Los gabinetes del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, han mantenido este martes un contacto para tratar la petición de Moncloa de celebrar una reunión entre ambos dirigentes, según trasladan fuentes del PP.

De acuerdo con estas fuentes, el Ejecutivo pretendía circunscribir el encuentro al posible envío de soldados españoles a Ucrania. Sin embargo, el Partido Popular ha reclamado ampliar el orden del día para abordar, de forma “completa”, todas las cuestiones que afectan a la seguridad nacional. “Nuestra responsabilidad no es hablar de lo que Sánchez necesita, sino de lo que preocupa a los españoles”, subrayan desde la formación.

En concreto, el PP exige que el presidente del Gobierno informe del conjunto de los compromisos de España en materia de Defensa, tanto en lo relativo al eventual despliegue de tropas como al gasto militar previsto. La formación reclama un desglose por escrito que detalle cuánto se va a invertir, en qué plazos, para qué conceptos, con cargo a qué partidas —en ausencia de Presupuestos Generales— y con qué empresas.

Además, los populares piden explicaciones sobre las prioridades estratégicas en política exterior. En este apartado, solicitan aclaraciones sobre las decisiones que, a su juicio, han generado “desconfianza” entre los aliados de la OTAN, así como sobre medidas consideradas contrarias a lo acordado con socios europeos o "los vínculos del Gobierno con la dictadura de Venezuela".

El PP ha trasladado también que no respaldará ninguna decisión en Defensa planteada de forma aislada —como el envío de tropas— y que su posición pasa por someter a votación vinculante el conjunto del presupuesto, la estrategia militar y la política exterior. Si el Gobierno no pudiera atender esta exigencia, añaden, debería buscar apoyos entre sus socios parlamentarios.

“El Gobierno no está en condiciones de exigir apoyo ciego a nadie”, sostienen las fuentes consultadas, que inciden en que el PP no garantizará su respaldo. “Sus socios no se fían de Sánchez, y nosotros tampoco”, concluyen.

Un diálogo roto desde hace un año

Este posible encuentro, que Feijóo estaría dispuesto a celebrar el próximo lunes a la espera de confirmación definitiva por parte de Moncloa, se produce en un contexto de relaciones irregulares entre el Gobierno y la principal fuerza de la oposición. Durante el último año, los contactos directos entre Pedro Sánchez y el líder del PP han sido escasos, intermitentes y marcados por una elevada tensión política, en un clima dominado por el enfrentamiento parlamentario y la falta de espacios de diálogo estables sobre las grandes cuestiones de Estado.

Las pocas reuniones mantenidas entre ambos dirigentes han sido puntuales y con resultados limitados, sin avances sustanciales en asuntos estratégicos como la política territorial, la renovación de órganos constitucionales o la definición de una posición común en materia de seguridad y defensa. Desde el PP se reprocha al Ejecutivo la ausencia de una voluntad real de diálogo y se interpreta esta dinámica como una estrategia del Gobierno para gobernar al margen de la oposición mayoritaria, apoyándose exclusivamente en sus socios parlamentarios.

Uno de los precedentes más recientes fue la reunión celebrada en el Palacio de la Moncloa para abordar cuestiones relacionadas con la seguridad europea y el incremento del gasto en Defensa. Aquel encuentro evidenció las profundas diferencias políticas entre ambas partes y concluyó sin acuerdos concretos ni compromisos compartidos, reforzando la sensación de bloqueo en la relación institucional entre el Gobierno y el PP. Desde entonces, la interlocución se ha reducido a contactos técnicos o institucionales muy específicos, sin una agenda política estructurada ni un marco de diálogo regular entre Sánchez y Feijóo.

A este escenario se suma el malestar expresado de forma reiterada por el PP por los contactos del Gobierno con sus socios parlamentarios, especialmente por las reuniones mantenidas en Moncloa con fuerzas independentistas. Los populares critican que el Ejecutivo negocie asuntos de gran calado político, como la financiación autonómica, la política territorial o posibles reformas institucionales, sin contar con la principal fuerza de la oposición. A su juicio, esta forma de proceder ha contribuido a deteriorar aún más la confianza política y dificulta cualquier intento de alcanzar acuerdos transversales en cuestiones de Estado.

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