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La Asamblea Regional de Murcia ha aprobado este martes declarar a Pedro Sánchez persona 'non grata' en la comunidad autónoma. La iniciativa, promovida por los diputados del Grupo Mixto José Ángel Antelo y Virginia Martínez, antiguos representantes de Vox, ha salido adelante con el apoyo del Partido Popular y de los siete parlamentarios de la formación de Abascal. El resultado convierte a la Cámara murciana en el primer parlamento autonómico de España que adopta una declaración de este tipo contra un presidente del Gobierno.
La propuesta ha generado un nuevo enfrentamiento entre los grupos parlamentarios y ha situado al jefe del Ejecutivo en el centro de una sesión marcada por los reproches políticos. El PSOE había presentado una enmienda a la totalidad para tratar de frenar la iniciativa, pero esta ha sido rechazada. Los socialistas han votado en contra, al igual que los representantes de Podemos e Izquierda Unida.
La moción fue registrada por Antelo y Martínez después de que ambos abandonaran Vox y pasaran a formar parte del Grupo Mixto. Sus promotores justifican la declaración por lo que consideran un perjuicio continuado de las decisiones del Gobierno central para los intereses de la Región de Murcia. Entre los principales argumentos figuran las políticas relacionadas con el trasvase Tajo-Segura, las infraestructuras pendientes y el sistema de financiación autonómica.
A estos motivos se suman las críticas a la política migratoria del Ejecutivo y las referencias a los casos de corrupción que, según los impulsores de la iniciativa, afectan al entorno político y familiar del presidente. También acusan a Sánchez de contribuir al deterioro de las instituciones y de la separación de poderes. Se trata de los argumentos políticos esgrimidos por los promotores para justificar una declaración que no tiene consecuencias jurídicas ni implica restricciones para el presidente.
Cruces de acusaciones entre los grupos
La defensa de la moción corrió a cargo de Virginia Martínez, que presentó la iniciativa como una respuesta al supuesto "hartazgo" de la ciudadanía murciana. Durante su intervención, la diputada cargó contra Sánchez con duras descalificaciones y tuvo que ser llamada al orden en varias ocasiones por la Presidencia de la Cámara. Martínez llegó a definir al jefe del Ejecutivo como un "peligro para nuestra democracia y nuestra sociedad".
Desde el PP, Víctor Martínez-Carrasco respaldó la declaración y defendió que la iniciativa no cuestiona el respeto institucional que merece el presidente del Gobierno, sino que expresa el rechazo a sus decisiones políticas y al trato que, a juicio de los populares, recibe la Región de Murcia. El diputado preguntó a los socialistas si consideraban que las políticas de Sánchez beneficiaban a la comunidad y sostuvo que la resolución debía servir para trasladarle que "no es bienvenido". Vox también apoyó la propuesta. Su diputado Antonio Martínez Nieto vinculó la figura del presidente con la corrupción, el deterioro de los servicios públicos y el supuesto abandono de los intereses murcianos.
La portavoz socialista, Carmina Fernández, rechazó esos argumentos y acusó al PP de utilizar a los dos antiguos diputados de Vox para impulsar una iniciativa de confrontación contra el Gobierno central. "Tendrán que explicar hasta dónde están dispuestos a llegar contra Pedro Sánchez", reprochó a los populares, a quienes también responsabilizó de desviar la atención de los problemas que afectan a la comunidad autónoma.
La declaración tiene un carácter esencialmente político y simbólico, ya que no modifica las competencias del presidente ni comporta efectos administrativos o legales. Sin embargo, supone un precedente en el ámbito parlamentario autonómico. Hasta ahora, este tipo de pronunciamientos contra Sánchez se habían aprobado solo en ayuntamientos, entre ellos los de Lorca, Albacete y Palma de Mallorca.
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