O como dice el dicho popular “que cada palo aguante su vela”. En este periodo convulso y de desasosiego social, cualquier ciudadano que se sienta demócrata y que sea mínimamente exigente y crítico en el respeto a sus derechos, habrá podido conocer e incluso leer con sorpresa un documento elaborado por Letrados de las Cortes Generales destinados en el Senado titulado “nota sobre la renovación de los miembros del Consejo de Administración de la Corporación RTVE” la radio y la televisión de todas y todos, y que se encuentra sumida en una profunda crisis, por entre otros muchos motivos, por el abandono y desatención a la que las Cortes la están sometiendo.

Dos años de provisionalidad en la dirección y gestión de la Corporación, reducción presupuestaria con presupuestos prorrogados desde el período Montoro. Carencias financieras para acceder a contenidos de servicio público atractivos para los telespectadores y la pérdida de audiencias que no se ven reconocidas en el prestador del servicio público radiotelevisivo a diferencia de aquellos años de 2005 a 2011 en que llegó a ser líder de audiencias televisivas y en credibilidad informativa, a pesar del golpe de la crisis financiera global y del paso de las emisiones en analógico a la TDT.

El informe de los letrados de las Cortes Generales causa desconcierto y hace temer que el asesoramiento que ofrecen los servicios jurídicos de las Cámaras a los diputados y senadores, a la representación de la soberanía popular, sea coherente con sus propios consejos y advertencias con las cuales ha venido orientando los procesos de toma de decisiones de los parlamentarios o, como es el caso, de los miembros del Comité de expertos para la renovación de los miembros del Consejo de Administración de la Corporación RTVE.

Nos encontramos obligados, a preguntarnos, y haciendo un muy breve relato sobre, cómo es posible que se haya llegado a redactar una nota en la que los Letrados afirman que el baremo aprobado por el Comité de expertos para la evaluación de los candidatos al Consejo de Administración de RTVE “…, fija una limitación de la idoneidad de los candidatos no prevista en la anterior regulación y que excede el mandato recibido…”. Cómo es posible que no se advirtiera esta eventualidad en su momento por los Letrados. Antes no se vio esta presunta anomalía y ahora si. Esperemos que estas diferentes apreciaciones no supongan descrédito y demérito de instituciones tan altas como las propias Cortes Generales. En todo caso no se lo merecen las Cortes y en lo que afecta a la CRTVE y el servicio público de radio y televisión, tampoco.

Ante una afirmación como la anterior o ante la sugerencia de “… que las Cámaras pueden desvincularse de la limitación de la idoneidad de los candidatos fijada por el Comité de Expertos…”, a nadie puede extrañar que 13 de los 17 miembros de este Comité hayan elevado a las presidencias de las Cámaras su protesta y petición de amparo a sus personas y como no, también a su trabajo altruista.

Lo controvertido de la nota viene de algo que no es cuestión menor, las propias Cámaras mediante la Resolución de las Mesas del Congreso de los Diputados y del Senado, de 10 de julio de 2018, aprobaron las normas para la renovación de los miembros del Consejo de Administración de la Corporación RTVE, y señalaba en relación con el Comité de expertos, entre otros extremos, que el Comité de Expertos, “gozará de plena autonomía para el desempeño de sus funciones, se relacionará con las Cámaras a través de la Comisión Mixta de control parlamentario de la Corporación RTVE y sus sociedades y tendrá su sede en la misma Cámara que ésta.” Y se añade algo más y citamos de forma literal “El Comité de Expertos dispondrá del asesoramiento previsto en los artículos 45 del Reglamento del Congreso de los Diputados y 68 del Reglamento del Senado…”. Qué nos están diciendo. Pues algo sencillo y que ahora nos causa desconcierto, pues que contaron con el asesoramiento y consejo de los Letrados de las Cortes, o lo que es lo mismo, de los servicios jurídicos de las Cámaras.

Por tanto ¿quién se excedió, el Comité de expertos, los Letrados asesores del Comité de Expertos? ¿Los de antes o los de ahora? En cualquiera de los casos, la representación de la soberanía popular no tiene por qué sufrir estos vaivenes y con ello llevar al desconcierto y a la inestabilidad a RTVE, que es tanto como desestabilizar el servicio público radiotelevisivo en España.

Las disposiciones transitorias de la Ley 5/2017, aprobada por amplia mayoría del Congreso y bajo el título de “para recuperar la independencia de la Corporación RTVE y el pluralismo en la elección parlamentaria de sus órganos”, exigen que su nombramiento se lleve a cabo por mayoría reforzada de dos tercios y, tras previamente, la “selección por concurso público con la participación de un comité de expertos” que “hará públicos sus informes de evaluación”.

A estas alturas, nadie niega que el proceso es mejorable y que esta primera experiencia de selección de miembros de un órgano como el Consejo de Administración de la Corporación RTVE y de su presidencia, por un Comité independiente y separado del Gobierno y del juego de mayorías y minorías parlamentarias no dio el resultado que algún Grupo Parlamentario o Grupo de interés hubiera deseado, pero es igualmente de indudable que la ley que el propio Parlamento aprobó debiera de desplegar su “imperio” también sobre el propio Parlamento y dar ejemplo de madurez democrática y acatamiento de las reglas del juego que nos hemos dado. La responsabilidad última de que el proceso de elección del Consejo de Administración de la Corporación RTVE recae en todo caso, en el propio Parlamento.

Hoy nos enfrentamos a un escenario de parálisis que, tras dos años de proceso de evaluación y selección de candidatos, permanece bloqueado a pesar de darse todas las condiciones y de contar con los mimbres necesarios para ofrecer a todos los ciudadanos un Consejo de Administración y una Presidencia idóneas para RTVE, la radio y la televisión de todas y todos, que tanto cuesta a algunos entender que no es suya.

Ángel García Castillejo. Abogado. Doctor en Derecho y en Ciencias de la Información. Profesor de Comunicación en la Universidad Carlos III de Madrid. Rafael Díaz Arias. Periodista. Doctor en Derecho