El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes desde Dos Hermanas (Sevilla) que pondrá fin a las conocidas como golden visa. Lo hacía entre risas, pidiendo atención a los ciudadanos que han decidido acudir a la promoción de vivienda desde la que el líder del Ejecutivo ha lanzado su último anuncio para la defensa de la vivienda, quinto pilar del Estado del Bienestar en la agenda de la coalición de Gobierno.
Tras ensalzar la labor realizada por el alcalde de Sevilla, a quien ha aplaudido por su defensa de este derecho, Sánchez ha recordado que esta “legislatura es la de la política de la vivienda”: “Se debe hacer garantizando que nadie tenga que destinar más de un tercio de su nómina a pagar una casa decente”. Por ello, y poniendo fin a la entrada de especuladores en grandes ciudades, el líder del Ejecutivo ha indicado que “en el Consejo de Ministros de mañana se modificará la ley del PP en el año 2013 que permite obtener el visado de residencia si se invierte en vivienda en nuestro país”.
“Vamos a eliminar las golden visa. Vamos a acabar con la concesión del visado para aquellos que compren vivienda por valor de más de medio millón de euros. Lo haremos tomando las medidas necesarias para garantizar que la vivienda sea un derecho y no un instrumento especulativo”, ha proseguido.
Un anuncio demandado por los colectivos sociales de vivienda y que llega para poner coto a una situación dramática en buena parte del mapa nacional. Tal y como han apuntado posteriormente fuentes del Gobierno, profundizando en el anuncio del presidente, alrededor del 94% de los visados para inversores están vinculadas a inversiones inmobiliarias (cerca de 10.000 autorizaciones). "Ciudades como Barcelona, Madrid, Málaga, Alicante, Palma y Valencia son las más demandadas para este tipo de operaciones y, además, coinciden en ser las zonas más tensionadas", sostienen estas mismas voces, dando fe de la importancia de la voluntad que desde este miércoles se tratará con decisión en el Consejo de Ministros.
¿Qué es la golden visa?
El visado oro, conocido comúnmente como golden visa, es un mecanismo contemplado en múltiples Estados a través del cual las personas con grandes fortunas pueden obtener el permiso de residencia a cambio de realizar una gran inversión en el mercado inmobiliario. En España, el umbral establecido para que un inversor pueda obtener el visado se sitúa en los 500.000 euros.
Ya hace cerca de un año, antes de las elecciones generales y aún con Podemos en la coalición de Gobierno, fuentes del Ministerio de Economía reconocían a ElPlural.com su voluntad de incrementar el importe que facilita la concesión del visado. Una forma de endurecer los requisitos y frenar la cascada de inversiones especulativas con las que ciudadanos extranjeros adinerados obtenían bajo pago su entrada reglada a España.
Pese a ser una práctica generalizada en Europa, las instituciones comunitarias, tanto el Parlamento como la Comisión, han solicitado ya en múltiples ocasiones a los países miembros que acaben con esta herramienta. Desde entonces, gran parte de los Veintisiete han escuchado a Bruselas y han puesto fin a esta medida que, más allá de su carácter desigual y elitista, facilita y fomenta la especulación inmobiliaria, encareciendo aún más la vivienda.
Uno de los últimos países en cambiar su normativa para atender al tirón de orejas de Bruselas fue Portugal. Concretamente lo hizo bajo el mandato del socialista Antonio Costa, otrora primer ministro del país vecino. Irlanda o Chipre, dentro de las fronteras de la UE, Canadá o Reino Unido, fuera de estas, son otros países que han decidido eliminar este visado. España, Grecia, Bulgaria o Malta son los únicos que lo mantienen con la única condición de la inversión inmobiliaria (en Italia, por ejemplo, se exigen también una inversión empresarial).
A pesar de que en España se puede conseguir el visado oro por invertir medio millón de euros en bienes inmuebles, existen otras modalidades para obtener ventajas a cambio de realizar desembolsos millonarios. Los extranjeros también podrán recibir la residencia si se convierten en inversores de capital y desembolsan dos millones de euros o más en títulos de deuda pública o, por la mitad, si invierten en acciones o participaciones sociales de sociedades de capital españolas. Lo abultado de estas inversiones introduce otro inconveniente que se suma a la desigualdad y su afectación negativa en el mercado inmobiliario: el blanqueo de capitales.
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