Podemos, el socio más díscolo del Gobierno, se abre ahora a negociar el traspaso de competencias de inmigración a Catalunya después de haber pactado con el Ejecutivo una regularización extraordinaria de migrantes, que afectará ―según los cálculos estimados― a más de medio millón de personas. La eurodiputada y número dos de Podemos, Irene Montero, ha asegurado este martes que esta iniciativa saldrá del cajón del Congreso de los Diputados para sentarse a hablar sobre esta proposición de ley que impulsaron Junts y el PSOE.
Montero ha defendido que “esta es la relación con el PSOE que permite avanzar en derechos” pese a las “críticas” y el “ruido”. En una entrevista concedida a la Cadena Ser Catalunya, la exministra del Gobierno ha admitido haber estado siempre dispuesta a “negociar un texto para que no tenga ningún contenido racista y siempre dijimos que antes de hablar de competencias había que hablar de derechos”.
El partido de Carles Puigdemont arrancó al PSOE el compromiso de ese traspaso al comienzo de la legislatura, pero cuando el debate llegó al Pleno este otoño los cuatro diputados de Podemos tumbaron la medida. En aquel momento, hablaron de una ley con contenido “racista” y ya pusieron sobre la mesa la regularización extraordinaria de migrantes como requisito para sentarse hablar de cualquier otra cosa relacionada con este asunto.
Montero ha reconocido este martes que han pactado algo con el PSOE a cambio de la regularización que anunciaron el lunes, pero ha insistido en que no puede desvelar el contenido por petición expresa de los socialistas. No obstante, preguntada por las competencias de inmigración, la eurodiputada ha reconocido que esta medida era “uno de los elementos fundamentales” para que cualquier traspaso “no refuerce el racismo” y la “violencia institucional” contra las personas migrantes.
🟣@IreneMontero, sobre el suport de @PODEMOS al traspàs de competències en immigració a Catalunya pactat per @PSOE i @JuntsXCat:
— Aquí Catalunya (@AquiCatalunya) January 27, 2026
🗣️"Estem disposades a negociar. La regularització de migrants és fonamental perquè el traspàs no reforci el racisme i la violència institucional" pic.twitter.com/Z70I0S6tjZ
Según la dirigente de Podemos, no es el único requisito que negociarán llegado el momento, pero sí un primer paso que habilita a que el partido se siente a negociar una ley que es clave para la continuidad de la legislatura. Junts rompió las relaciones con el Gobierno por tres razones: la falta de ejecución de la amnistía en los juzgados, el bloqueo de las lenguas oficiales en la Unión Europea y la falta de avances en este traspaso de competencias. Si finalmente este asunto avanza, los socialistas habrán empezado a desbloquear la relación con los independentistas catalanes de cara al futuro de la legislatura.
Sin embargo, Montero ha negado que esta regularización tenga algo que ver con el estado de la negociación de los Presupuestos Generales del Estado y ha sostenido que parea esas conversaciones, su formación mantiene las condiciones fijadas un año atrás y que refrendaron los inscritos: romper relaciones con Israel, bajar los alquileres por ley, ilegalizar organizaciones como Desokupa y no incrementar un solo euro en gasto militar a través de esas cuentas públicas. “Son dos negociaciones completamente diferentes. Y el PSOE sabe que si no baja alquileres por ley y deja de gastar en armas no va a contar con nuestros votos”, ha remarcado
“Hemos conseguido lo que el PSOE no quería hacer. Es una seña de identidad de Podemos. Cuando se aguanta un chaparrón y se resiste, eso te habilita para negociar lo que no podía ser negociado”, ha defendido este martes la candidata del partido a las próximas elecciones.
La votación de la PL del PSOE y Junts provocó una fisura en el Grupo Parlamentario de Sumar. Los diputados de Sumar Alberto Ibáñez (Compromís), Jorge Pueyo (Chunta Aragonesista) y Esther Gil votaron en contra de la iniciativa.
En rueda de prense desde el Congreso, el portavoz de los Comuns y diputado de Sumar en el la Cámara Alta, Gerardo Pisarello, ha defendido este martes que el pacto alcanzado entre el Gobierno y Podemos para la regularización extraordinaria de personas migrantes crea un escenario más favorable para reactivar la negociación sobre el traspaso de competencias en materia migratoria a Cataluña.
