservadoras respondía a las reformas normativas anunciadas por el Gobierno en materia de acceso a la carrera judicial y fiscal y a la organización del Ministerio Fiscal. Desde las agrupaciones conservadoras se apunta a una reforma “ideológica”, algo que en Justicia niegan. “El proyecto tiene como principales objetivos blindar por ley las becas para acceder a las carreras, modernizar las pruebas de acceso y estabilizar a juezas y fiscales sustitutas para cumplir con los requerimientos de la Comisión Europea”, apunta el Ministerio.
Asimismo, señalan que es “la mayor reforma” de la carrera judicial en 40 años y que busca reforzar “su imagen de independencia” y atender a “una de sus principales reivindicaciones desde hace años”, la referida al incremento del número de jueces y fiscales. Para abordar esta segunda materia se incluye la convocatoria de casi 1500 plazas en los próximos 3 años y la regularización extraordinaria de 1004 juezas y fiscales sustitutas (de las cuales un 80% son mujeres).
Además, la norma dota a las becas SERÉ, que permiten sufragar la preparación para las oposiciones, de una cuantía mínima equivalente al Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y aporta una formación tutorizada, algo que no gusta en el sector conservador por el negocio que existe en torno a esta preparación. “También mejora el sistema de acceso a las carreras judicial y fiscal, introduciendo una prueba escrita anónima que permitirá a los aspirantes demostrar su capacidad de razonamiento jurídico”, añaden desde la cartera de Bolaños.
