Nuestra Constitución cumple 45 años. La Carta Magna se mantiene desde 1978 como eje vertebrador de nuestra democracia. La mayoría de los españoles así la reconocen, pero también, en tono de crítica constructiva, sostienen que necesita un cambio (o alguno más). De hecho, más de 71% de los encuestados que recoge el último análisis de 40dB para la Cadena SER y El País lo considera de esta manera. Dentro de este porcentaje, el 41,4% aboga por una reforma leve, mientras que el 22,2% habla de una transformación profunda del texto. Asimismo, algo más del 8% considera que lo ideal es eliminar la Constitución presente y crear una nueva.

Por partidos

El apoyo hacia la Carta Magna también se divide por colores. Esto es que el votante, según su ideología, es más o menos proclive a la misma y a realizar o no cambios en ella. Dentro de las grandes formaciones, se puede decir que el electorado popular es el que más a favor se muestra de la Constitución (un 85,4%), mientras que el de Vox, en contra de lo que muchos pueden pensar, el que menos, ya que cerca del 64% aprueban el gran texto.

A la izquierda, también hay una diferencia notable, aunque menor, entre el electorado del PSOE y de Sumar. Así, los que han eligieron a Pedro Sánchez como aspirante a la Moncloa aprueban en un 78,3% la Constitución, mientras que el 67,4% de los que optaron por los magentas hacen lo propio.

Muy por debajo de todos ellos se encuentran los partidos nacionalistas, así solo el 37,6% de los votantes de algunas de las formaciones soberanistas consideran positiva la influencia del texto que cumple años este miércoles.

¿Reforma ligera o lavado de cara?

Siete de cada diez encuestados abogan por reformar la Ley Fundamental, aunque por partidos políticos la división no dista tanto de la mencionada anteriormente. De esta manera, casi el 42% de los votantes del PP mantendrían intacta la Constitución, mientras que las formaciones soberanistas son las que más abogan por hacer un lavado de cara a la Carta Magna; de hecho un 27,7% la transformarían de la A a la Z. A la izquierda, los votantes de Yolanda Díaz se muestran más partidarios a hacer reformas importantes que los de Sánchez. No es que una parte considerable del electorado socialista no crea que es necesario hacer cambios, sino que defienden una reforma más ligera.

Los cambios que reclaman los españoles

En lo que se refiere a cambios concretos, el más demandado es el relativo a la forma de Estado y a la sucesión al trono, y es que al 59,1% le gustaría “mucho” o “bastante” que la sucesión a la Corona fuera diferente, y es que si se obedece a lo que dicta la normativa, tal y como está redactada, Leonor opta a ser reina porque no tiene hermano varón, tal y como señala el artículo 57.1 que José Luis Rodríguez Zapatero intentó modificar hasta en dos ocasiones durante su mandato.

“La sucesión en el trono seguirá el orden regular de primogenitura y representación, siendo preferida siempre la línea anterior a las posteriores; en la misma línea, el grado más próximo al más remoto; en el mismo grado, el varón a la mujer, y en el mismo sexo, la persona de más edad a la de menos”, dicta exactamente el texto. Hay que subrayar, además, que estas líneas no van en consonancia al resto de países de Europa e incluso el mundo que tienen monarquía, y es que en lugares como Reino Unido, Bélgica, Suecia u Holanda da igual el género del primogénito.

La mitad de los españoles estima igualmente que el Senado, donde en la presente legislatura el PP cuenta con mayoría absoluta, no es una verdadera cámara de representación. Precisamente la cuestión territorial es otra de las que preocupa considerablemente a la ciudadanía. De este modo, el reconocimiento a la plurinacionalidad del país y la mirada en que este sea más federal encuentra el 46,7% de simpatizantes por el 38,1% de detractores. Dentro de este punto, eso sí, pocos consideran que lo oportuno sería centralizar por completo el Estado (solo lo aprueba un 25,1%). El choque se produce también cuando se pregunta por la posibilidad de someter a consulta la pertenencia de regiones al Estado, aunque en menor grado (los que están en desacuerdo siguen siendo mayoría, aunque por poco más del 1%).

Entretanto, hay cuestiones de actualidad para las que la Carta Magna se ha usado de escudo (para uno y otro lado), como la amnistía o la reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), pero también para aspectos puramente sociales como los derechos de las personas LGTBI o con discapacidad. El de estas últimas es uno de los casos más sonados históricamente, ya que es de las pocas en las que el consenso es prácticamente total entre PP y PSOE, aunque el cambio no llega a producirse. Concretamente, el artículo 49 emplea todavía el término “disminuidos” en el texto constitucional, pero hay principio de acuerdo entre las dos fuerzas principales para que esto deje de ser así.