Este sábado 28 de diciembre se cumplen 15 años desde que se aprobó la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. En 2004 salió a la luz para dar un tratamiento integral a la violencia machista, cubriendo desde la prevención y la atención asistencial de las víctimas a la tipificación penal de los delitos cometidos por los agresores. Además, esta ley estableció que esta violencia es estructural y específica contra las mujeres.

Pero 15 años después de su aprobación, la situación no se encuentra en uno de sus mejores momentos. En este 2019 han sido asesinadas de mano de sus parejas o exparejas 55 mujeres, de las cuales solamente once habían denunciado al agresor. El panorama político tampoco propicia la mejora de la situación y la reducción del número de asesinadas, ya que partidos como Vox, que han llegado al Congreso con 52 diputados, defienden que la violencia es ‘intrafamiliar’ y no específica contra las mujeres.

Impulsores de la Ley

Pablo Casado atribuyó la Ley Contra la Violencia de Género al Partido Popular pero no es cierto, ya que fue impulsada y redactada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. El líder del Partido Popular aseguró en Televisión Española que "el primer partido en lanzar una ley contra la violencia de género en 2004 fue el PP", y comentó que "en el tema de la violencia de genero además de las medidas para ayudar a quienes ya son víctimas, optamos por la autonomía de las mujeres para dar un portazo a quienes no se están portando bien con ellas, por ejemplo con empleo o con esa brecha salarial que hemos reducido. La lacra de la violencia contra las mujeres es algo con lo que se no se puede politizar". Sin embargo, fue el PSOE quien impulsó y sacó la ley contra la violencia de genero, y el Gobierno de Zapatero quien puso encima de la mesa la necesidad de crearla.

Además, en octubre de 2004, cuando se debatía la ley en el Congreso, el Partido Popular la criticó con estas palabras: "Esta no es una buena ley, es un proyecto de ley genérico, impreciso y da la impresión de que esta ley no ha obedecido a otra cosa que una simple operación de marketing…". Mariano Rajoy, después de votar a favor también hizo críticas a la ley: "Le hemos dado nuestro voto a favor aunque me hubiera gustado más que se considerara más a los niños y a los ancianos, pero suponemos que esto irá en otra ley".

Los grandes hitos de esta Ley integral

El primer hito que alcanzó esta norma fue sacar del ámbito privado la violencia de género y el reconocimiento en el ámbito jurídico. Su entrada en vigor también se tradujo en un incremento exponencial del número de denuncias y la creación de herramientas para ayudar a las víctimas, como el servicio de información y asesoramiento telefónico 016.

Esta ley convirtió a España en un gran referente mundial por conseguir la igualdad y luchar contra la violencia de género. La vicepresidenta en funciones, Carmen Calvo, ha presentado en el Consejo de Ministros un balance de la norma y en su análisis ha reivindicado la eficacia de la norma, aunque ha apuntado que los retos del futuro están marcados por la implementación total de la norma, el cumplimiento de las medidas incluidas en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género y el Convenio de Estambul.

Por su parte, la presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis, Ángeles Jaime de Pablo, cree que en el ámbito educativo se ha producido un "fracaso" en términos de aplicación de esta norma. Argumenta que "existe una deficiencia en la prevención de la violencia contra las mujeres, algo que apenas se aborda en el sistema educativo, con lo que los niños aprenden a través del porno, donde se naturaliza la violencia y las agresiones". Además de la educación en igualdad y afectivo sexual de los niños y adolescentes, existen otras tareas pendientes, como la formación en perspectiva de género de los operadores jurídicos o la mejora de la protección de las víctimas.

Retos pendientes y trabas en el camino

El número de mujeres asesinadas por violencia de género contabilizadas por el Gobierno desde 2003 asciende a un total de 1.033. Desde la aprobación de la ley, el año en el que más asesinatos se han producido fue en 2008, con 76 víctimas. A partir de 2015 se ha observado un claro descenso, pasando de 60 asesinadas en ese año a 44 en 2018. En 2019 se ha detectado otro repunte, con un dato que asciende a 55 el total de las mujeres que han sido asesinadas por sus parejas o exparejas.

El auge de la extrema derecha, tanto en España como en el resto de Europa, está truncando los retos a conseguir en el ámbito de la violencia de género. El partido de Santiago Abascal ha impedido declaraciones institucionales unitarias por primera vez desde 2004 en autonomías y ayuntamientos. El Parlamento balear no aprobó la declaración solemne contra la violencia machista por primera vez en once años; la concejal de Vox en el Ayuntamiento de Palencia se negó a suscribir una moción que sostiene que la violencia de género es una violación de los derechos humanos; y los dos diputados del partido de extrema derecha en el Parlamento de Cantabria impidieron una declaración que apelaba a construir una sociedad más igualitaria y menos violenta, son algunos de los casos en los que Vox ha impedido avanzar en la lucha contra la violencia de género.

Vox se mostró radicalmente en contra del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, argumentando, entre otras cosas, que ese pacto “no va a erradicar la violencia que pretende combatir y va a generar nuevas injusticias y discriminaciones, desamparos legales y vulneración de derechos fundamentales al estar basado en ampliar y endurecer una ley ineficaz e injusta”, así lo mostraban en el comunicado que el partido emitió.