Los grupos parlamentarios de PSOE y Unidas Podemos han registrado este martes la proposición de una ley orgánica para reformar el sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), con el objetivo de sortear el "bloqueo" del que acusan al PP.

La propuesta ha sido presentada en rueda de prensa en el Congreso de los Diputados por los portavoces parlamentarios socialista y morado, Adriana Lastra y Pablo Echenique respectivamente.

Lastra ha subrayado que la renovación del CGPJ es urgente y la Comisión Europea ya ha lanzado avisos en este sentido para que se tramite, al tiempo que ha recordado que “hace unas semanas, 188 diputados suscribimos un comunicado donde pedíamos el desbloqueo”.

Según ha explicado Lastra, la reforma contiene dos patas. La primera es establecer una mayoría absoluta no reforzada en lugar de los tres quintos para “elegir 12 miembros evitando bloqueos”. Además, tiene una segunda arista, de regular “las atribuciones que ha de asumir el CGPJ en funciones, al igual que ocurre con otros órganos como el Parlamento o el propio Gobierno de la nación”.

Por su parte, Pablo Echenique ha criticado que el PP “lleva incumpliendo la Constitución como mínimo dos años, en lo que respecta a la renovación del COGPJ”. También ha precisado que, con la iniciativa, se paliará la falta de legitimidad democrática del actual CGPJ: “Las instituciones publicas, todas, deben emanar de la voluntad popular. Deben tener una legitimidad democrática. El actual CGPJ es fruto de una mayoría parlamentaria que ya no existe. Hay un nuevo tablero político. Son las Cámaras las que eligen por mandato de la ciudadania, por lo que hablamos de un CGPJ que actualmente carece de esa legitimidad democrática que todas las instituciones del estado deben tener”.

Por último, ha asegurado que “viene a proteger el Poder Judicial del desprestigio que se le causa cuando se bloquea su renovación”.

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, no ha tardado en reaccionar a través de su cuenta oficial de Twiiter, donde ha acusado a Sánchez de tratar de “liquidar la separación de poderes en pleno ataque a la independencia judicial de su vicepresidente investigado”.

En consecuencia, “recurriremos al Tribunal Constitucional y a las Instituciones y Tribunales Europeos”.