La licitación para la concesión del servicio público de abastecimiento de agua potable y alcantarillado del término municipal de San Javier (Murcia) continúa generando polémica. No solo porque, tal y como informase ElPlural.com, la empresa Gestagua se haya presentado al concurso con la cuestionada Orthem, del grupo La Generala, investigada judicialmente en el pasado.

A esta cuestión nada desdeñable -La Generala ha sido protagonista de más de una investigación judicial respecto a adjudicaciones públicas que ha conseguido con gobiernos del Partido Popular-, hay que añadir la posibilidad de que los pliegos correspondientes a la concesión del servicio puedan ser “nulos de pleno derecho”.

Recurso especial ante un pliego “nulo de pleno derecho”

Así se sostiene en un Recurso especial en materia de contratación pública que ha formulado Jesús Martínez Górriz, concejal y secretario general del Partido Socialista del Ayuntamiento de San Javier.

El dirigente socialista, exige “la nulidad de pleno derecho de los pliegos al haberse aprobado sin seguir el procedimiento legalmente establecido al no haberse aprobado la ordenanza reguladora de las tarifas con anterioridad; habiéndose modificado los documentos contractuales una vez fue convocada la licitación y antes de la adjudicación de la misma".

“Queda claro que, a la fecha de publicarse los Pliegos y los demás documentos contractuales de la Concesión, no se ha cumplido el trámite esencial de establecer el régimen jurídico completo de la concesión, y especialmente en lo referente a los aspectos económicos de las tarifas”, explica el dirigente socialista en el Recurso especial al que ha tenido acceso este periódico.

El hecho de que los pliegos, como el resto de los documentos contractuales, se hayan dictado sin haber aprobado antes un régimen que contemple todos los aspectos jurídicos y especialmente los económicos de las tarifas, habría provocado que los 12 licitadores que antes del pasado 27 de febrero presentaron sus proposiciones, lo habrían hecho sin conocer el régimen completo de la concesión y, en particular, sin conocer todos los aspectos económicos relativos a las tarifas que constituyen su retribución.

“Por tanto, procede que el TARC declare su nulidad de pleno derecho según el artículo 47.1,e) de la LPAC, debiendo retrotraerse el procedimiento al momento anterior a la redacción y aprobación de los pliegos, que no podrán redactarse hasta que no se haya aprobado la correspondiente Ordenanza de prestación patrimonial de carácter público no tributario”, expone Jesús Martínez Górriz, poniendo también el foco en una segunda causa de nulidad de pleno derecho en los pliego: el Ayuntamiento de San Javier, al aprobar los pliegos de la concesión, ha ignorado por completo que el precio de las tarifas deberá ser aprobado por la Comisión de Precios competente en cada Comunidad Autónoma (en Murcia, el Consejo Asesor Regional de Precios “CARM”).

Sospechas ante adjudicaciones envueltas en polémica

Este recurso se suma a la presencia de La Generala en la licitación. Una empresa que ha generado sospechas de posibles irregularidades puesto que la compañía ha llegado a ser denunciada en el Tribunal Superior de Justicia ante otras adjudicaciones envueltas en polémica.

A este respecto, cabe recordar que en 2013, Pedro Ángel Hernández, exalcalde del Partido Popular de Torrevieja, fue condenado a tres años de cárcel por prevaricación y falsedad documental tras adjudicar en 2004 el contrato de basuras de la ciudad al grupo Generala.

En 2019 se licitó el servicio de ambulancias de la Región de Murcia por 300 millones de euros y también fue el Grupo de La Generala la que ganó el concurso pese a no tener ninguna experiencia en el sector. Las empresas perdedoras presentaron denuncia ante el Tribunal Superior de Justicia.

Paralelamente, no son pocos los políticos y empresarios murcianos que, anónimamente, denuncian cómo funciona en la región y en sus ciudades la adjudicación de concursos públicos que dependen del PP. La mayoría no aporta pruebas, aunque de la revisión de adjudicaciones y de empleados de las compañías del Grupo La Generala destacan el alto número de políticos y sus familiares en nómina como empleados.

Recelos compartidos tanto entre políticos como empresarios no solo de Murcia, sino de otras provincias como Almería, Granada o Almería en la que La Generala ha optado a otros contratos extendiendo sus ‘tentáculos’.

Públicamente, La Generala se presenta como “líder en creación de entornos sostenibles: servicios urbanos, gestión energética, construcción y medio ambiente”. Creado en 1992 por el empresario Manuel Martínez Ortuño, de 55 años, el grupo intenta pasar por alto los grandes contratos que se le han adjudicado durante los últimos años y que han acabado envueltos en alguna polémica.