La sanidad privada ya mueve ficha para que una segunda ola de coronavirus no les afecte económicamente al igual que la primera, aunque ello implique saturar aun más la pública. Prueba de ello son las declaraciones recientes realizadas por Carlos Rus, presidente de la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE), a 'Redacción Médica', reclamando una serie de medidas para hacer frente a la pandemia. De esta manera, entre otras cosas, la patronal pide que se apliquen distintos modelos de actuación según el territorio, para evitar que en algunas zonas “los hospitales privados se mantengan abiertos, llenos de personal y vacíos de pacientes" y en otros exista “un estrés de asistencia brutal”.
Asimismo, ASPE también exige que en la segunda ola “se consideren esenciales solo aquellos centros hospitalarios con Urgencias y Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y que el resto se le permita mantener su atención bajo demanda”. En este sentido, cabe recordar que durante el estado de alarma el Gobierno declaró a la Sanidad Privada como actividad esencial, como medida para oxigenar a la Sanidad Pública. Bajo esa distinción, no se les permitió acogerse a políticas de empleo como los Expedientes de Regulación Temporales de Empleo (ERTEs), con lo que se vieron obligados a mantener a toda la plantilla. Además, se les privó de poder realizar otras actividades sanitarias que no tuvieran relación directa con el coronavirus, salvo casos de fuerza mayor.
Una contribución que la ASPE ha cifrado en 246 millones de euros, que es la cantidad que llevan tres meses reclamando al Estado como compensación por la labor realizada. Un pago que esperan que se realice “antes de que termine el mes de julio para que los centros tengan tiempo de mejorar su capacidad económica y recuperen su estabilidad”. Además, apuntan que cerca de 2.400 centros sanitarios privados sin internamiento tendrán que cerrar al no poder asumir los gastos del día a día. Un número que Rus augura que puede ascender hasta los 5.000 en el caso de que se produzca una segunda oleada de contagios en otoño y no se tomen las medidas de compensación económica que piden.
