Este jueves el Senado admitía a trámite una Preposición de Ley impulsada por EH Bildu y ERC para modificar “la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, para despenalizar las injurias a la Corona y los ultrajes a España”.

El boletín oficial de la Cámara Alta recogió este jueves la proposición de ley defendida por ambos grupos parlamentarios a instancia de las senadoras Laura Castel i Fort, Mirella Cortès Gès y el senador Gorka Elejabarrieta Díaz, presentada el pasado 24 de marzo, con el objetivo de suprimir del Código Penal el delito de injurias a la Corona, castigado actualmente con penas que van desde los seis meses hasta los dos años de prisión.

Un hecho que el Partido Popular ha criticado con vehemencia en sus redes sociales. “Aprovechar un estado de alarma para despenalizar las injurias a la Corona y los ultrajes a España es una auténtica vergüenza”, escribían a través de la cuenta oficial del PP en Twitter.  

Sin embargo, la denuncia de los populares se producía el mismo día que el Parlamento de Andalucía –controlado por PP, Ciudadanos y Vox-, en mitad del estado de alarma y aprovechando el momento de incertidumbre que vive España por la expansión del coronavirus, daba luz verde al Decreto Ley 2/20 de Mejora y Simplificación de la Regulación para el Fomento de la Actividad Productiva en Andalucía. Una medida que se aprobaba sin rendir cuentas ante los colectivos profesionales, los sindicatos de trabajadores, las facultades de comunicaciones y las oenegés, y que aseguraban la supervivencia de las emisoras sin título habilitante de COPE que operan en territorio andaluz. De esta manera, la Junta perdonaba a la cadena “400 millones de euros” que son los que deberían pagar por sanciones acumuladas por la tenencia y uso de emisoras piratas en la región.

Gracias a esta aprobación, la Junta de Andalucía no solo no actúa para llevar a cabo el cierre de las emisoras piratas de la Conferencia Episcopal en territorio andaluz, sino que permite que puedan contratar publicidad y que aquellas empresas que lo hagan no sean sancionadas por ello, como hasta ahora sucedía.