Miguel Sebastián ha dado un golpe en la mesa y se ha opuesto a que BBVA quede fuera del caso Villarejo.
El economista y exministro de Industria, Turismo y Comercio del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero considera que la entidad bancaria dirigida por Carlos Torres debe permanecer imputada para dar respuesta a los presuntos delitos que cometieron algunos excargos, tales como uno de sus expresidentes, Francisco González; el exCE0 Ángel Cano; y al exjefe de Seguridad Julio Corrochano.
En este sentido, Sebastián argumenta que los planes de prevención de delitos de BBVA eran “un puro maquillaje estético carente de toda eficacia”, según ha desvelado La Información.
En el escrito, con fecha del pasado 9 de septiembre, que ha presentado ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, quien investiga la causa sobre los servicios privados del excomisario José Manuel Villarejo, da respuesta a la petición de archivo del banco. Sebastián argumenta que esta pieza judicial ha desvelado "un caso claro de coautoría en la que varias personas con distintos roles, pero con unidad de propósito, diseñan un plan delictivo". Por este motivo, esgrime que los controles de BBVA no funcionaron: "No puede decirse que dentro de la empresa hubiera una ética de cumplimiento, cuando la cúpula de la organización con su presidente a la cabeza, fueron los primeros en incumplir, primero la llamada 'doctrina FG' -un código de conducta que implantó Francisco González- y, posteriormente, el programa de cumplimiento normativo ahora en vigor", ha señalado.
Cabe recordar que el economista está personado en este procedimiento como víctima de los servicios del excomisario, a quien acusa de “fabricar” un falso testimonio acerca de su vida privada, lo que se comprende dentro del Proyecto Trampa, del cual se encargaba el Grupo Cenyt con el objetivo de detectar quiénes estaban detrás del intento de Sacyrs Vallehermoso por hacerse con la dirección de BBVA en 2004.
A Miguel Sebastián, también se sumaron otros nombres relevantes como el expresidente de la constructora, Luis del Rivero; el antiguo consejero de la entidad bancaria José Domingo de Ampuero; el exdirector general adjunto de BBVA y secretario del Consejo de Sacyr, Vicente Benedito; o el expresidente de la CNMV Carlos Arenillas. Un grupo que Villarejo bautizó como el Grupo Hostil.
Imputación de BBVA
En 2019, la conocida entidad bancaria fue imputada como persona jurídica en el caso Villarejo, pero en todo momento ha defendido que no existen indicios de que sus directivos y otros cargos cometieron irregularidades en la contratación de 2004 y 2017 por el pago de 10,2 millones de euros.
Asimismo, BBVA sostiene que, en aquel momento, tenía mecanismos de control eficientes para evitar dichas ilegalidades, tal y como establece el artículo 31 del Código Penal, por lo que defiende que no se le pueden atribuir responsabilidades penales.
La investigación al Grupo Hostil
Por medio de llamadas telefónicas, grabaciones y seguimientos tanto en la vida laboral como privada de los miembros de este grupo, las investigaciones del agente encubierto “no fueron producto de una indagación ocasional y caprichosa de Villarejo y la empresa Cenyt, sino el resultado de un encargo que partió de la cúpula del BBVA”, según explicaron los abogados.
Asimismo, y conforme a los documentos que hay en el sumario de la causa, una parte de los encargos a Villarejo no pasaron por los procedimientos normales de contratación por supuestos motivos de seguridad, lo que dejaba fuera algunos controles internos. Sobre este hecho, Miguel Sebastián sostiene que ésta era la única manera que tenía la antigua cúpula del BBVA para encontrar los datos de interés de algunas personalidades por medio de la intercepción de teléfonos oficiales.
