El futuro judicial del monarca emérito, Juan Carlos I, todavía tiene recorrido. Primero, la Fiscalía del Tribunal Supremo tiene que reunir los elementos suficientes que lleven a presentar una querella. Después el juez deberá admitirla. El fiscal de Sala del Alto Tribunal, Juan Ignacio Campos, ha sido agraciado con esta patata caliente real por orden de la Fiscal General del Estado, Dolores Delgado, en base a su experiencia en el ámbito del Derecho penal económico. Tres fiscales del Supremo completan el equipo que debe decidir si hay indicios suficientes de delito y de si este presunto delito se cometió cuando el antiguo rey ya no lo era.

¿Cómo ha llegado el padre de Felipe VI a esta poco edificante situación? Visto desde fuera se trata de un complejo enredo en que no falta ningún componente: Una bella amante apoderada que se confiesa con un policía/espía delincuente; la intermediaria esposa de un millonario traficante de armas gestionando pagos; fundaciones interpuestas con paraísos fiscales de fondo… El origen a lo que parece se extiende en el tiempo, con su emérita majestad encabezando partidas de empresarios a países árabes en busca de negocio. El AVE a la Meca fue la piedra de toque de esta situación cuando, tras arduas negociaciones, un consorcio de empresas españolas consiguió el contrato de adjudicación de la segunda fase de la construcción del ferrocarril siempre con la ayuda de D. Juan Carlos. Su amiga, Corinna Larsen, confesó al comisario Villarejo, hoy preso, la existencia de comisiones multimillonarias en tal concesión que habría supuestamente percibido el monarca.

Este asunto, investigado en España por la Fiscalía Anticorrupción, se archivó al entender que habría tenido lugar en la etapa en que, por estar al frente de la Corona, el rey tenía la característica de inviolabilidad que marca la Constitución. Las investigaciones de la Fiscalía de Ginebra han abierto otras posibilidades y lo que ahora tiene que dilucidar la Fiscalía del Tribunal Supremo es si a partir de 2014, el rey blanqueó capitales en los movimientos de dinero que se le suponen, o si no cumplió con Hacienda al no informar sobre sus rentas en el extranjero.

Pero aquí quedan pendientes más cosas. El hecho de que durante su reinado el carácter intocable de que le dota la Carta Magna posibilite al rey para delinquir impunemente, no parece propio de un Estado de Derecho. Puestos en lo peor: ¿El rey podía sustraer dinero con tranquilidad hasta 2014, fecha en que dejó el cargo? Eso se podría deducir del archivo inicial de las pesquisas. Al margen de que este asunto desemboque en un proceso o quede en agua de borrajas, es preciso revisar cuál es el alcance de las prerrogativas que se conceden al Jefe del Estado, porque lo que sí queda claro es que todos los españoles no somos iguales ante la Ley.

Enric Sopena es Presidente Ad Meritum y fundador de ElPlural.com