El Partido Popular parecía tener muy bien cimentada su estrategia contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el Ejecutivo de España. Sin embargo, como si de un castillo de naipes se tratara, las últimas informaciones acerca del exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y el novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, ha hecho que las intenciones del PP se desmoronen.
Han sido meses tensos de puertas adentro en Moncloa y en las filas socialistas desde que estallara el caso que salpica al que fuera número tres del PSOE, Santos Cerdán, e involucra al antiguo ministro de Transportes, José Luis Ábalos, y su asesor Koldo García. Pero por encima de todo, parecía una oportunidad de la que la derecha podía sacar rédito.
Nada más lejos de la realidad, el propio responsable del Ejecutivo ha respondido a los ataques conservadores recordando la diferencia de trato frente a la corrupción que ha tenido su formación y la principal de la oposición. En este sentido, cabe recordar, por ejemplo, que el PSOE fulminó inmediatamente a Santos Cerdán mientras que el PP trató de borrar pruebas en casos tan sonados como Gürtel.
Más allá de esto, a partir del pasado debate sobre la corrupción en el que el Ejecutivo sacó a colación un plan estatal contra esta lacra, los ‘populares’ marcaron unas líneas muy claras para cargar contra la vida privada de Sánchez. Lo hicieron a partir de una ‘información’ que solamente había emitido en su día el excomisario José Manuel Villarejo sobre un negocio de saunas que, presuntamente, tenía el suegro del presidente del Gobierno, pero sobre los que la Justicia no vio nada punible a pesar de que la derecha hablara de “prostíbulos”.
La izquierda ha repetido en cada ofensiva del Partido Popular los innumerables casos de corrupción que han terminado con la imagen de un político de Génova 13 entrando a Soto del Real o las situaciones que podrían terminar con alguien del entorno del partido en prisión.
Con todo, tal y como vaticinaba Sánchez, el PP pasaría a tener que defenderse antes incluso de que terminara la época estival, y esta semana es la prueba más fehaciente de ello, con un exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, imputado; y con la pareja sentimental de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, contra las cuerdas después de que la Fiscalía pida para él tres años y medio de cárcel.
“Enciclopedia de corrupción”
Hace algo menos de un mes, Sánchez recordaba a Feijóo que iba a tener que afrontar “sentencias tras el verano”, aludiendo con ello previamente a la “enciclopedia de corrupción” que los socialistas comenzaron a mencionar cuando salió a la luz lo relativo a Santos Cerdán.
Gürtel, Púnica… la lista de plausibles sobre el partido conservador es amplia, y lo referido a Montoro en las últimas horas, sumado a la petición sobre la pareja de la administradora de Sol ha hecho que la táctica de los ‘populares’ cambie drásticamente.
Lo cierto es que el PP se encuentra presionado por los cuatro costados y una inmensa mayoría de comunidades autónomas, desde la Comunidad de Madrid hasta la Andalucía de Juanma Moreno Bonilla, donde el presidente andaluz está cesando a los interventores que denuncian los casos de corrupción en el servicio andaluz.
Más allá de posibles casos de corrupción, si hay una persona que es protagonista por su mal hacer en los últimos meses ese es Carlos Mazón, también investigado por esta lacra pero, por encima del todo, sobre el que pesa una gestión de lo más polémica respecto de la DANA que asoló Valencia el pasado 29 de octubre.
Asimismo, se pueden señalar otros puntos como Castilla y León, donde hay dos exviceconsejeros que han sido condenados recientemente y cuyo juicio se desarrolla en verano; o a Galicia, donde Alfonso Rueda mantuvo a un consejero de la Junta en el cargo pese a haber sido denunciado por agresión sexual. Sánchez emitió en su día que el PP “es una enciclopedia de corrupción con capítulos autonómicos”. “Si quiere dar lecciones, tiene mucho por delante”, indicó.
Montoro, imputado; petición de cárcel para el novio de Ayuso
El exministro de Hacienda y Función Pública y uno de los hombres fuertes del anterior presidente del Gobierno pasaba a la calidad de imputado esta semana después de que el Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona, Rubén Rus, lo procesara junto a su anterior equipo por haber capitaneado una “organización” para traficar leyes a cambio de beneficios económicos.
Entretanto, la Fiscalía ha pedido tres años y nueve meses de cárcel para González Amador por el fraude fiscal de 350.910 euros. Según argumentan el organismo jurídico y la juez que le investiga, la titular del juzgado de instrucción número 19 de Madrid, Inmaculada Iglesias, quedaría constatado que el empresario usó un sistema de facturas falsas para endosar gastos ficticios a sus empresas y, en la práctica, reducir drásticamente su factura del Impuesto de Sociedades entre 2020 y 2021.
