El exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato abandona su despacho cuatro horas después de que comenzara el registro por parte de los agentes de la Agencia Tributaria y de Aduanas. EFE
Cuatro archivadores con documentación requisada durante los registros del domicilio y el despacho de Rodrigo Rato y el de su asesor fiscal, Domingo Plazas, no han podido ser investigados por la Agencia Tributaria por prohibición del titular del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid, Antonio Serrano-Arnal.
La secretaria judicial registró 18 cajas
Los cuatro archivadores intervenidos fueron excluidos por el juez porque en el acta de registro levantada por la secretaria judicial del Juzgado de Instrucción número 35, que actuó en funciones de guardia antes de que el caso se asignara al juzgado número 31, consta que se intervinieron 18 y no 22, como finalmente fueron, según adelanta El Mundo. Las acusaciones han alegado en sus recursos que la diferencia es debida a una simple cuestión de volumen de la documentación intervenida que hizo necesario en el último momento usar más archivadores de los que se hicieron constar en el acta de la secretaria judicial.
La documentación requisada al asesor fiscal
Tampoco ha podido ser investigada la documentación requisada en el despacho del asesor fiscal de Rato, Domingo Plazas. En este caso, por el cambio de domicilio social del bufete a Madrid unas semanas antes de que se solicitara la autorización judicial. El juez consideró que la petición debía haberse hecho para el nuevo domicilio social. Además, el asesor pidió que no se utilizara la documentación requisada en su despacho porque entre ese material figuran datos de otros clientes sin relación con este caso.
En manos de la Audiencia
La Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía del Estado opinan diferente; creen que en el marco de una operación se puede registrar cualquier lugar, independientemente de que sea la sede social de una sociedad o no, cuando en este lugar se haya desarrollado una parte de la actividad que se investiga.
El pasado 6 de agosto, el juez Serrano-Arnal se inhibió a favor de la Audiencia Nacional, como solicitó la Fiscalía Anticorrupción, por lo que será la Audiencia la que decida, como reclaman las acusaciones, si los cuatro archivadores podrán ser examinados y conocido su contenido, ahora mismo un misterio, o excluidos, como reclama la defensa.
