Todos los ojos nacionales, e incluso internacionales, se han situado en las últimas horas sobre Ceuta, ciudad española que ha sufrido la mayor crisis migratoria de la historia de nuestro país, con hasta 60.000 migrantes de origen magrebí que han cruzado la frontera sin control. Un escenario que ha abocado a una pronta respuesta por parte del Ejército y del Gobierno central de Pedro Sánchez con las autoridades de Marruecos y que, desde el plano meramente político, ha acarreado duras críticas por parte de la oposición de Génova.

El Partido Popular, desde el primero momento que trascendió la crisis, ha venido esgrimiendo un discurso de reproche hacia las actuaciones del Ejecutivo de Pedro Sánchez, así como la defensa del cierre inmediato de las fronteras y vinculando la regularización de inmigrantes con este episodio, entre otros matices.

En un primer comunicado lanzado por Alberto Núñez Feijóo, el dirigente del PP condenó la “situación crítica” en Ceuta y acusó al Gobierno de no reconocer “un grave problema de Seguridad Nacional”: “El Gobierno no puede mirar para otro lado. Tiene que reconocer la emergencia. La situación es insostenible y tiene que actuar ya”, instando así a activar el artículo 23 de la Ley de Seguridad Nacional por la que se podría declarar la emergencia, cerrar fronteras, movilizar al Ejército y acciones diplomáticas con Marruecos.


Bajo el mismo marco, su ‘números dos’ en Génova, Miguel Tellado, llegó a vincular este episodio de crisis migratoria con la regularización de inmigrantes aprobada por el Ejecutivo meses atrás: “A nadie puede sorprenderle que miles de personas quieran entrar en un país que regulariza a más de un millón de inmigrantes irregulares de un día para otro”, defendió el secretario general del PP a través de redes sociales, reiterando que estos ciudadanos magrebíes llegan a Ceuta “con la expectativa de que Pedro Sánchez les convierta más pronto que tarde en ciudadanos españoles” y bajo la promesa de que “los que vengan” serán nacionalizados “pronto”.

Tellado obvió matizar que la regularización de migrantes se aplica a aquellas personas que lleven residiendo en España antes del 1 de enero de 2025, con situación administrativa irregular, que puedan acreditar su permanencia con documentos válidos y que no tengan antecedentes penales.

Tras estas palabras, este viernes el presidente del Gobierno, junto al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se han desplazado a la ciudad autónoma para atender de primera mano la urgencia. En su comparecencia posterior a la reunión con el gobierno ceutí de Jesús Vivas, Sánchez ha denunciado que esta crisis es sinónimo de una “violación de la integridad territorial” de España: “El Gobierno se compromete con el presente y el futuro de Ceuta y dispondrá de todos los resortes y recursos para garantizar la seguridad y la convivencia en Ceuta y Melilla”, ha garantizado.

Al respecto, Núñez Feijóo ha acusado a Sánchez de “improvisar” con el anuncio de instalación de boyas en el espigón de Ceuta, criticando así que su gestión “no está a la altura” que requiere la emergencia. En contraposición a ello, el líder del PP ha anunciado que viajará este sábado a la ciudad autónoma, reiterando que lo sucedido se trata de “una crisis de soberanía y nada tiene que ver con lo sucedido en 2021”, cuando aconteció un episodio de similares características, aunque en menor volumen a la actual si se comparan las cifras.

Sumado a ello, en una posterior publicación en redes sociales, ha lamentado que durante la noche “ha seguido llegando gente y quienes están sobre el terreno describen una ciudad ocupada”, culpando así al Gobierno de actuar “con debilidad” y exigiendo poner “instrumentos y medios a su disposición” para frenar la situación.

Horas más tardes, el líder de Génova ha lanzado una batería de seis medidas “urgentes” que debería poner en marcha el Gobierno, entre las que pasan por reforzar la seguridad en las fronteras con Marruecos desde Ceuta, recuperar el control de las mismas con el despliegue de Frontex, garantizar el retorno a Marruecos de los migrantes que han cruzado la línea, elevar “al máximo las gestiones con Marruecos y coordinar la respuesta con los socios europeos”, convocar al Congreso de los Diputados “para tramitar con urgencia la reforma de la Ley de Extranjería” que presentó su partido y, por último, depurar responsabilidades políticas.

“Si hubo fallos de previsión o de actuación, deben asumirse responsabilidades. La prioridad es recuperar el control de la frontera, garantizar la seguridad en Ceuta y defender la soberanía de España. Todo lo demás debe esperar a que esta crisis está resuelta”, han abogado desde el PP.

Cerca de 50.000 inmigrantes retornados

En cuanto a las cifras humanitarias que deja esta crisis, el Gobierno ha anunciado que han sido 48.300 los inmigrantes que han sido devueltos a Marruecos desde Ceuta hasta las 18:00 horas del viernes, cuando las cifras de las llegadas se cifraban en unos 60.000 que cruzaron la frontera a nado o bordeando el espigón del Tarajal.

Al tiempo, las labores de la Policía y la Guardia Civil han impedido en las últimas horas un intento de decenas de personas a entrar en el puerto de Ceuta, desde donde parten los barcos en dirección a la Península.

Esta crisis humanitaria también ha dejado al menos 57 personas fallecidas desde este jueves, la mayoría ahogadas cuando trataban de bordear el espigón del Tarajal, aunque, si se suma la cifra del miércoles, el número oficial se eleva a 86 inmigtantes.

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