Sanidad avanza en la derogación de la ley de Aznar que permite la privatización sanitaria 'marca Ayuso'

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el anteproyecto de la nueva Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema de Salud que, entre otras cosas, derogará la anterior norma, impulsada por el Gobierno de José María Aznar, que servía como marco para acometer las privatizaciones sanitarias masivas. El Gobierno de coalición, impulsado por el Ministerio de Sanidad, da este paso para frenar modelos como el desplegado por Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid, responsable de escándalos como el del Hospital de Torrejón, gestionado por Ribera Salud priorizando beneficios a pacientes.

“Esta ley responde al lema de ‘la sanidad no se vende, se defiende” y “va a proteger y blindar nuestro sistema nacional de salud de las garras especuladoras y privatizadoras”, ha celebrado la ministra de Sanidad, Mónica García, quien ha denunciado una larga lista de malas praxis. “Hemos visto audios internos en los que responsables empresariales hablaban sin tapujos de inflar las listas de espera para tener más rentabilidad, como se dan citas a las 4 de la mañana para hacer caja, reutilizar material poniendo en riesgo la seguridad y la calidad de la asistencia”.

La ministra ha recitado lo conocido, hasta el momento, sobre el caso del Hospital de Torrejón gestionado por Ribera Salud, pero no se ha detenido en Madrid. García también expuesto casos como el del fallo en los cribados del cáncer de mama en Andalucía y otra serie de ejemplos. “No son casos aislados, es un problema estructural que se basa en un marco normativo que, durante demasiado tiempo, ha permitido una orientación hacia el beneficio económico en vez de hacia el cuidado de nuestra salud”, ha defendido el anteproyecto presentado.

Más exigencias y controles contra la privatización

La nueva normativa, que inicia ahora su proceso de trámites y consultas, antes de afrontar su examen parlamentario, pone coto la privatización sanitaria, elevando las exigencias para su realización, y estableciendo más controles. Es decir, la privatización pasará a tener un carácter excepcional que tan solo será permitido cuando no sea posible dar una prestación pública del servicio. Además, se deberá garantizar la sostenibilidad financiera y la eficiencia del proyecto privado y, en tercer lugar, se deberán cumplir los requisitos de calidad, accesibilidad, asequibilidad y continuidad del servicio.

Una serie de condiciones que serán supervisadas a través de un mecanismo de evaluación previo y de obligada superación para las decisiones privatizadoras que tomen los Ejecutivos autonómicos. Estas deberán justificar vía informe la necesidad de sumar a una empresa privada al servicio público y un comité formado por técnicos y expertos decidirán si es válido el argumentario. Sea como fuere, se priorizarán conciertos con entidades sin ánimo de lucro, frente a aquellas que buscan maximizar beneficios o el “EBITDA”, como revelaron los audios del CEO de Ribera Salud.

El articulado de la norma también prohibirá los contratos en los que las entidades privadas se lo guisa y se lo comen. Esto significa que no se permitirá que las empresas que construyan el hospital puedan quedarse también con su gestión, ni sanitaria ni de otros servicios (limpieza, lavandería, cocina, etc.). Asimismo, para revertir muchos pasos dados, la Alta Inspección Sanitaria asesorará a las autonomías interesadas en recuperar servicios externalizados. Por último, se mejora la transparencia sobre los procesos privatizadores y los expertos estudiarán, en el plazo de un año, los celebrados hasta el momento.

No obstante, el nuevo articulado afectará solo a los procesos que se desarrollen desde la entrada en vigor, si es que llega a producirse, de la norma. Antes deberán pedirse a los informes correspondientes a los órganos consultivos, el Consejo de Ministros tendrá que volver a dar el visto bueno al proyecto definitivo, haya sufrido cambio o no, y ya entonces llegará al Congreso de los Diputados para sumergirse en la tramitación parlamentaria. Independientemente del resultado, los conciertos suscritos con anterioridad seguirán rigiéndose por la normativa que estaba vigente en el momento de su firma.