Los seis magistrados de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Valencia han confirmado por unanimidad la decisión de la jueza de la DANA, Nuria Ruiz Tobarra, que instruye la causa por la gestión de la Dana y la muerte por negligencia de 230 personas, y han denegado la declaración testifical del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que pedía el seudo sindicaro de extrema derecha Hazte Oír.

La Sala desestima así íntegramente en un auto el recurso de apelación interpuesto por la acusación popular que ejerce Hazte Oír. El Tribunal argumenta que las razones alegadas por los recurrentes "no parecen suficientes para acordar una diligencia con claros tintes prospectivos" y no aprecia "la utilidad" de la misma.

"No se aprecia tampoco la utilidad de las diligencias denegadas ni se justifica el rendimiento probatorio que se pretende obtener más allá de meras conjeturas acerca de la conversación que pudo mantener el presidente del Gobierno con el entonces president de la Generalitat Valenciana horas después de haberse producido los hechos que son objeto de investigación en la presente causa", concluye la Audiencia.

Con esta decisión, los seis jueces de la Audiencia le dan la raqzón a Tobarra que aseveraba en su auto: "(...) La hora en que se produce el intercambio del mensaje a las 22:50 horas, se aparta radicalmente del momento en el que se produjo el proceso de toma de decisiones. Se trataría en definitiva con dicha prueba de un eventual análisis de lo sucedido a posteriori, en un momento ulterior de lo que constituye el objeto de investigació".

Más escritos

Además de este auto de la Audiencia Provincial, sigue el goteo de escritos de alegaciones con respecto a la exposición razonada de la juez en la que le pide al TSJCV que impute al expresidente valenciano, Carlos Mazón. En el caso de Podemos, que está personado como acusación popular, asevera su abogado que se adhiere íntegramente a la exposición razonada elevada por la magistrada instructora.

El escrito respalda las conclusiones de la instructora sobre la posición de garante que ostentaba el president en la gestión de la emergencia y señala indicios de una posible omisión negligente durante las horas más críticas del episodio. También apunta a la posible intervención de su entorno en el retraso y modificación del contenido de la alerta a la población enviada mediante el sistema ES-Alert, una circunstancia que, según se expone, pudo influir en el alcance del resultado mortal y lesivo producido durante la catástrofe. 

Podemos sostiene que la gravedad de los hechos y la existencia de múltiples advertencias previas sobre el riesgo del día 29 de octubre obligan a practicar una investigación completa para determinar todas las responsabilidades. A su juicio, cerrar la investigación respecto de quien ostentaba la máxima responsabilidad institucional sin agotar las diligencias necesarias comprometería el derecho de las víctimas a conocer la verdad y a que se depuren las eventuales responsabilidades penales derivadas de la gestión de la emergencia.

La coordinadora general de Podem País Valencià, María Teresa Pérez, afirma "como acusación popular siempre hemos trabajado para conocer la verdad y que se haga justicia para las víctimas de la DANA y para toda la sociedad valenciana. Esa firme voluntad de conseguir justicia nos lleva ahora a respaldar que el TSJ investigue a Mazón y esperamos que ese tribunal sea diligente"