La crisis de acogida de menores migrantes en Ceuta ha abierto un nuevo frente de confrontación entre el Gobierno central y el Ejecutivo de la ciudad autónoma. La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha acusado este lunes al presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, de hacer “politiqueo con los niños y niñas” y ha defendido que la respuesta inmediata pasa por trasladar a parte de los menores a la Península para aliviar la sobrecarga de los recursos de protección de la ciudad.
En una entrevista en Hoy por Hoy, de la Cadena SER, Rego ha sostenido que la mayoría de los menores marroquíes que han llegado a Ceuta durante la reciente crisis permanecerán previsiblemente en España porque la legislación obliga a garantizar su protección mientras no concurran las condiciones legales para una eventual reagrupación familiar. La ministra ha situado así el debate en el terreno de las obligaciones de protección de la infancia y ha reclamado una actuación coordinada entre las administraciones.
La disputa institucional se produce después de semanas de presión sobre el sistema de acogida ceutí. El Gobierno central calculaba a mediados de septiembre que entre 700 y 1.000 menores continuaban en las calles, mientras la cifra de menores ya identificados había superado los 2.000. Rego había cifrado anteriormente en unos 2.100 los menores filiados en la ciudad, incluidos alrededor de 700 niñas.
Una salida basada en el traslado
Rego ha presentado esta alternativa como una medida destinada a liberar capacidad en una red de acogida sometida a una presión extraordinaria, y ha recordado que existen precedentes de mecanismos de derivación utilizados durante la crisis migratoria de Canarias.
La ministra ha asegurado que ya planteó esta prioridad a Vivas el 8 de agosto, durante la visita que ambos mantuvieron en Ceuta. Aquel encuentro quedó formalmente enmarcado por el Ministerio en la necesidad de coordinar la acogida y preservar, en todo momento, el interés superior de los menores. Rego señaló entonces que la reagrupación familiar debía ser prioritaria cuando resultase posible, pero recordó también que los menores sin una estructura familiar adecuada requieren protección institucional.
El desacuerdo se ha agudizado desde entonces. El Ministerio ha planteado, entre otras medidas, el traslado de un contingente inicial de 500 menores a recursos peninsulares. La controversia se centra ahora en la materialización de esa operación y en el papel que corresponde desempeñar al Gobierno de Ceuta, que mantiene las competencias de tutela.
A su juicio, la dimensión de la emergencia exige cooperación administrativa y no una sucesido que la propuesta ministerial necesitaba concretar aspectos relativos a las plazas disponibles, su ubicación, la acreditación de los centros y las condiciones jurídicas y materiales del traslado. El Gobierno de Gobierno central reprocha “bloqueo”; Ceuta cuestiona la propuesta
Rego ha reclamado una “autocrítica de todas las instituciones”, aunque ha situado una responsabilidad específica en quienes ejercen directamente las competencias de protección de los menores. A su juicio, la dimensión de la emergencia exige cooperación administrativa y no una sucesión de obstáculos políticos o burocráticos.
La posición del Gobierno central, sin embargo, no es aceptada sin matices por el Ejecutivo ceutí. El Gobierno de Ceuta afirma que respondió telefónicamente al Ministerio planteando esas cuestiones. La propia documentación oficial del Ejecutivo central sitúa el interés superior del menor como criterio rector de cualquier actuación. La ministra y la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, coincidieron el 11 de septiembre en que las actuaciones relacionadas con menores migrantes no acompañados debían desarrollarse con todas las garantías y preservando sus derechos.
Marruecos, la otra vía sobre la mesa
El traslado a la Península no constituye la única alternativa contemplada. Rego ha explicado que el Ministerio prevé iniciar en los próximos días procedimientos de reagrupación familiar para aquellos menores que manifiesten su voluntad de regresar con sus familias en Marruecos.
La dificultad reside en verificar que existe realmente una estructura familiar capaz de asumir su cuidado y en obtener la colaboración de las autoridades marroquíes. La ministra ha reconocido que la interlocución con Marruecos en estos procedimientos no suele ser fluida, lo que introduce un factor adicional de incertidumbre.
El presidente de Ceuta ha defendido precisamente la vía del retorno cuando sea compatible con el interés del menor. Vivas reclamó recientemente que los menores filiados pudieran ser trasladados a Marruecos mediante procedimientos de reagrupación familiar o, cuando corresponda, bajo la responsabilidad de tutores o instituciones del país vecino. Al mismo tiempo, afirmó que la Ciudad Autónoma aplicaría la legislación vigente y preservaría el interés superior de los menores.
“La mayoría se va a quedar”
En este contexto, Rego ha anticipado que una parte sustancial de los menores permanecerá en España. “La mayoría de los menores se quieren quedar en España y se van a quedar porque hay una ley que les protege”, ha afirmado durante la entrevista.
La ministra ha vinculado esa previsión al marco de protección de la infancia vigente en España y ha reivindicado que la nacionalidad no puede determinar un estándar distinto de protección para un menor. Su planteamiento parte de que quienes no puedan ser reagrupados con garantías deberán permanecer bajo el sistema de protección correspondiente.
Esta cuestión adquiere especial relevancia por la magnitud de la llegada registrada a finales de julio. La operación de identificación y filiación ha ido actualizando las cifras iniciales a medida que los menores han sido localizados e incorporados al sistema. A mediados de septiembre, Rego hablaba de unos 2.100 menores filiados y advertía de que todavía quedaban personas por identificar e incorporar a los recursos de protección.
Del entendimiento institucional a la confrontación
El choque verbal entre Rego y Vivas contrasta con la relación de cooperación que ambos habían mantenido en las primeras semanas de la crisis. La ministra ha reconocido que durante los últimos años había trabajado con el presidente ceutí con un grado de colaboración que, a su juicio, se ha deteriorado recientemente.
Rego ha atribuido este cambio a una estrategia política procedente de la dirección nacional del Partido Popular, al mencionar expresamente una supuesta orientación “dictada desde Génova”. Se trata de una interpretación política formulada por la ministra, no de un hecho acreditado de manera independiente, por lo que debe situarse dentro del contexto de la disputa entre el Ejecutivo central y el Gobierno de Ceuta.
El enfrentamiento coincide además con una creciente presión política y social en la ciudad. La crisis de acogida ha generado protestas y episodios de tensión. La titular de Juventud ha condenado específicamente el ataque sufrido por el vehículo de una diputada ceutí durante una protesta vinculada a la situación migratoria y ha reclamado que la controversia permanezca dentro de los cauces democráticos.
La infancia como eje de una crisis que trasciende a Ceuta
La discusión institucional se desarrolla sobre un problema que excede las capacidades ordinarias de una ciudad autónoma sometida a una presión migratoria excepcional. La acumulación de menores ha tensionado los recursos disponibles y ha convertido la distribución territorial de la acogida en uno de los principales puntos de fricción entre las administraciones.
Rego sostiene que la descongestión de Ceuta mediante traslados permitiría recuperar capacidad asistencial y ofrecer una atención más adecuada. Vivas, por su parte, ha reclamado que se facilite el retorno a Marruecos cuando resulte compatible con el interés del menor y ha planteado una mayor implicación de las autoridades marroquíes y de las instituciones europeas.
La ministra ha apelado, además, a la empatía como criterio político ante una emergencia que afecta a menores y ha rechazado que esa aproximación pueda confundirse con una ausencia de exigencia institucional. Su reclamación inmediata es que las administraciones abandonen el bloqueo, coordinen sus competencias y pongan en marcha soluciones operativas para quienes permanecen sin una respuesta estable.
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