La concesión de los indultos ofrece al presidente del gobierno el crédito imprescindible ante Europa para empujar la negociación política hacia horizontes todavía por determinar. Pedro Sánchez cumple con el espíritu del Consejo de Europa, y seguramente con los deseos susurrados por más de un colega del consejo europeo, y con ello gana en credibilidad mucho más de lo que vaya a perder por las críticas de la derecha inmovilista. Respecto de la reacción pública de los dirigentes independentistas no puede hacerse ilusiones: oscilará de la indiferencia al menosprecio pasando por alguna buena palabra de condescendencia acompañada de la exigencia de la amnistía. La Cataluña hastiada del procés ve abrirse una ventana de oportunidad para reconducir la situación, sin lanzar las campanas al vuelo, vistas las resistencias despertadas por las medidas de gracia, los unos por exceso y los otros por defecto.

La decisión supone para el independentismo una pequeño paso personificado en los condenados por el Tribunal Supremo que permanecían encarcelados y siguiendo con el símil de Neil Armstrong implica un gran salto para Pedro Sánchez al romper con la deriva de la judicialización emprendida por el gobierno del PP presidido por Mariano Rajoy. Esta es sin duda una condición sine qua non para reconducir el conflicto político del Estado con los independentistas catalanes, aunque no permite presumir ningún desenlace concreto ni tan solo supone una garantía de que vaya a intentarse realmente. Es oxígeno para una mesa que se ahogaba en la incredulidad, una dosis que debe durar al menos dos años, los que Aragonés sonsacó a JxCat y la CUP en la investidura.

“No podemos comenzar de cero, pero si podemos comenzar de nuevo”, afirmó el presidente Sánchez en el acto del Liceu, admitiendo una verdad incontestable. Las cosas están peor hoy, o lo estaban ayer, que no lo estaban en 2010. Nadie va a olvidar (y algunos tampoco a perdonar, según parece) lo decidido por el Tribunal Constitucional respecto del Estatuto de 2006, ni el intento frustrado de la mayoría del Parlament de aniquilar el estado de derecho en Cataluña en 2017 abocando al país a una división interna desconocida, tampoco la actuación policial el 1-O por muy ilegal que fuera aquel referéndum, ni la aplicación del 155 a destiempo, ni el desgarro de la cárcel consecuencia de una sentencia desorbitada o el frenesí de la fiscalía persiguiendo sediciosos por doquier.

El conflicto ha ido acumulando daños colaterales en el último decenio (“la suma de los errores de cálculo de todos”, dijo Sánchez); sin embargo, la esencia y la gravedad del problema persiste intacta. De hecho, los indultos solo palían parte de estos daños colaterales. Con los decretos leyes y con la declaración de intenciones hecha por el presidente del gobierno tras el Consejo de Ministros que los aprobó, la pelota está en el tejado del Govern de Aragonés. “Una democracia como la española no condena ideas pero exige que las ideas se defiendan por marcos legales”, afirmó Sánchez categórico.

Tras esta declaración de principios que enmarca el campo de juego y condiciona la agenda de la mesa de negociación, ¿cuánto tiempo podrá aguantar el presidente de la Generalitat sin reconocer estos “marcos legales” a la vez que repite su predisposición a negociar sin perder su credibilidad? o ¿Puede Aragonés mantener la ficción durante dos años, ante sus socios y ante las bases de ERC de estar negociando con Pedro Sánchez sobre autodeterminación y amnistía? Porque la pregunta subsiguiente es más fácil de responder: difícilmente Pedro Sánchez puede transitar durante los próximos dos años soportando la presunción de estar negociando con el presidente de la Generalitat el ejercicio del derecho de autodeterminación y menos todavía enfrentar una elecciones generales con esta duda como eslogan electoral del PP.

La primera reacción del independentismo a los indultos no puede haber sorprendido a nadie. Unas pocas voces, entre ellas la de la presidenta de la ANC, Elisenda Paluzie, han reflejado el éxito que supone para Pedro Sánchez el haberse atrevido con tal decisión, debilitando así la argumentación de la “represión contra el independentismo”. El resto del coro soberanista ha transmitido el mensaje de un primera derrota del estado aunque irrelevante para la causa, salvo para los presos. Oriol Junqueras, en otro vaivén declarativo, habló del “debilitamiento de los aparatos del Estado” por perdonarle la condena que le quedaba, aunque sigue inhabilitado.

El independentismo tiene por delante un largo camino de adecuación de los planes teóricos a las posibilidades del “marco legal” en el que se mueve Pedro Sánchez y con él la aplastante mayoría del Congreso de los Diputados. En primer lugar, en el propio Parlament, cuya mayoría es dada a interpretar muy alegremente la realidad estatutaria y constitucional en cuanto a sus competencias, muy alejadas de la soberanía que suelen atribuirse.

En el largo mientras tanto, si PSOE y Unidas Podemos pretenden avanzar en las reformas del Estado que amplíen el abanico de alternativas para enriquecer la mesa de negociación, como sugería hace poco el ministro Miquel Iceta, deben hacerse a la idea de tener que soportar el escepticismo del independentismo. Al menos hasta que alguien, tal vez Pere Aragonés, tenga la fuerza imprescindible para reorientar el discurso soberanista hacia posiciones reformistas. De momento, oficialmente, al independentismo solo le interesa la quiebra del Estado español.