PP y Vox hacen un uso "tergiversado" y "falseado" de los estudios de dos historiadores para proteger una cruz franquista en Cáceres

La decisión de la Junta de Extremadura, gobernada por el Partido Popular y Vox, de iniciar el procedimiento para declarar Bien de Interés Cultural (BIC) la Cruz de los Caídos de Cáceres ha abierto una nueva polémica en torno a la memoria del franquismo. Los historiadores César Rina y Miguel Ángel del Arco, cuyos trabajos aparecen citados en el expediente, denuncian, tal y como han recalcado a El País, que sus investigaciones se han utilizado de forma "sesgada", "torticera" y "parcial" para justificar la protección de un monumento que, según ambos, continúa representando la exaltación de la dictadura.

"Cuando me avisaron, pensé que era broma. Pero ¿cómo voy a decir yo algo así? ¡Si sostengo justo lo contrario", lamenta al periódico Rina, profesor titular de Historia Contemporánea en la UNED. Del Arco, catedrático de la misma especialidad en la Universidad de Granada y recientemente distinguido con el Premio Nacional de Historia de España, coincide en la denuncia al asegurar que "han deformado" su trabajo. Los dos investigadores consideran que el Gobierno extremeño ha recurrido a sus publicaciones para dotar de autoridad académica a una argumentación que, sostienen, contradice las conclusiones de sus estudios.

"Es inaudito. Se han traspasado límites éticos y epistemológicos inadmisibles. Si lo aceptamos, se sentaría un precedente muy grave", advierte Rina a El País. Del Arco, por su parte, asegura sentirse herido tanto como historiador como por su compromiso ciudadano con la memoria antifranquista, que considera un pilar de la democracia.

La historia de esta cruz se remonta a mayo de 1938, en plena Guerra Civil. El Ayuntamiento de Cáceres, bajo control franquista, inauguró entonces la Cruz de los Caídos en la Plaza de América. Las inscripciones originales explicitaban el sentido político del monumento, dedicado a quienes habían dado su vida "por España. Una, Grande y Libre", con referencias al 18 de julio de 1936, el saludo a Franco y el grito falangista de "¡Arriba España!". La inauguración estuvo presidida por Pilar Primo de Rivera, responsable de la Sección Femenina de Falange.

Durante la dictadura y también en los primeros años de la Transición, la cruz fue escenario de actos conmemorativos franquistas. Aunque el Ayuntamiento retiró las inscripciones en 1984, el monumento ha seguido siendo un punto de referencia para la ultraderecha y ha acogido ofrendas florales en aniversarios vinculados a Franco. Las asociaciones memorialistas llevan décadas reclamando su retirada, al considerar que mantiene en el espacio público un símbolo de exaltación de los vencedores de la Guerra Civil.

El Gobierno de España incluyó la cruz en abril en su catálogo de símbolos contrarios a la memoria democrática y ordenó su retirada en aplicación de la ley estatal de 2022. Sin embargo, lejos de aceptar las indicaciones del Ejecutivo de Pedro Sánchez, la Junta extremeña respondió en agosto con el inicio del procedimiento para declararla BIC. La resolución, firmada por el consejero de Cultura, Laureano León, sostiene que las modificaciones realizadas en 1984 han desvinculado el monumento de su origen franquista y que sus características patrimoniales justifican su conservación. El texto llega a afirmar que su significado actual es "acorde con los valores constitucionales".

Es precisamente esa interpretación la que cuestionan los dos investigadores. Rina critica que el expediente atribuya a su libro La construcción de la memoria franquista en Cáceres. Héroes, espacio y tiempo para un nuevo Estado (1936-1941), publicado en 2012, un lamento por la pérdida de documentación sobre la cruz. "Es radicalmente falso", sostiene a El País. El historiador explica que su investigación recoge abundante documentación municipal y periodística sobre la planificación, construcción, inauguración y utilización del monumento, además de numerosas fotografías.

Lo que sí menciona en su obra es la desaparición de un álbum fotográfico concreto, encargado por el Ayuntamiento para documentar la inauguración. Para Rina, esa pérdida no permite hablar de una ausencia generalizada de fuentes. "Para restarle franquismo al monumento, se inventan un vacío archivístico, cuando hay una enorme cantidad de documentación que la vincula de raíz con la exaltación del franquismo", denuncia.

Del Arco cuestiona otro pasaje del expediente. La Junta cita una descripción de su libro Cruces de memoria y olvido. Los monumentos a los caídos de la guerra civil española (1936-2021) sobre la arquitectura "clásica, monumental e imperial" de este tipo de construcciones. Sin embargo, el texto autonómico relaciona el clasicismo y la austeridad de la cruz cacereña con el racionalismo arquitectónico, una interpretación que el historiador considera contraria a su investigación.

"Lo que mi libro demuestra es precisamente que los monumentos a los caídos no tuvieron conexión con el racionalismo", explica. Según expone al periódico Del Arco, el franquismo llegó a presentar esa corriente como contraria a la esencia de España. Por ello, reprocha a la Junta que emplee un fragmento de su trabajo para atribuir al monumento una modernidad arquitectónica que su estudio no respalda.

Ambos historiadores denuncian, además, que el expediente omita las conclusiones de sus investigaciones sobre la continuidad del significado político de la cruz. Del Arco sostiene que el monumento proyecta una "memoria ofensiva para los republicanos", en lugar de una memoria "cívica e incluyente", y recuerda que las asociaciones memorialistas han promovido iniciativas para trasladarlo. También cuestiona que la Junta minimice la continuidad de las ceremonias franquistas, ya que su libro documenta que entre 1978 y 1980 todavía se celebraban actos con misas, desfiles hasta la cruz y ofrendas florales acompañadas de himnos falangistas y carlistas.

Rina, por su parte, describió la cruz como una síntesis de los valores del régimen y de la "cruzada victoriosa" contra las ideas comunistas y liberales. Además, participó en una comisión de expertos que identificó el monumento como uno de los principales exponentes de la simbología franquista en la ciudad. "Para darle una pátina científica al expediente, la Junta tenía que citarnos, porque hemos investigado este tema. Pero nos deforma de manera inaceptable", afirma rotundamente. Los dos investigadores han presentado alegaciones contra la declaración como BIC.

La Consejería de Cultura rechaza que se haya producido un uso indebido de sus trabajos. En una respuesta por escrito, sostiene que ambos aparecen como "meras fuentes historiográficas" para contextualizar la cronología, la tipología, el lenguaje formal y la función inicial de las cruces, y recalca que no se les atribuye adhesión a la declaración. La Junta añade que el procedimiento se fundamenta también en informes de otros dos historiadores y en valores históricos, artísticos, arquitectónicos y sociales.

La controversia ha sumado alrededor de un centenar de alegaciones, entre ellas las de asociaciones memorialistas, entidades favorables a la conservación del monumento y el propio Gobierno central. La Secretaría de Estado de Memoria Democrática cuestiona que la cruz reúna valores patrimoniales excepcionales y rechaza que pueda considerarse un símbolo de reconciliación. En sus alegaciones recuerda que no es lo mismo preservar un lugar como testimonio de la represión que proteger un monumento "construido expresamente para conmemorar y exaltar a los vencedores de la sublevación".