La Federación Estatal de Trabajadoras de las Administraciones Públicas de la Confederación General del Trabajo (FETAP-CGT) ha sido la primera de las acusaciones populares de la causa de la DANA, que investiga la muerte por negligencia de 230 personas el día de la tragedia, en enviar su escrito de alegaciones a la exposición razonada remitida por el Tribunal de Instancia de Catarroja. Una exposición en la que la magistrada, Nuria Ruiz Tobarra, le pide al TSJCV que impute al expresidente Carlos Mazón por su negligente actuación el día de la riada. Según el escrito de FETAP-CGT, al que ha tenido acceso ElPlural.com, el escrito de la juez "contiene indicios sólidos, racionales y plurales".
El escrito comienza recordando como el TSJCV archivó en su día las querellas que se presentaron contra Mazón. En su día, el Alto Tribunal dijo indicó que el camino procesal correcto era que la investigación se iniciara en "el hábitat natural de los Juzgados de Instrucción" y que, si de la misma se desprendieran "indicios sólidos contra la persona aforada", se elevara la correspondiente exposición razonada.
La CGT afirma, con respecto a lo anterior: "Nos encontramos, precisamente, en ese escenario. La exposición razonada remitida por la magistrada de Instrucción no es una mera querella basada en noticias de prensa o en una legítima indignación colectiva. Es el resultado de una instrucción judicial en la que se han practicado numerosas diligencias, se han recabado informes, se han analizado comunicaciones y, fundamentalmente, se ha tomado declaración a víctimas y testigos".
Y añade que la exposición razonada es "la materialización de la condición que este mismo Tribunal estableció para asumir su competencia: la constatación, por un órgano instructor ordinario, de que existen indicios fundados que apuntan directamente a la persona aforada".
Los indicios contra Mazón
Acto seguido, el escrito describe los indicios que actualmente existen contra el expresidente, y aun diputado del Partido Popular en Les Corts, Carlos Mazón. Explican que el escrito detalla, de forma pormenorizada, un conjunto de hechos y omisiones que, valorados en su conjunto, constituyen indicios racionales de una presunta negligencia grave por parte Mazón, "con una conexión causal directa con el resultado de 230 fallecimientos y diversos lesionados. Lejos de una atribución genérica, la juez instructora individualiza conductas omisivas concretas".
Esas conductas serían: su posición de garante pues "no era un mero espectador, o alguien sin ninguna competencia es materia de emergencias, sino el vértice de la estructura autonómica responsable de la protección civil", la grave negligencia por omisión que vendría determinada por la minimización del riesgo, el abandono de sus funciones en los momentos críticos, la falta de dirección y coordinación y la inacción ante decisiones vitales.
Sobre el abandono de sus funciones en los momentos críticos dice el escrito: "La exposición sitúa al aforado en una comida en un restaurante desde aproximadamente las 14:30 horas hasta pasadas las 18:00 horas (definida en la exposición razonada como “una sobremesa interminable”, ignorándose con la suficiente certeza donde estuvo desde pasadas las 18.00 horas cuando acompaña a la Sra. Vilaplana hasta el parking y hasta su llegada al Palau de la Generalitat, que algunos testigos como el chófer y los escoltas sitúan a las 19.50 horas aproximadamente, periodo en el que la DANA alcanzó su máxima virulencia y se produjeron la mayoría de los fallecimientos. Durante este tiempo, permaneció en una situación de "aislamiento en las comunicaciones" e ilocalizable, como se desprende de las dificultades de contacto que tuvo su propia Consellera. Y su llegada al CECOPI ha sido establecida a las 20.28 horas".
El escrito de FETAP-CGT es el primero de muchos que están por llegar. Entre ellos, los de las defensas de los dos únicos imputados hasta el momento, la exconsellera de Emergencias Salomé Pradas, y su número 2, Emilio Argüeso. Pero si hay uno que se presupone fundamental es el de la Fiscalía.
