La vivienda llega al Congreso de los Diputados y amenaza con quedarse. La ministra del ramo, Isabel Rodríguez, comparecerá ante el Pleno este miércoles, toda vez concluya tanto la sesión de control como las pertinentes interpelaciones urgentes, para rendir cuentas sobre la problemática habitacional en España. Lo hará, además, en plena vorágine de movilización ciudadana, con madrileños y valencianos echándose a las calles estos últimos fines de semana para reclamar a la coalición medidas urgentes. Mismo espíritu que sostiene esta comparecencia, a petición de ERC, EH Bildu y BNG, quienes registraron a finales de septiembre la solicitud después de que Rodríguez apelara a la “solidaridad” de los propietarios.
El Congreso de los Diputados será el escenario de un gran debate monográfico sobre la vivienda. El Gobierno quería hacer de ella el epicentro de la legislatura. En este primer año lo está siendo, aunque quizás no como desearían en el complejo de La Moncloa. El precio de los alquileres -principalmente- está tensando la cuerda entre el Ejecutivo y los socios parlamentarios que lo sostienen. Incluso existen fricciones en el seno de la coalición, donde Sumar reclama una mayor ambición a una facción socialista que confiaba en la ley de vivienda como solución a todos los males. Pero el ámbito competencial en la materia reside en las administraciones regionales, por lo que su aplicación, en suma, se reduce en buena medida a las siglas que dominen cada autonomía.
Así las cosas, la sensación que se expande entre la ciudadanía es que el Gobierno roza la “inacción”. De ahí que la paciencia de los españoles se atrofie paulatinamente y surjan ya las primeras movilizaciones en las calles. Primero, en Madrid, donde 20.000 personas se manifestaron clamando por soluciones para rebajar el tensionado mercado de la vivienda. Después, este fin de semana pasado, 15.000 valencianos unían sus voces por el derecho a la vivienda y contra la turistificación de los barrios. Cánticos que riman en consonante con las banderas que blanden grupos políticos como Podemos o las tres formaciones que forzaron la comparecencia de Isabel Rodríguez, ERC, EH Bildu y BNG.
Una “oportunidad”
Frente a todos ellos, la ministra de Vivienda. Isabel Rodríguez ve en esta comparecencia una “oportunidad única” para poder desgranar los avances en su gestión. Desde su entorno, a contracorriente de la opinión pública y la oposición, se esmeran en subrayar que los hay y los ha habido. Fuentes del departamento trasladan a ElPlural.com que la ocasión es fundamental para “explicar todo lo que se ha hecho y se va a hacer”. Incluso barruntan que el grueso de los acuerdos asumidos en el pacto de coalición está “cumpliéndose o en proceso”.
De esta manera, desde Vivienda replican a las acusaciones que les tachan de “inacción” o “dejación de funciones”. Son plenamente conscientes del compromiso adquirido por el presidente del Gobierno durante la campaña electoral, prometiendo que sería la legislatura en la que la vivienda dejaría de ser un derecho constitucional para convertirse en uno “real”. Por ello, desde el departamento que encabeza Isabel Rodríguez trasladan que están trabajando a destajo e “impulsando medidas” en este sentido para hacer de ésta la “legislatura de la vivienda”. “No vamos a parar hasta solucionar el problema. Estamos convencidos”, resumen fuentes ministeriales.
En consecuencia, el argumento del Gobierno orbita sobre la herencia recibida. Otras fuentes consultadas apuntan a que han captado el mensaje de “preocupación de la ciudadanía”, reorientando el derecho a la vivienda digna como uno de sus ejes de acción. No obstante, precisan que es complejo recorrer un camino varado durante años, máxime tras la estancia de Mariano Rajoy en la Moncloa, quien destinaba un presupuesto ocho veces menor al que ha delimitado la Administración Sánchez. Este incremento en la partida presupuestaria de vivienda ha provocado, explican estas mismas voces, que el Ejecutivo asuma la financiación de entre el 70-75% de las políticas de vivienda del conjunto de las autonomías.
Los socios se hartan
La visión, en cambio, no es compartida cuando se sale del calor de la bancada azul o de la socialista. Lejos de esos muros, los mensajes convergen. Especialmente a la izquierda del PSOE, al que el bloque de la investidura le exige más ambición en su apuesta por blindar el derecho a la vivienda. Con más vehemencia lo hacen los grupos que firmaron la solicitud de comparecencia de Rodríguez. EH Bildu, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y BNG encabezan la oposición dura al Gobierno en esta materia; a cuyas voces suman la potencia de los cuatro diputados de Podemos, dispuestos a ligar su apoyo a los Presupuestos a la intervención del mercado de los alquileres, y a Sumar, que instan a la ministra a adoptar iniciativas “valientes”.
Los republicanos tendrán su cuota de protagonismo por partida doble en el Pleno, habida cuenta de que será Gabriel Rufián quien mantenga un cara a cara con la ministra Rodríguez en la sesión de control. Aún con eso, tras resucitar la malograda -a manos de Junts- ley de alquileres de temporada, en el fuero interno del grupo se espera “poca cosa” del paso de la titular de Vivienda por el Pleno. El portavoz parlamentario urge a la socialista a dar un volantazo a sus políticas y “no regalar bonos”. “Lo que hay que hacer es intervenir el mercado y topar precios”, matizó.
Algo más de laxitud se percibe en Bildu y en el Bloque. Fuentes de la formación abertzale esperan que el monográfico de este miércoles sirva al menos para que el Gobierno escuche las “reivindicaciones de la calle” y se sienta interpelado para “cambiar de manera estructural” su política de vivienda. Siempre, eso sí con “respeto” a las peculiaridades y competencias de cada territorio. Creen insuficiente transferir dinero público a propietarios o manos privadas, rechazando el bono del alquiler joven siempre y cuando no vaya acompañado de un tope de precios; amén de exigir abrir los ojos ante el “drama” de la especulación que “expulsa a la gente de sus barrios”.
Misma línea sigue el Bloque Nacionalista Gallego, que ahonda en la idea de una legislación más “ambiciosa” para blindar el “derecho de todos a una vivienda digna”. Fuentes de la fuerza soberanista creen “imprescindible” la cooperación entre las administraciones, habida cuenta del cloroformo que el PP de Feijóo aplicó sobre Galicia en sus años de mayoría absoluta. Así las cosas, todos convergen en que “no puede ser una comparecencia vacía de contenido”.
Por su parte, el PNV, que se opuso a la ley de vivienda en 2022, comenzó a moverse en su territorio. Los jeltzales declararon zonas tensionadas desde el Gobierno autonómico, acompasando la acción legislativa con el mensaje que su portavoz en Madrid, Aitor Esteban, planteaba en estas últimas semanas al impeler a Sánchez un retoque en el articulado “para dar más seguridad jurídica a los propietarios”.
La derecha y la ultraderecha, diluidas
Históricamente, la vivienda no es un cazavotos del Partido Popular. Tampoco de Vox. Sin embargo, el líder de la oposición quiso dar un giro de 180º -otro más- para pescar en caladeros de centroizquierda y laminar las opciones del Partido Socialista. Por ello, Génova diseñó una propuesta para la conciliación y anunció que llegaría otra en materia de vivienda. Los dirigentes conservadores no han pormenorizado esta iniciativa, pero sí han dado pinceladas en la dirección de incentivar a los propietarios, liberalizar el suelo para la construcción de obra nueva o agilizar los procesos de trámites y licencias.
Propuestas que no son muy del agrado del mar donde quiere pescar Feijóo, pero que, aunque sea grosso modo, conforman una suerte de recetario relativo a la vivienda. Dado que más a su derecha hay poca medida tangible. Vox reorientará el debate hacia otros planteamientos, como la necesidad de “priorizar al comprador español frente al extranjero”.