Salvo sorpresa, el próximo 29 de junio el Consejo de Ministros aprobará la Ley Trans, tras varios meses de negociaciones que han provocado tensiones entre PSOE y Unidas Podemos. Finalmente, el Gobierno ha llegado a un acuerdo para reconocer la libre autodeterminación de género, que dividía a socialistas y morados, y que recogía la voluntad de una persona para cambiar su nombre y su sexo en el DNI sin necesidad de informes médicos ni de años de hormonación, como ocurre actualmente.
De esta manera, las personas trans que quieran modificar su sexo en el registro lo podrán hacer con un procedimiento sencillo, sin necesidad de aportar elementos extras ni que otras personas certifiquen su género.
Así será el proceso
Según el último borrador del anteproyecto, al que ha tenido acceso la agencia Efe, el Gobierno central permitirá el cambio de sexo sin informes ni pruebas a partir de los 14 años. A partir de esa edad, la persona interesada podrá acudir al Registro Civil con una cita previa y deberá rellenar un formulario indicando que no está conforme con el sexo con el que nació. De esta manera, pedirá una rectificación y un cambio de nombre.
Tras esto, el funcionario que le atienda le informará de las consecuencias jurídicas de cambiar de sexo, y además le ofrecerá información sobre recursos de apoyo y asociaciones de protección de derechos a las que puede acudir si lo desea.
Por último, en un plazo de tres meses después de la cita, la persona interesada volverá a ser citada para ratificar su decisión, y si acepta el cambio de sexo será efecto a partir de ese momento.
En este pacto, el texto recoge también un procedimiento para detectar cualquier posible fraude a la hora de hacer el cambio en el registro: Tras la comparecencia de la persona trans, el funcionario emitirá el informe y podrá paralizar el trámite si ve fraude, algo que, como en otros casos, debe demostrar para suspenderlo de manera definitiva. Este es el mismo procedimiento que tiene que pasar cualquier otro trámite. Así, no se establece un método especial para la revisión de las solicitudes, como exigía Igualdad.
