La reciente desclasificación de documentos relacionados con el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 ha sacado a la luz una dimensión menos conocida de aquellos acontecimientos: los intentos organizados de apoyo económico a los militares y guardias civiles implicados en el asalto al Congreso de los Diputados. Las notas informativas ahora públicas revelan movimientos en distintos ámbitos —castrenses, asociativos y empresariales— orientados a mitigar las consecuencias económicas derivadas de los procesamientos y expulsiones del Ejército.
Uno de los documentos más relevantes está fechado el 18 de marzo de 1981, apenas tres semanas después del asalto encabezado por el teniente coronel Antonio Tejero. Bajo el asunto “Ayudas a los implicados en el 23-F”, la nota recoge que “desde altas instancias castrenses, se podría iniciar una campaña de ayuda económica para los familiares de los militares y guardias civiles implicados en el asalto al Congreso de los Diputados”
El texto añade que existía “una firme convicción, en un sector del Ejército, de no tolerar, de ninguna manera, cualquier intento de persecución a los referidos familiares”, circunstancia que, según la propia nota, estaba comenzando a generar “un elevado malestar en el seno de las Fuerzas Armadas”
La redacción del documento refleja que, en las semanas posteriores al golpe fallido, coexistían dentro del estamento militar distintas sensibilidades respecto a la respuesta judicial y disciplinaria contra los implicados. Más allá de las responsabilidades penales, el foco se situaba también en el impacto económico que recaía sobre las familias de los procesados.
Un segundo documento, fechado el 27 de marzo de 1981, detalla que la Asociación de Mujeres de Militares y Policías había recibido “cuantiosas sumas económicas” en concepto de donativos para las familias de los guardias civiles implicados, así como para los herederos de víctimas de asesinatos
Según la nota, los fondos se encontraban depositados en una cuenta del Banco Central a nombre de la asociación. Sin embargo, por orden del Ministerio del Interior, la cuenta fue bloqueada, impidiendo a sus titulares disponer del dinero. El documento no detalla el volumen exacto de las cantidades ingresadas, pero sí constata la existencia de una corriente de aportaciones económicas tras el 23-F.
El bloqueo de la cuenta evidencia que el Ejecutivo actuó para controlar posibles circuitos financieros vinculados al entorno de los implicados, en un momento en el que el Gobierno trataba de reafirmar la autoridad institucional tras el intento de ruptura del orden constitucional.
La dimensión económica no quedó limitada a las semanas posteriores al golpe. Un tercer documento, fechado el 10 de mayo de 1983, señala que algunas de las personas procesadas por el 23-F habían llegado a perder su condición de militares, lo que les suponía “una merma importante en sus ingresos”. Ante esta situación, “un grupo de empresarios, amigos y simpatizantes de ellos (…) formarán un fondo común todos los meses, con lo que se intentará paliar las necesidades económicas de las familias de algunos de los implicados”.
Este último texto muestra que las iniciativas de apoyo no se limitaron al contexto inmediato del juicio, sino que se proyectaron en el tiempo, al menos hasta 1983, cuando ya se habían dictado condenas y ejecutado expulsiones del Ejército. La creación de un fondo mensual sugiere una estructura organizada y sostenida para compensar la pérdida de ingresos derivada de las sanciones.
Lo que revelan los nuevos documentos
En conjunto, los tres documentos dibujan un escenario en el que, tras el fracaso del golpe, se activaron distintas redes de apoyo económico hacia los implicados. Por un lado, se plantea la posibilidad de una campaña promovida desde “altas instancias castrenses”; por otro, se constata la recepción efectiva de donativos a través de una asociación vinculada a familiares de militares y policías; finalmente, se recoge la iniciativa de empresarios y simpatizantes para constituir un fondo periódico de ayuda.
La documentación no detalla identidades concretas —más allá de referencias genéricas a sectores o grupos— ni cuantías específicas de los fondos movilizados, pero sí confirma que la dimensión económica formó parte de la respuesta social e interna que generó el 23-F.
Más de cuatro décadas después, estos papeles amplían el conocimiento sobre las consecuencias inmediatas y prolongadas del intento de golpe de Estado. Junto a los procesos judiciales, las condenas y las decisiones disciplinarias, los documentos muestran que también existieron mecanismos de solidaridad económica impulsados desde diferentes entornos.