El caso Vinicius se ha convertido en una nueva arista de una campaña electoral que apura sus estertores. El racismo en el fútbol español se ha colado con la suficiente intensidad como para forzar a todos los actores de la vida pública a posicionarse. Moncloa no es ajena al espectáculo vivido en Mestalla, aunque, como casi siempre en la coalición, los socios han afrontado el conflicto con estrategias bien diversas, máxime tras el enfado del Gobierno brasileño. La cacofonía discursiva habitual. El ala socialista, con el Ministerio de Asuntos Exteriores a la cabeza, asume la diplomacia para aplacar los ánimos con Brasil a través de “contactos a diferentes niveles”. En cambio, el departamento de Igualdad, bajo la tutela de Irene Montero, ha validado las tesis de Lula da Silva y el extremo zurdo del Real Madrid y entienden que sucesos como el que tuvo lugar en Valencia no son puntuales, sino que están “profundamente arraigados en la sociedad”. O lo que es lo mismo, “España es un país racista”.

El presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, sembró el debate desde Hiroshima. Vinculó el suceso al “racismo y fascismo” cuasi cotidiano en los estadios de LaLiga y amplificó la pauta marcada por el propio Vinicius en uno de sus posts en redes sociales: “España es un país racista”. Al mensaje del líder del Ejecutivo brasileño, se adhirieron todos los miembros de su gabinete, denunciando una inusitada pasividad de sus colegas de Moncloa para atajar el problema, además de redoblar la presión con su embajador en España. Exteriores respondió con diferentes contactos a todos los niveles. Es decir, medicina diplomática para cauterizar la herida. Un método que choca con el comunicado conjunto del Ministerio de Igualdad de Irene Montero y su homólogo brasileño. Un documento que, por supuesto, no solo transitaba la linde discursiva de Brasil, sino que además, al menos según apunta El Confidencial, destacados miembros de la coalición desconocían el movimiento antes de su aprobación.

Presión de Podemos

La declaración se desarrolló a iniciativa de los departamentos de Igualdad de sendos países, aunque en el caso de la cartera española, su responsable, Irene Montero; no consensuó el texto con el resto del gabinete presidencial. Así lo trasladan, según el citado medio, desde el departamento del ramo, pero también voces autorizadas del Ejecutivo de coalición. No obstante, desde la cartera de Asuntos Exteriores, puntualizaron posteriormente que sí estaban sobre aviso de la publicación del comunicado en cuestión, que alberga destacados tintes de institucionalidad: “Los estados firmantes, a través de la presente comunicación, insisten en este compromiso antirracista y feminista compartido y en la importancia de tomar acciones concretas y efectivas para la promoción de la igualdad y la lucha contra el racismo como pilares esenciales para el desarrollo de ambos países”.

El documento conjunto entre los ministerios de Igualdad de España y Brasil insta a todas las instituciones “competentes” a proporcionar una respuesta “con la máxima diligencia” para la adopción de medidas ante este “y todos los casos que acontecen en el ámbito deportivo y que no pueden quedar impunes”. Subrayan la necesidad de garantizar el “acompañamiento, protección y reparación de las víctimas” de estos delitos de odio. En términos internos, se apela a la “futura ley del racismo” como un horizonte para “articular y materializar esta agenda de forma integral”.

Diplomacia por bandera

En cambio, el socio mayoritario del Gobierno navega en otras aguas a priori mucho más calmadas. Moncloa resta importancia al conflicto diplomático con Brasil, al tiempo que condena enérgicamente el comportamiento racista de un sector de la grada de Mestalla -clausurada por el Comité de Competición durante cinco partidos-. El mensaje que se transmite y que escenificó la portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros es que en España el racismo “se persigue”. La titular de Política Territorial garantizó la “plena seguridad jurídica” en el país, tanto en el ámbito de actuaciones judiciales como en las policiales. “Lo decimos a todos nuestros compatriotas y al ámbito internacional: en España estos comportamientos no quedan impunes y se trabaja para perseguirlos”, añadió ante las preguntas de los medios de comunicación.

Si bien el Ministerio de Igualdad, en su comunicado conjunto, apeló a la ley del racismo, el ala socialista ha evitado toda mención al mentado texto. No consideran crucial la modificación de la legislación actual a pesar de la situación de este fin de semana en Mestalla. De hecho, Rodríguez se aferraba con uñas y dientes a la “seguridad jurídica” en España, aludiendo a las detenciones practicadas por la Policía Nacional este pasado martes a tres personas supuestamente identificadas con los insultos racistas proferidos a Vinicius. Sin embargo, fuentes del Ejecutivo admiten en privado que los métodos a disposición del Gobierno para perseguir estas actitudes son insuficientes, aunque consideran que es una cuestión de “educación”.

Posiciones distanciadas

La disonancia argumental es palmaria y ya se manifestó en las primeras horas tras la polémica racista. En esos primeros momentos, el titular de la cartera de Exteriores, José Manuel Albares, destacaba en Bruselas la tolerancia de la sociedad española, contrarrestando el “España es un país racista” de Vinicius y de Lula da Silva, auspiciado por Podemos. “Rechaza claramente el racismo”, prosiguió el ministro del ramo, sin contar con que su compañera de Gabinete, Irene Montero, situaba el acento en la proliferación de casos similares en “ámbitos deportivos”.

Las tesis de Montero orbitan sobre las tesis de que la “normalización de los discursos de odio” han abierto las puertas a la cotidianeidad de esta clase de comportamientos. “Nos queda mucho por hacer. Eso es evidente, sigue existiendo racismo en nuestra sociedad”. Albares, en cambio, insistió el martes en que la sociedad española condena enérgicamente el racismo. “Es plural, tolerante y diversa y esos valores son los profesan la mayoría de los españoles y la inmensa mayoría de los valencianos”, apostilló el titular de Exteriores.

Si los discursos difieren, las agendas no transitan un sendero diferente. La embajadora de España en Brasil ha intensificado sus contactos con Albares, mientras que la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha descolgado el teléfono para conversar con la titular de Igualdad Racial de Brasil, Anielle Franco. De hecho, fue la ministra brasileña la que instó al Ejecutivo a tener un “posicionamiento directo”. Entre tanto, Irene Montero tiene prevista una reunión con el embajador de Brasil en España, fechada para la próxima semana, en la que abordarán las reiteradas muestras de racismo en los estadios de España.