El PP acusa al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de ordenar investigar al presidente de la Generalitar, Pere Aragonès, mientras negociaba con él. Fuentes 'populares’ resuelven que el CNI “tiene la obligación de acometer cuantas acciones sean necesarias para proteger el Estado de cualquier riesgo o amenaza” y que en este marco el presidente del Gobierno “señaló como objetivo en 2019 la lucha contra aquellos que tengan voluntad y capacidad de subvertir el orden constitucionalidad”. 

Añaden estas fuentes que el máximo responsable de Moncloa “consideraba a ERC un partido peligros para la integridad territorial y autorizó que fuera investigado mientras se sentaba con sus dirigentes en una mesa de diálogo bilateral para proteger su mandato, aunque fuera a costa de desproteger a nuestro país”. Y mantienen que las “amenazas” de aquel año “son las mismas que existen hoy” y que el Gobierno quiere amnistiar. “Pasa de investigar a partidos para prevenir delitos a eliminarlos para pactar con formaciones políticas investigadas por indicación suya”. En la misma línea, apuntala que el Gobierno “cesó a la directora del CNI por exigencias de ERC” y que el TC “es considerado un enemigo del Estado”. “ERC apoya a Sánchez a pesar de las escuchas”, condena.

Las escuchas comenzaron con el PP

El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) pidió al Tribunal Supremo el permiso para espiar con el sofwtare Pegasus el móvil del presidente de la Generalitat entre julio de 2019 y marzo de 2020 con el argumento de que era el político de ERC era quien se encontraba coordinando las acciones de los CDR en Cataluña. De este modo lo señalaron los servicios secretos ante el juez del Supremo encargado del control del CNI, según los autos que autorizaron el uso del programa, facilitados por el Ejecutivo al juez que investiga el espionaje al presidente catalán.

Desde Moncloa defienden que las escuchas que se están conociendo en estos momentos forman parte de operaciones iniciadas por el CNI antes de que Sánchez llegara al Gobierno y que siempre dispusieron de autorización judicial. En la misma línea, el Ejecutivo Central destaca que ni el propio CNI, ni el Supremo tienen la obligación de informar al Gobierno de las acciones que está llevando a cabo.

El Gobierno remitía esta semana los tres autos del Supremo a la vez que el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, celebrara que "ahora hay transparencias, garantías y Estado de derecho", mientras que con el PP la tónica habitual era la de la "guerra sucia" y "policías paralelas".

Espionaje con 'Pegasus'

Los autos a los que hacen alusión los hechos constan de julio de 2019, octubre del mismo año y enero de 2020. En la primera fecha, el juez del TS autoriza el ataque y otras dos prórrogas de tres meses de los meses señalados. Según las resoluciones judiciales, el CNI propuso el espionaje de Aragonès cuando éste era vicepresidente -entonces el presidente era Quim Torra- porque consideraba que estaba coordinando a los CDR desde la “clandestinidad”.

En estas, la petición para utilizar el software no venía por la petición de Aragonès por su condición de vicepresidente, sino por su presunto papel de “dirección y coordinación” de las actividades de CDR, que coincidían con las protestas contra la sentencia del procés y los meses siguientes. El político catalán fechó los ataques en un primer momento a los días 4, 5 y 13 de enero de 2020, en pena investidura de Sánchez, pero un informe posterior ampliaba el periodo y dictaba que la infección al teléfono de Aragonès pudo haberse dado entre julio de 2018 y marzo de 2020.

'Operación Cataluña' en la era Rajoy

Entretanto, en las últimas semanas se ha evidenciado que durante la era de Mariano Rajoy se investigó de manera ilegal a políticos independentistas para evitar su auge. Los hechos tuvieron lugar entre 2012 y 2016 y para ello, el Ejecutivo 'popular' apeló a una guerra sucia clara con la elaboración de pruebas falsas para desacreditar a políticos de esta ideología, concretamente de ERC y de Convergencià Democrática de Catalunya (CDC), embrión de Junts.

Solo la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha roto la línea de expresión del partido después de que Fiscalía abriese una investigación oficial contra las maniobras de Interior. De esta manera, mientras el portavoz del PP, Miguel Tellado, o el propio Rajoy lamentaban la decisión del Ministerio Público, la dirigente madrileña considera "coherente" que España "se proteja". 

"Yo no estoy a favor de inventarse absolutamente nada y faltar a la verdad, pero creo que todo lo que sea herramientas por parte del Estado para protegerse me parece bien y creo que eso cualquier Estado en el mundo lo hace", decía en un primer momento, para añadir que "cualquier Estado normal y coherente se protege y protege sus instituciones, así como sus intereses y soberanía, además de sus fronteras, cosa que no hacemos nosotros". En este sentido, Ayuso también critica que ahora se investigue el espionaje, pero sin lanzar dardos al Gobierno actual ni a la Justicia, ve con buenos ojos este tipo de prácticas cuando son necesarias, entendiendo como tal y siempre atendiendo a la idea de la responsable de Sol, la situación de hace unos años en Cataluña.

ERC considera todo de una "gravedad extrema"

La diputada de ERC en el Congreso, Teresa Jordà, ha señalado que considera "un despropósito más" que afecta a la relación entre los republicanos y el PSOE que el  investigase a  Aragonès al creer que era él quien dirigía a los CDR.

En una entrevista de este viernes en La2 y Ràdio4 ha tachado de "gravedad extrema" la posibilidad de que el presidente del Gobierno supiese del espionaje a Aragonès a través del software Pegasus.

Por ello, ha defendido que si "estás negociando y te están espiando, evidentemente, todo tiene efectos" al preguntársele por si la última información sobre el espionaje al presidente de la Generalitat podría afectar a la relación entre partidos en futuras negociaciones en el Congreso de los Diputados.