2026 se prevé como un año de trajín parlamentario para el Gobierno. A la difícil aritmética que tiene sobre sí mismo el Ejecutivo tras la ruptura con Junts y la desaparición de la mayoría parlamentaria junto a los socios, se suman las cuestiones político-económicas concretas a las que tendrá que hacer frente. Tres de ellas marcarán la agenda del Gobierno de Pedro Sánchez en el primer tercio del año: la revisión del Tribunal Constitucional sobre la ley de amnistía y su aplicación sobre Carles Puigdemont; la financiación autonómica, cuya revisión ha sido solicitada prácticamente por todas las regiones, y los Presupuestos Generales del Estado, que se han convertido en una asignatura pendiente tras los numerosos rechazos de la oposición a darles luz verde y ante el ya mencionado bloqueo de Junts. Tres puntos candentes que el Ejecutivo deberá superar para empezar el año (y la segunda mitad de legislatura) con buen pie y cumplir así su objetivo: agotar el periodo de mandato y no tener que convocar elecciones anticipadas.

En primer lugar, la amnistía. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) tiene que elaborar una resolución sobre la misma y el Constitucional decidirá sobre su aplicación a Carles Puigdemont. El organismo europeo despejará las incógnitas de algunos tribunales españoles sobre la compatibilidad de la ley con el derecho europeo, que tiene primacía sobre el de sus Estados miembros. El abogado general del TJUE señaló en noviembre que la medida de gracia es compatible con la legislación europea, y el propio Constitucional también la avaló en el mes de junio, por lo que el horizonte es favorable. En cualquier caso, si el TJUE retrocediera, la norma quedaría anulada y no se aplicaría al político independentista. 

Por otro lado, su regreso a España también depende del Tribunal Constitucional. El órgano debe resolver el recurso presentado por el propio político juntaire contra la decisión del Supremo de no considerar amnistiable la malversación del procés. El Constitucional podría estimar que la decisión del Tribunal Supremo vulneró los derechos fundamentales de Puigdemont y el resto de líderes independentistas recurrentes, obligando así a rectificar al alto tribunal. De que esta situación se desbloquee depende parcialmente que Junts le devuelva el apoyo al Gobierno de Pedro Sánchez, con los ojos también puestos en el traslado de competencias económico-fiscales y en la financiación autonómica.

La financiación autonómica, el segundo escollo

El cambio en el modelo de financiación de las comunidades autónomas ha sido un asunto que muchos líderes regionales han traído a la mesa, especialmente aquellos de las regiones más denostadas por el sistema actual, aunque las críticas al mismo también han obedecido, en ocasiones, a los dardos al Gobierno, como en el caso de Isabel Díaz Ayuso, que también ha criticado el modelo y ha clamado por el dinero que el Ejecutivo central le debe a su región pese a ser una de las más financiadas de todo el país. Vengan de donde vengan las críticas, la sensación general es que existe la necesidad de cambiar de modelo, algo que el propio Gobierno tiene en cuenta y las negociaciones para hacerlo están en marcha de manera multilateral, con Cataluña llevando la delantera en esta cuestión.

El presidente de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Oriol Junqueras, anunció la pasada semana que se reunirá con el presidente del Gobierno el próximo jueves 8 de enero, con el objetivo de "desbloquear", precisamente, el nuevo modelo de financiación para Cataluña. El dirigente republicano defendió que el acuerdo está próximo y que existen condiciones reales para alcanzarlo, después de años de reivindicación y presión política por parte de su formación.

En una entrevista concedida a El Periódico, Junqueras manifestaba que el entendimiento está “cerca” y que es posible gracias a la insistencia de ERC en situar esta cuestión en el centro del debate político. Según ha explicado, a lo largo de la semana se concretarán las cifras que deben sustentar el nuevo modelo, y la reunión con Sánchez servirá también para recordar al presidente del Gobierno que existen otros compromisos pendientes que deben ir cumpliéndose.

Junqueras insistía también en que las conversaciones con el Ejecutivo central no pueden abordarse de manera aislada ni parcial. A su juicio, se trata de una negociación de carácter global que engloba múltiples cuestiones estratégicas para Cataluña. Entre ellas ha citado la condonación de la deuda del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), la definición del nuevo sistema de financiación autonómica, la capacidad de recaudación del IRPF y la creación de un consorcio de inversiones que garantice que lo presupuestado en Cataluña se ejecuta de forma efectiva. Sacar adelante un acuerdo en esta cuestión abriría la veda para hacer lo propio en otras regiones o para establecer, en general, un nuevo sistema.

Los Presupuestos, el examen clave

En tercer lugar se encuentran los Presupuestos Generales del Estado, la madre de todas las batallas. Los actuales ya han superado el récord de longevidad que ostentaban los de Cristóbal Montoro después de tres cursos en vigor, y las críticas de la oposición se hacen notar en este sentido, a pesar de sus constantes votos en contra a las propuestas presentadas por el Ejecutivo. La idea del Gobierno de Pedro Sánchez es presentar un nuevo borrador en el primer trimestre de este año: cuando aprobó el techo de gasto y la senda de déficit para el borrador de Presupuestos, la vicepresidenta María Jesús Montero se propuso como fecha para hacerlo el próximo mes de febrero, pero las últimas declaraciones públicas del Ejecutivo se refieren exclusivamente a los tres primeros meses de 2026.

Con su ruptura con el PSOE, Junts ya avisó en los últimos plenos de 2025: no habría aprobación de cuentas. Su portavoz, Míriam Nogueras, dejó clara la intencionalidad del movimiento: "Bloquear la legislatura".  "Pedro Sánchez no podrá aprobar los Presupuestos ni normas como la 'Ley Bolaños' o la 'Ley Begoña'. Han perdido una oportunidad histórica al incumplir los acuerdos de legislatura", aseveraba entonces la neoconvergente en el último vaivén en la relación entre los catalanes y el socialismo. Las alianzas tácticas que otrora protagonizaban los titulares ahora se han convertido en desencuentros, con las expectativas de mejora depositadas en concesiones de máximos que el Gobierno no está dispuesto a asumir.

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