La crisis institucional de la Casa Real desatada por los escándalos de Juan Carlos I y acentuado por la posterior salida del país de éste, han avivado las ansias de debate sobre el modelo de estado y sobre el estatuto judicial del Rey. Sin embargo, desde Moncloa consideran que no es el momento para afrontar reformas legales sobre la Monarquía, según informa El País.

El Ejecutivo considera que España no se encuentra en un escenario idóneo como para abrir un melón de semejante calibre. Moncloa ha descartado, de momento, la proposición de iniciativas legislativas tales como la inviolabilidad del Rey o la despenalización del delito de injurias hacia la Corona.

Los socialistas son conscientes de que sus socios de Gobierno buscan dar un golpe sobre la mesa para marcar perfil propio con los escándalos de la Casa Real. Sin embargo, pese a esta postura de Podemos, el PSOE prefiere anteponer la estabilidad institucional a recuperar iniciativas defendidas en tiempos pretéritos.

El Gobierno arguye, según el citado medio, que en este preciso instante no procede la apertura de un debate acerca del estatuto judicial de la Monarquía. De hecho, en sus comparecencias, Pedro Sánchez ha puesto en evidencia la postura constitucional del PSOE y del propio Ejecutivo con una férrea defensa del Pacto del 78.

Moncloa esgrime que el contexto sociopolítico actual no da lugar a reabrir debates sobre la jefatura del Estado o bien impulsar reformas legales que afectaran a la Casa Real y, por ende, al Emérito, tal y como plantea Podemos desde el Gobierno y los partidos que hicieron efectiva la moción de censura.

Según recoge El País, fuentes próximas al presidente del Gobierno rechazan la apertura de un debate sobre las reformas legales tocantes a la Monarquía porque necesitarían de un clima de consenso que, en la actualidad, no existe. Además, justifican su postura con el requerimiento de un apoyo parlamentario prácticamente total que tampoco ha hecho acto de aparición en la nación.

De hecho, una reforma del titulo II (Corona) de la Constitución debería ser aprobada por dos tercios del Congreso y el Senado (234 diputados y 177 senadores), implicaría la disolución de las Cortes con la posterior convocatoria de elecciones con el fin de que ambas Cámaras ratificaran la nueva Carta Magna, que tendrá que ser sometida a referéndum.