Con fecha de 10 de noviembre del año 2015, el responsable de Seguridad de Juan Carlos I envió un correo electrónico a la Fundación Zagatka de Liechtenstein para que esta entidad sufragara los costes de los billetes de avión del rey emérito a la Polinesia Francesa, concretamente, a Tahití; tal y como ha desvelado El Confidencial.

Vicente García-Mochales encargó a través de su cuenta de hotmail que se gestionara el pago, quedando patente así que hay terceros involucrados en la fortuna oculta de Juan Carlos I. En este caso, el citado medio especifica que los fondos terminando en una cuenta en Hong Kong del banco HSBC.

Unas semanas antes del correo de García-Mochales, Philip Adkins, primer marido de Corinna Larsen y amigo de Juan Carlos I, ya pagado unos 32.900 euros de los billetes del rey emérito y sus escoltas desde Los Ángeles hasta Papeete, capital de la Polinesia Francesa.

Este pago fue tan solo un adelanto, dado que Mochales se encargó de que Adkins recuperara su dinero a través de la Fundación Zagatka. Esta entidad, que tiene a Álvaro Orleans (primo del rey) al frente desde 2003, está siendo investigada actualmente por las fiscalías española y suiza ya que se sospecha que podría ser un instrumento para controlar y dirigir el dinero y las operaciones de la fortuna oculta.

Mochales no escribió a la fundación con un correo oficial, sino que lo hizo a través de uno personal. En él, pidió a la secretaria de Orleans, Renata, que pagara las facturas adjuntas en el email: “Avísame cuando se haya girado el dinero. Muchas gracias por tu amable ayuda y seguimos en contacto, Un abrazo muy fuerte para ti”.

Las informaciones reveladas apuntan a que la secretaria informó vía fax a uno de los testaferros de Juan Carlos, Dante Canonica, de que ya había procedido al pago de la factura, siguiendo así las instrucciones de Mochales.

Este giro podría suponer la comisión de hasta tres delitos: blanqueo de capitales si se acredita que el origen del dinero es ilícito, delitos fiscales porque la fundación no declaró su patrimonio a la Agencia Tributaria y falsedad documental.

Conviene recordar, además, que estos hechos datan de fechas posteriores a la abdicación, por lo que no le ampara la inviolabilidad recogida en el marco jurídico español.