La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha abierto un expediente sancionador contra once consultoras de ingeniería por su presunta participación en prácticas anticompetitivas destinadas a manipular licitaciones públicas. El organismo regulador considera que las empresas pudieron alcanzar acuerdos para repartirse contratos y coordinar la presentación de ofertas, vulnerando el artículo 1 de la Ley 15/2007, de Defensa de la Competencia.
La investigación, identificada con el código S/0015/25, apunta a un posible sistema de concertación mediante el cual las compañías intercambiaban información comercial sensible y presentaban propuestas pactadas de antemano. Entre las firmas señaladas figuran Alauda Ingeniería, Applus Norcontrol, Ciesm-Intevia, Estudios y Servicios de Movilidad y Gestión de Infraestructuras, Heymo Ingeniería, Incope Consultores, iPlan Movilidad, Prointec, Sener Ingeniería y Sistemas, Tema Ingeniería y TPF Getinsa Euroestudios.
Según ha informado la CNMC, las empresas habrían participado en un reparto de contratos públicos de consultoría y asistencia técnica en ingeniería convocados por diferentes organismos estatales, autonómicos y locales. El mecanismo, siempre presuntamente, consistía en presentar ofertas ficticias o de cobertura en determinados concursos para garantizar la adjudicación a una de las compañías del grupo, reduciendo así la competencia real y alterando las condiciones del mercado.
El expediente se ha iniciado tras el análisis de diversas licitaciones destinadas a contratar servicios de consultoría y asistencia técnica para proyectos vinculados a infraestructuras viarias. En el marco de la investigación, la Dirección de Competencia llevó a cabo inspecciones en las sedes de varias empresas del sector. Entre el 30 de enero y el 2 de febrero de 2024 se realizaron actuaciones en AECOM Spain DCS, Alauda, Prointec, SGS Tecnos y Getinsa. Meses después, entre el 25 y el 28 de noviembre de 2024, las inspecciones se extendieron a Esmovilidad, Heymo, imesAPI y Tema. Estas actuaciones forman parte de las herramientas habituales del regulador para recabar pruebas documentales y electrónicas que permitan determinar la existencia de posibles acuerdos ilícitos.
La CNMC subraya que la incoación del expediente no implica una resolución definitiva ni prejuzga el resultado final del procedimiento. A partir de ahora se abre un periodo máximo de 24 meses para la instrucción y resolución del caso, durante el cual se analizarán las pruebas y se dará audiencia a las empresas implicadas.
De confirmarse las prácticas investigadas, las compañías podrían enfrentarse a sanciones económicas significativas, dado que la legislación española de defensa de la competencia contempla multas proporcionales al volumen de negocio de las empresas infractoras.
