Quince años después de convertirse en uno de los mayores fiascos de la gestión del Partido Popular en la Comunidad de Madrid, el llamado “tren fantasma” de Móstoles a Navalcarnero podría tener una segunda vida. La infraestructura, concebida como una ampliación de la red de Cercanías para dar servicio a más de medio millón de vecinos del suroeste madrileño, se quedó a medio construir, devorada por litigios, sobrecostes e investigaciones judiciales. El proyecto llegó a costar 162 millones de euros en indemnizaciones y pagos a la constructora adjudicataria, pero jamás ha visto pasar un convoy. Hoy, el Ministerio de Transportes, tal y como apunta el periódico ‘El País’, se ofrece a retomar y finalizar las obras, con la intención de transformar un símbolo de despilfarro y corrupción en una solución real de movilidad.
La historia arranca en 2009, cuando la entonces presidenta regional Esperanza Aguirre anunció a bombo y platillo una línea de Cercanías que uniría Móstoles con Navalcarnero a lo largo de 15 kilómetros y siete estaciones. La adjudicación recayó en OHL —hoy OHLA— con un presupuesto de 369 millones de euros y un calendario que prometía inaugurar el servicio en 2015. Sin embargo, en apenas un año las excavadoras se pararon. La constructora abandonó el proyecto alegando problemas financieros y falta de garantías. Desde entonces, el trazado quedó convertido en un esqueleto de hormigón: túneles ciegos, terraplenes inacabados y estaciones a medio levantar que emergen como ruinas modernas a la entrada de Navalcarnero.
162 millones pagados por nada
Lejos de resolverse, el fiasco se prolongó durante más de una década en los tribunales. Tras años de pleitos, en 2021 el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso acordó pagar 162,5 millones de euros a OHL como indemnización por las obras ejecutadas y los intereses de demora acumulados. La cifra supuso enterrar cientos de millones de dinero público en un proyecto sin trenes, sin viajeros y sin vías. Aquel pago fue calificado por la oposición como un “rescate encubierto” a la constructora y como un ejemplo de la pésima gestión de los gobiernos autonómicos del PP. El caso, además, quedó manchado por la sombra de la corrupción: la investigación del caso Lezo señaló supuestas comisiones ilegales ligadas a la adjudicación.
El abandono del tren de Navalcarnero ha tenido consecuencias directas para los vecinos. Con más de 35.000 habitantes, el municipio se ha convertido en la mayor ciudad de la Comunidad de Madrid sin conexión ferroviaria. Sus residentes dependen del coche o de autobuses interurbanos saturados, lo que alimenta una sensación de agravio comparativo respecto a otras zonas del área metropolitana. “Los ciudadanos no entienden de competencias, entienden de que llevan quince años esperando un tren que nunca llega”, repite el alcalde socialista, José Luis Adell, que ha reclamado una solución urgente al Ejecutivo central.
La oferta del Ministerio de Transportes pretende precisamente acabar con esa parálisis. El ministro Óscar Puente ha enviado una carta a la presidenta regional solicitando la documentación técnica del proyecto y la cesión de las infraestructuras ya construidas. Solo así, asegura, podrá realizarse un estudio de viabilidad serio para reactivar las obras. “Es muy importante terminar esta línea por motivos prácticos y simbólicos”, explican. El propio Puente ha insistido en que el Estado no puede repetir los errores del pasado y que la prioridad es dar un servicio útil a los vecinos del suroeste madrileño.
La Comunidad de Madrid, por su parte, ha respondido con una mezcla de cooperación y recelo. El portavoz regional, Miguel Ángel García Martín, ha recordado que los informes técnicos “están disponibles desde hace tiempo” y que el Gobierno autonómico “ya puso la infraestructura a disposición del Ministerio”. Sin embargo, fiel al estilo que impera en Sol, ha acusado a Transportes de utilizar el asunto con fines propagandísticos y de “marear la perdiz” durante los últimos años. “Tememos que sea un paripé”, señaló hace unas semanas, cuestionando la voluntad real del Ejecutivo central de invertir en el proyecto.
La deuda histórica con Navalcarnero y Móstoles
El pulso político es evidente. Para el Gobierno de Pedro Sánchez, retomar el tren de Móstoles a Navalcarnero es también una oportunidad de marcar distancia con el legado del PP madrileño. Donde antes hubo promesas incumplidas y millones enterrados en un túnel vacío, el Ejecutivo quiere ofrecer un proyecto tangible que alivie los problemas de movilidad de una de las zonas con mayor crecimiento demográfico de la región. Para Ayuso, en cambio, el riesgo es quedar asociada a un fiasco heredado, convertido ya en un símbolo de las sombras de la era Aguirre.
La batalla no se libra solo en el terreno político. También está en juego la equidad territorial. El suroeste madrileño ha experimentado un fuerte aumento de población en los últimos años, pero sus conexiones por transporte público no han seguido el mismo ritmo. Los expertos en movilidad señalan que recuperar el proyecto tendría un impacto significativo en la reducción del tráfico por carretera y en la mejora de la calidad del aire.
El Gobierno ha fijado las bases: necesita la documentación y la colaboración de la Comunidad para reactivar las obras. Si el proceso avanza, en los próximos meses se elaborará un estudio técnico que determine los costes reales de completar la línea y el calendario posible de ejecución. En el mejor de los escenarios, explican en Transportes, las obras podrían arrancar en la próxima legislatura. Si no hay acuerdo, el tren fantasma seguirá siendo eso: una ruina moderna, una deuda histórica con los vecinos y un recordatorio del fracaso político.
