Semana intensa en el Congreso: del embargo a Israel, a inmigración y vivienda

El Congreso de los Diputados va a arrancar la segunda semana de octubre con una agenda muy apretada. La actividad parlamentaria va a acoger estos días varias iniciativas de diferentes índoles y colores, siendo las más destacadas el embargo de armas a Israel, la admisión a trámite de la regulación de los alojamientos turísticos ilegales y la fiscalización del gasto en inmigración 'ilegal' en la Comisión Mixta del Congreso y el Senado.

El martes será el día clave de la semana, ya que es el día en el que se debaten las tres inciativas. La clave internacional, de especial actualidad durante las últimas semanas con el genocidio palestino y la situación de la Global Sumud Flotilla en el centro de la mirada geopolítica, hace que el debate sobre el embargo de armas cobre especial importancia. Se someterá a votación este decreto y, durante el mismo día, una moción de Podemos que insta al Gobierno a endurecer ese embargo, a vetar a empresas que contraten con Israel y a reforzar las inspecciones para impedir el paso de armas por territorio nacional. El Ejecutivo cuenta con que la Cámara convalide el decreto ley, que está en vigor desde que se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE), pero para seguir vigente necesita el aval del Congreso. El camino para su aprobación se allanó el pasado jueves, cuando Junts anunció que votaría a favor, si bien Podemos sigue sin desvelar si se abstendrá o votará en contra. Por su lado, fuentes del PNV han explicado que su intención es facilitar la convalidación del embargo, aunque todavía no concretan si lo harán votando a favor o sus cinco diputados se quedarán en la abstención.

Las formaciones que hasta ahora han avanzado su apoyo al texto son el PSOE, Sumar, ERC, Junts, PNV, Bildu, el BNG, Coalición Canaria y la diputada de Compromís en el Mixto, Àgueda Micó, un total de 174 votos. Se espera también el 'sí' de José Luis Ábalos como independiente, lo que sumaría 175 síes, la mitad del Hemiciclo. El PP tampoco ha querido desvelar el sentido de su voto, dejando abierta la puerta a votar en contra junto con Vox y, previsiblemente, Unión del Pueblo Navarro, para un total de 171 negativas. Con esta aritmética, Podemos tiene en su mano tumbar o no el embargo: si se inclina por el 'no', se produciría un empate y podría dar al traste con la iniciativa. Sólo con abstenerse, que es lo que espera el Gobierno, la norma sería convalidada.

El decreto ley prohíbe la compra y la venta de materiales de defensa, así como de otros productos y tecnologías de doble uso y la denegación del tránsito por puertos españoles y por el espacio aéreo de cualquier tipo de combustible con destino a Israel que pueda tener un uso final militar. Las bases militares de Rota (Cádiz) y Morón (Sevilla), no obstante, quedan exentas de esta normativa, ya que se rigen por un convenio suscrito entre España y Estados Unidos. A su vez, el embargo también afecta a la importación de productos procedentes de los asentamientos israelíes en el territorio palestino ocupado y a la publicidad destinada a la comercialización de dichos bienes en España, haciéndose extensiva la prohibición de publicidad también a los servicios prestados procedentes de los asentamientos. Sin embargo, el Gobierno se reserva la capacidad de introducir excepciones y autorizar determinadas operaciones en aras del interés general por temas relacionados con la seguridad nacional o política exterior.

Podemos pide endurecer el decreto

Las medidas adoptadas son insuficientes para algunos grupos, en especial para Podemos, que en la misma sesión plenaria someterá a votación la moción consecuencia de la interpelación que sobre este asunto dirigió en el Pleno anterior a la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. La formación que lidera Ione Belarra busca que el Congreso inste al Gobierno a aprobar un "embargo integral" vía real decreto, que ya no requeriría la convalidación de la Cámara, y que incluya el veto en los concursos públicos a las empresas que contratan con Israel, así como el refuerzo de las inspecciones para garantizar que se cumple en embargo.

Lo que quieren los morados es que se prohíba toda importación o exportación de material de defensa y doble uso, sin permitir ninguna excepción. También que se ponga coto expresamente a "la compra de armamento a empresas españolas o europeas que sean filiales de empresas israelíes" y que se vete la participación en cualquier concurso público de empresas españolas que operan en Israel y que participan "directa o indirectamente del sostenimiento de la economía israelí y el negocio del genocidio".

Otra de las cosas que demanda la formación que lidera Ione Belarra es que realice una "inspección proactiva de todos los barcos que tengan como origen o destino Israel o cualquiera de los países que forman parte de sus rutas comerciales" y que, en el caso de que se identifique cualquier material de defensa o de doble uso, la carga sea retenida.

Alquileres turísticos ilegales

En segundo lugar, otra de las iniciativas a debate surge de las filas de EH Bildu, con una proposición de ley para prohibir a las plataformas anunciar y contratar alojamientos turísticos ilegales que no cuenten con número de registro o licencia.

Con esta norma, la formación soberanista busca cercar el "fenómeno incontrolado de los alojamientos turísticos", que, a su juicio, "han contribuido a la gentrificación de los barrios y ciudades, a la expulsión del vecindario y al aumento del turismo masivo". EH Bildu explica que los ayuntamientos y comunidades autónomas cuentan con recursos limitados para regular los apartamentos ilegales, bien sea por falta de recursos en algunos casos o por una permisividad manifiesta en otros.

Según relatan, las personas arrendadoras han aprovechado para seguir anunciando y contratando alojamientos sin licencia, lo que ha permitido que el mercado ilegal de alojamientos turísticos "haya proliferado sin control". Por este motivo, la formación ha presentado una ley para establecer un régimen de multas y también la responsabilidad legal sobre las empresas y plataformas de evitar la proliferación de alojamientos ilegales para su alquiler.

Las multas pueden ascender hasta el millón de euros si se permite la contratación de una vivienda de uso turístico que carezca de licencia o número de registro, o de permiso de habitabilidad y salubridad. También si se permite la contratación del alojamiento sin vincularlo a los datos personales del anfitrión. "Hay que evitar la proliferación de pisos turísticos ilegales en las plataformas digitales", defendió este fin de semana el portavoz económico de Bildu en el Congreso, Oskar Matute, en declaraciones a Parlamento, de RNE.

En la opinión del diputado, es necesario regular el mercado de los alojamientos turísticos para que aquellos que obtengan beneficios lo hagan de manera legal, pagando lo que les corresponde en lo relativo a licencias y permisos y siempre garantizar una calidad del servicio.

"El Gobierno ha de anticiparse al problema"

La formación abertzale pidió apoyo al Gobierno este sábado para sacar la iniciativa adelante, instando al Ejecutivo a anticiparse al problema y prohibir por ley que estos alojamientos puedan ser publicitados en las plataformas. "Creemos que el Gobierno, más que ir en respuesta de, tiene que anticiparse al problema", ha explicado.

Sobre las negociaciones con el resto de grupos parlamentarios para que apoyen esta ley, Matute se ha mostrado con confianza al ver que ha encontrado "disposición" de los partidos a una propuesta que, a su juicio, no plantea un corte "claramente ideológico". "Las respuestas que nos hemos ido encontrando hasta ahora son positivas", ha dicho el portavoz, que puntualiza que pese a estas sensaciones el Pleno del Congreso "transcurre a veces por intereses que nada tienen que ver con lo que se está discutiendo", sino con otras circunstancias más generales. Fuentes socialistas han señalado que aún no tienen clara su postura con respecto a esta votación.

No obstante, el martes solo se vota la admisión a trámite en el Congreso de la propuesta legislativa. En caso de que prospere, la ley entraría en el cauce parlamentario y después se abriría el plazo para que los grupos puedan presentar enmiendas al texto, algo que puede dilatarse varias semanas según las pretensiones de la Mesa del Congreso que cuenta con mayoría de PSOE y Sumar.

La fiscalización del gasto en inmigración, dependiente del PP

En tercer lugar, la Comisión Mixta (Congreso-Senado) para las relaciones con el Tribunal de Cuentas votará una propuesta de Vox para instar al fiscalizador a realizar un informe sobre los gastos realizados por la Administración General del Estado, las distintas comunidades autónomas y las entidades locales en la "inmigración ilegal", una iniciativa cuya aprobación o descarte está en manos del Partido Popular, ya que en la institución que aglutina ambas cámaras, los 'populares' gozan de mayoría absoluta.

Cuando anunciaron estas iniciativas, desde Vox, subrayaron que su objetivo es que "los españoles conozcan el coste de la inmigración ilegal que tanto el PP como el PSOE intentan ocultar con opacidad administrativa, al no responder a los numerosos requerimientos de información por parte de Vox en distintas instituciones", en una propuesta plenamente adscrita a su ideario xenófobo en esta materia.

Vox registró estas dos propuestas de fiscalización después de que Abascal asegurara en una sesión de control al Gobierno en el Congreso que a los españoles "les cuesta más mantener a un inmigrante ilegal o a un mena que pagar a un anciano español en una residencia".