En el Gobierno y en el entorno de Pedro Sánchez dan prácticamente por hecho que el presidente acudirá al Congreso de los Diputados para explicar la posición de España ante el conflicto con Irán. Sin embargo, esa comparecencia todavía no tiene fecha definida ni se ha concretado el formato en el que se produciría.
Mientras tanto, el Partido Popular, liderado por Alberto Núñez Feijóo, ya ha registrado una solicitud para que el jefe del Ejecutivo comparezca de manera urgente. Los populares sostienen que las decisiones adoptadas hasta ahora por el Gobierno pueden debilitar los intereses de España y afectar a su relación con aliados y socios internacionales.
En el Ejecutivo socialista recuerdan el precedente de lo ocurrido hace más de dos décadas durante la guerra de Irak, cuando el entonces presidente del Gobierno, José María Aznar, gestionó su relación con el Parlamento en aquel contexto internacional. Según fuentes del PSOE, ese antecedente ofrece a Sánchez diferentes opciones sobre cómo y cuándo informar a la Cámara.
El precedente de la guerra de Irak
Aznar acudió al Congreso antes de que Estados Unidos declarara oficialmente la invasión de Irak, pero no volvió a comparecer hasta diez meses después. Aquella segunda intervención se produjo tras el asesinato de siete agentes del CNI en el país y sirvió para explicar la participación española en la coalición internacional simbolizada en la conocida “foto de las Azores”.
Por ahora, Sánchez ha realizado únicamente una breve declaración institucional desde el Palacio de Palacio de la Moncloa para fijar la posición de España ante la crisis con Irán. La comparecencia se celebró sin presencia de periodistas ni turno de preguntas, y en su equipo siguen estudiando cuándo y en qué condiciones trasladará esa información al Parlamento.
Durante esa intervención, el presidente aludió expresamente a la experiencia de 2003 y subrayó que el objetivo del Ejecutivo es no repetir “errores” ni conceder “regalos” como, a su juicio, ocurrió entonces con el llamado trío de las Azores: Aznar junto al presidente estadounidense, George W. Bush, y el primer ministro británico, Tony Blair.
El contexto previo a la invasión de Irak
El proceso que desembocó en la guerra de Irak se gestó durante años. Washington comenzó a construir la justificación de la intervención desde 2001, mucho antes de la comparecencia del secretario de Estado estadounidense, Colin Powell, ante la Organización de las Naciones Unidas en febrero de 2003. En aquella sesión defendió la existencia de armas de destrucción masiva en Irak, una afirmación que posteriormente nunca pudo demostrarse.
En los meses previos al inicio de la guerra, Aznar compareció en varias ocasiones ante el Congreso. En concreto, lo hizo hasta cuatro veces durante los dos meses anteriores al comienzo de la ofensiva militar, que arrancó el 19 de marzo de 2003.
El 4 de marzo de ese año acudió a la Cámara para recabar apoyo a la controvertida resolución 1441 impulsada por Estados Unidos en el Consejo de Seguridad de la ONU. Aquella iniciativa obtuvo 183 votos favorables frente a 164 en contra. En esa sesión, el propio Aznar no defendió la propuesta desde la tribuna, tarea que asumieron el entonces diputado Gustavo de Arístegui y el ministro y futuro candidato electoral Mariano Rajoy. El presidente del Gobierno reservó su explicación política para el pleno celebrado el 18 de marzo, en la víspera del inicio de los ataques.
Debate sobre el control parlamentario
En los meses previos a la guerra, el Gobierno popular ya había dejado claro su criterio sobre el papel del Parlamento. En enero de 2003, Aznar defendió en un acto celebrado en A Coruña que acudiría al Congreso para explicar la situación en Irak únicamente “cuando sea necesario, cuando haya algo sobre lo que debatir, y no sobre hipótesis de futuro”.
Un mes después, en febrero, el Ejecutivo precisó que una eventual participación de tropas españolas en el conflicto se decidiría sin consulta previa a las Cortes. Según esa posición, el Parlamento sería informado “de forma inmediata”, aunque después de que se adoptara la decisión. En la práctica, la comparecencia para explicar la participación española no se produjo hasta diez meses más tarde.
Ese planteamiento contrastaba con compromisos anteriores del propio Aznar. Durante la guerra de Kosovo, el dirigente popular había defendido en dos ocasiones ante el pleno del Congreso la necesidad de establecer un mecanismo de consulta parlamentaria para situaciones de conflicto armado, reconociendo la existencia de un vacío legal en esa materia. Una vez en el Gobierno, sin embargo, el Ejecutivo sostuvo que esas decisiones correspondían exclusivamente al Ejecutivo en virtud de sus competencias constitucionales.
El argumento se apoyaba en el artículo 97 de la Constitución Española de 1978, que establece que el Gobierno dirige la política interior y exterior, así como la defensa del Estado. No obstante, el artículo 63.3 de la misma norma señala que corresponde al Rey, “previa autorización de las Cortes Generales”, declarar la guerra o firmar la paz.
La legislación en materia de defensa también recoge ese reparto de funciones. La Ley Orgánica de Criterios Básicos de la Defensa Nacional, aprobada en 1980 y reformada en 1984, establece que el presidente del Gobierno dirige la política de defensa y tiene autoridad para ordenar y coordinar la actuación de las Fuerzas Armadas. Al mismo tiempo, reconoce a las Cortes la capacidad de aprobar la legislación en este ámbito, autorizar determinados tratados militares y ejercer el control sobre la acción del Ejecutivo.
El precedente de la Guerra del Golfo
El Gobierno de Aznar también recordó entonces otro precedente para defender su posición: el envío de buques españoles al Golfo Pérsico en 1990, tras la invasión de Kuwait por parte de Irak. En aquella ocasión, el Ejecutivo socialista de Felipe González ordenó el despliegue de tres navíos sin consultar previamente al Parlamento, una decisión que el Grupo Popular, entonces en la oposición, no cuestionó.
La intervención militar se produjo bajo el amparo de una resolución prácticamente unánime del Consejo de Seguridad de la ONU que autorizaba el uso de todos los medios necesarios para expulsar a las tropas iraquíes de Kuwait.
La comparecencia diez meses después
No fue hasta el 2 de diciembre de 2003 cuando Aznar regresó al Congreso para explicar de nuevo la participación española en Irak. La comparecencia se produjo pocos días después del asesinato de siete agentes del Centro Nacional de Inteligencia en aquel país.
Tras trasladar su pésame por las víctimas, el presidente defendió la continuidad de la presencia española en la zona y sostuvo que España tenía “una obligación de solidaridad con aquellos países de los que es aliado y con los que comparte la defensa de la legalidad internacional”.
En esa intervención detalló el dispositivo militar aportado por España a la coalición internacional. Entre otros medios, el Ejecutivo puso a disposición el buque Galicia, equipado con capacidad hospitalaria y quirúrgica; vehículos y embarcaciones de apoyo; una unidad de 120 infantes de Marina; así como unidades del Ejército de Tierra especializadas en ingeniería y defensa nuclear, bacteriológica y química, con capacidad para tareas de desminado, reconocimiento químico y radiológico y operaciones de descontaminación.
Para tareas de escolta y seguridad se desplegaron además la fragata Reina Sofía y el buque petrolero Marqués de la Ensenada. En conjunto, el contingente español movilizado en aquella fase alcanzó aproximadamente los 900 efectivos.
