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La filtración del informe de los peritos de Hacienda sobre los posibles delitos fiscales del PP a un asesor de Cristóbal Montoro (hermano además del director de la Agencia Tributaria y que ha ocupado altos cargos en la misma) antes de que llegara al juez Pablo Ruz no solo supone un acto gravísimo sino que también permitió a dicho experto distribuir a los medios un argumentario que está contaminando la opinión pública con inexactitudes. Así lo advierte a ELPLURAL.COM el director general de los Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA), José María Mollinedo, quien explica que en el informe del perito no se ofrecen alternativas sobre si el PP cometió fraude fiscal o no, sino que se cuantifica el mismo en unos 25.000 euros o, siguiendo el criterio marcado por el juez, en 220.000.

"Con el criterio del juez el informe deja claro el delito"
"El perito ha estado sometido a mucha presión y ha incluido una interpretación económica [la que deja el posible fraude por debajo del umbral de los 120.000 euros anuales que delimita la existencia de un delito fiscal] que ni es correcta ni se corresponde a la realidad, no la ha pedido el juez", explica Mollinedo. En consecuencia y como resume GESTHA en un comunicado, "no existe alternativa al cálculo de la posible cuota dejada de ingresar por el Partido Popular (PP) por el Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 2008 en 220.167,04 euros fijada en el informe, superior al umbral de los 120.000 euros anuales que delimita la posible existencia de un delito fiscal y, además, únicamente considerando presuntos donativos irregulares por 888.000 euros que se habrían afectado al pago de las obras de reforma de la sede de la Calle Génova de Madrid, del total de los 1.055.000 euros presuntamente donados ilegalmente según los 'papeles' de Bárcenas".

El "desatino" del documento que comparó al PP con una ONG
El secretario general de GESTHA advierte sobre la falsedad del argumentario que distribuyó el asesor de Montoro para presentar el informe del perito como exculpatorio hacia el PP: "La primera cuestión es que ese documento habla de dos interpretaciones, cuando solo existe una que es la del juez, y luego mezcla interesadamente la Ley de Mecenazgo que se aplica a las ONG's con la Ley de Financiación de Partidos Políticos, lo que supone un desatino". "Si la donación sirve para financiar una obra es una financiación ilegal de partido, no es ningún beneficio a la sociedad en su conjunto que es la excepción que contempla la Ley de Mecenazgo", insiste. Expone que la clave a la hora de hacer esta forzada comparación está en que la Ley de Mecenazgo no impone requisitos sobre las donaciones y la Ley de Financiación de Partidos que es de aplicación al PP sí, y en este caso se incumplieron tres de los cuatro exigencias esenciales: que las donaciones no fueran anónimas, que no superaran los 100.000 euros y que no procedieran de contratistas con las Administraciones Públicas.

La prueba de que hay filtraciones en la Agencia
Mollinedo subraya que el documento distribuido desde Hacienda interpretando interesadamente el informe pericial "ha dado para titulares y parar argumentarios intoxicando a la opinión pública, porque el auténtico informe sí deja claro que hay delito". Pero además advierte de otra derivada fundamental en lo sucedido: "Es muy grave porque la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) ha tenido que filtrar un documento que debía ir directamente al juez para que el asesor de Montoro hiciera ese documento". Así, recuerda que hasta ahora Montoro había lanzado todo tipo de insinuaciones sobre sus detallados conocimientos de investigaciones a defraudadores que debían ser confidenciales, pero ahora estamos "ante la prueba palmaria" de las filtraciones en la Agencia.

La vertiente del pago en negro al arquitecto
En cuanto a las responsabilidades judiciales para el PP, Mollinedo recuerda que hay un punto diferente que no contempla este informe [relativo al impuesto de Sociedades] ya que atañe a la vertiente del posible fraude respecto al IVA por el cual se va a juzgar al arquitecto que cobró en negro la reforma de la sede del PP. "En la instrucción se determinará si el juez considera que el PP pudiera ser considerado colaborador necesario de ese posible delito ya que el arquitecto ha declarado que era el partido el que le decía la forma de pago", apunta.