ElPlural.com publica íntegro el episodio dedicado a Alvise Pérez en ¿Por qué dejas que te roben?, el tercer libro de Rubén Sánchez, periodista, secretario general de Facua y colaborador de este periódico. En este pasaje, Sánchez repasa el escándalo de la página web con la que Alvise Pérez intentó hacer negocio vendiendo merchandising contra el Gobierno de España en plena pandemia y que, al final, puso en riesgo los datos bancarios y personales de sus propios clientes. Al final, el libro revela cómo descubrieron en realidad esta amenaza para los consumidores, frente a la "película que se montó" el propagandista de bulos de la extrema derecha.
Que muchos consumidores no denuncien ni se planteen siquiera dejar de confiar en negocios que se saltan las leyes porque son fanáticos de sus marcas o sus propietarios resulta bastante triste. Pero cuando hay quienes llegan al extremo de insultar a los que destapan sus irregularidades e intentan defenderlos de ellas, la cosa raya ya lo enfermizo.
En mayo de 2020, desde FACUA denunciamos un oscuro negocio dedicado a la venta online de merchandising para pedir la dimisión del Gobierno en bloque. Además de banderas —que no falten—, ofertaban carteles y camisetas con la cara de Pedro Sánchez junto a lemas que aseguraban que España estaba presidida por un tirano que —emulando al Gran Hermano de George Orwell— aprovechaba la pandemia de la Covid-19 para aprobar medidas cuya finalidad principal era controlar a la población y censurar las heróicas voces disidentes. Se cuenta que también estuvieron a punto de destapar que Sánchez es en realidad un poderoso extraterrestre a quien sus padres enviaron nada más nacer a la Tierra para salvarlo de la explosión de su planeta, ubicado a 27,1 años luz, pero se les adelantó una señora de Ohio.
El establecimiento, alojado en la web tienda.GobiernoDimision.online, vulneraba las leyes de protección de datos, defensa de los consumidores y comercio electrónico. Y es que no identificaba a su propietario ni facilitaba una dirección postal y un teléfono para reclamar ante posibles problemas. Sólo facilitaba un correo electrónico: hola@GobiernoDimision.online. Tampoco ofrecía la preceptiva información sobre el tratamiento que haría de los datos personales de quienes compraran sus productos. Además, daba un plazo de sólo siete días para cancelar las compras, cuando la legislación fija 14 para desistir de los contratos realizados por internet.
La web estaba popularizándose a través de las redes sociales porque la promocionaba Alvise Pérez, un controvertido personaje de la ultraderecha, afín a Vox, famoso por una larga lista de insultos y bulos contra políticos y organizaciones de izquierdas y las acciones judiciales que empezaban a lloverle por sus campañas de difamación.
Alvise había sido asesor del grupo parlamentario Ciudadanos en la Comunidad Valenciana. Desde allí ayudó a crear el fenómeno de masas en el que acabó convirtiéndose su portavoz, Toni Cantó, un filántropo que tuvo que sacrificar su carrera como actor para ayudar a salvar España, primero desde UPyD y después en las filas del partido naranja, hasta que se fugó al PP para cumplir la noble y difícil misión de enseñar español a los españoles. Lo hace fundamentalmente desde una cuenta de Twitter en la que, poco a poco, va logrando escribir con menos faltas de ortografía y errores de puntuación.
La noche después de que diésemos a conocer las denuncias, la tienda dejó de estar operativa, lo que intentó justificar con un peculiar mensaje: "Tras los problemas que ha experimentado nuestra web debido a la gran cantidad de visitas que está recibiendo, anunciamos que permanecerá cerrada durante unos días para proceder a mejoras técnicas que optimicen la experiencia de compra". Una fuente contactó conmigo para facilitarme un requerimiento enviado al comercio online desde la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, advirtiendo de una posible multa de entre 30.001 y 150.000 euros si en 10 días no le aportaba documentación que acreditase quién era su titular. Verificamos la autenticidad del documento y al día siguiente lo publicamos en la web de FACUA y nuestras redes sociales.
Acto seguido, Alvise borró un tuit en el que se había atribuido el control de la tienda online. Y tres días después de anunciar las primeras denuncias, destapamos algo mucho más grave que descubrimos gracias a mi fuente y que dio lugar a que interpusiésemos una nueva denuncia ante la Agencia Española de Protección de Datos. El comercio online estaba dejando al descubierto nombres, correos y datos bancarios de personas que compraron sus productos. Hasta permitía acceder a una imagen con la información completa de una tarjeta de crédito, que en malas manos podría ser utilizada para realizarle cargos de forma fraudulenta. La brecha de seguridad se resolvió después de que enviásemos un correo explicando cómo hacerlo.
A la semana siguiente, incluyeron un mensaje en la página para identificar a su propietaria como una empresa denominada Iyansa Quality SL. Bastó googlear los datos del Registro Mercantil para comprobar que se trataba de una sociedad domiciliada en Barcelona y constituida en enero de ese mismo año con la promoción inmobiliaria como objeto social. El negocio tenía como administrador único al abogado Ignacio Manuel Moreno Amatriain. En su mismo domicilio constaba otra empresa vinculada a la misma persona, Societalis. Su web se promociona con reclamos como "¿Necesitas una sociedad? Societalis te lo pone fácil. Compra una sociedad limitada en una hora por 1.275 euros".
Tras publicarlo, Amatriain contactó con nosotros para contarnos que vendió la empresa justo después de que presentásemos la denuncia por la brecha de seguridad de la tienda, pero no nos quiso contar a quién. Era obvio que se trataba de Alvise, que había decidido que fuese una sociedad de responsabilidad limitada y no él quien apareciese al frente del negocio, por si llegaban las multas.
Un mes después, el Boletín Oficial del Registro Mercantil publicó el cambio de administrador y nuevo socio único de Iyansa Quality, Luis —el nombre real de Alvise— Pérez Fernández. Su objeto social pasaba a ser la venta, fabricación y distribución de artículos publicitarios. En julio, cambió su domicilio social a Tres Cantos, en Madrid. Y en septiembre, modificó su denominación social para llamarse Resistencia Popular SL.
Aunque muchos de sus fanáticos no paraban de insultarnos por haberlo denunciado, el escándalo de la brecha de seguridad que expuso datos sensibles de sus clientes dejó a Alvise bastante tocado. Así que intentó convertirnos a FACUA y a mí en los malos de una enrevesada historia en la que nos habíamos inventado que su tienda online tenía una brecha de seguridad y publicado "en exclusiva" un "documento falso" con unos meta-datos que implicaban a "un varón cuyo nombre coincide con un posible redactor de ElDiario.es" y que un miembro del Gobierno nos filtró para simular que le requirieron que identificase a su propietario.
Tras ver un par de capítulos de Perry Mason y hacer un curso intensivo de Photoshop, publicó unos gráficos en sus cuentas en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram —se ve que no le dio tiempo de hacer una versión bailada en TikTok— donde nos acusaba de una serie de delitos que logró localizar en el Código Penal.
Aseguró que había acudido a los juzgados de Madrid para interponernos una denuncia en la que directamente pedía 10 años de prisión para mí por "delito contra el honor", "revelación de secretos" y "acceso indebido", otros dos para el director de ElDiario.es, Ignacio Escolar —su periódico se hizo eco de nuestras denuncias—, por el primero de esos delitos, nueve años más para un supuesto "suplantador" que no identificaba por "falsedad documental", "usurpación de funciones públicas" y "coacciones"; y de postre, solicitaba otros cuatro años para un cargo aún sin identificar del Ministerio de Asuntos Económicos al que acusaba de "cohecho". En las causas penales, las peticiones de cárcel no pueden realizarse hasta el final de la instrucción, si el juez concluye que hay motivos para llevar el caso a juicio. Pero Alvise no podía permitir que la Ley de Enjuiciamiento Criminal le estropease la película que se montó, con la que consiguió más de 20.000 retuits de su rebaño.
Un par de meses más tarde, Alvise publicó que un juzgado de instrucción había aceptado su denuncia contra mí y ordenado diligencias al considerar que existían indicios de delito. Y a comienzos de 2021, difundió el bulo de que tenía un juicio contra mí en marzo. Aseguró que se gastó el dinero de donaciones de sus seguidores en contratar abogados y pagar informes de peritos que testificarían en él. En realidad, el único juicio que tuve —y gané— ese mes fue con Eduardo Inda, por negarse a publicar la rectificación que le solicité sobre una de las mentiras publicadas sobre mí en Okdiario. Pero esa es otra historia que ya contaré en otro momento.
Uno de los procuradores a los que recurrimos habitualmente en FACUA acudió en esas fechas a los juzgados de Madrid para preguntar por el procedimiento en el que supuestamente me estaban investigando. Y sí, existía una causa, pero ningún investigado en ella de momento. Según le contaron, Alvise efectivamente presentó una denuncia, pero en ella no había ningún denunciado. Lo que sí hizo fue contratar a un abogado para exigirme 20.000 euros de indemnización por haber tuiteado que su web dejó al descubierto información personal de sus clientes. Me puso una demanda de conciliación en la que amenazaba con una posterior querella por injurias si no le pagaba. Nunca la presentó.
En febrero de ese año, Alvise aseguró que nunca le llegó nada relacionado con nuestras denuncias y que todo fue una "campaña de desprestigio". Pero un mes después, reconoció lo contrario con un nuevo bulo: "El Ministerio de Asuntos Económicos resuelve sin multa alguna las alegaciones de 'violación de protección de datos' que ha utilizado FACUA durante meses para hostigarme y vender graves titulares". "No hubo ninguna 'grave brecha de seguridad', ni fui nunca el responsable del tratamiento de datos", aseguró que decía la resolución del ministerio, cuya Secretaría de Estado de Digitalización en realidad no valoró ningún asunto en materia de protección de datos —no tiene las competencias— sino que simplemente resolvió el expediente por el que requirió que se identificase al titular de su tienda online.
Un año después de las denuncias, la decisión de la Agencia Española de Protección de Datos llegó por fin en mayo de 2021. El organismo concluyó que la web incurrió en dos infracciones muy graves y una grave del Reglamento General de Protección de Datos. Tal y como denunciamos, no sólo ocultó quién era su responsable y cómo trataba los datos de los usuarios sino que dejó al descubierto información sensible de estos sin haber tomado las medidas de seguridad para impedirlo.
La resolución por la denuncia que según Alvise nunca le llegó reveló que la AEPD requirió a su empresa información sobre lo ocurrido y que en su respuesta reconoció la brecha de seguridad, que atribuyó a "un error humano de programación". Sorprendentemente, la entonces directora de la Agencia, la ex alto cargo del gobierno del PP en la Comunidad Valenciana Mar España, decidió no imponer ninguna multa económica y despachó la historia con una simple "sanción de apercibimiento" a la empresa que tras las irregularidades pasó a ser la propietaria de la página.
Para seguir alimentando la teoría de la conspiración, a Alvise ya sólo le quedaba su historia de la filtración ilegal del documento por el que se requirió la identificación del propietario de su tienda online. En noviembre de ese año, publicó que una funcionaria había declarado como investigada en el juzgado donde cayó su denuncia y que ahora él solicitaba la imputación de otros dos cargos. Con un contundente mensaje, quiso dejar claro que estaba siendo víctima de una persecución que dejaba corta la del fundador de WikiLeaks, Julian Assange: "Cuando advertí de una 'conspiración' entre el Ministerio de Asuntos Económicos, el periódico ElDiario y Rubén Sánchez de FACUA, todos los medios me silenciaron y me adscribieron delitos en protección de datos. Pronto se sentarán como imputados el subdirector general del Ministerio y la jefa de sección ante un juez por la notificación que ellos confeccionaron y filtraron a los medios. Y si no confiesan (que fue alguien de Moncloa) asumirán ellos el escándalo. Esto es una mafia, y se les acaban los cartuchos para acabar conmigo desde la estrategia legal. ¿Qué más van a hacer?".
Así que ha llegado el momento de contar de dónde saqué el documento. Cuando mi fuente me lo facilitó, me dijo que lo había localizado en la propia página de la tienda y que con una simple búsqueda en Google podía accederse a la URL donde estaba alojado: en una carpeta llamada upload dentro de tienda.GobiernoDimision.online. Comprobé que, efectivamente, en esa dirección web aparecía el requerimiento de la Secretaría de Estado de Digitalización.
Posteriormente, otros usuarios nos alertaron de que también había allí documentos con datos sensibles de personas que compraron productos. Estaban en la misma carpeta. Bastaba con introducir en un navegador de internet la dirección tienda.GobiernoDimision.online/upload para que apareciese un listado con enlaces a todos los documentos colgados allí dentro.
La programación de la web del comercio electrónico era tan extraordinariamente cutre que provocaba que cualquier archivo adjunto incluido en los correos que la gente enviaba a hola@GobiernoDimision.online iban a parar a esa carpeta y pasaban a ser accesibles para cualquiera. Evidentemente, la única dirección a la que el organismo del Ministerio de Asuntos Económicos pudo enviar su requerimiento era ese correo. Por eso acabó publicado en la propia web. De alguna manera, el filtrador fue el propio Alvise.
