El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González. EFE/Archivo
A Ignacio González le llueven los problemas. Tras las acusaciones de un guardia civil le implicara en la trama del espionaje a altos cargos del PP madrileño, la jueza de Estepona Mariana Pelegrina Blanco ha desempolvado la investigación sobre el ático en una lujosa urbanización marbellí del que disfruta el presidente madrileño, Ignacio González, supuestamente propiedad de la empresa Coast Investor LLC, una sociedad del paraíso fiscal de Delaware (Estados Unidos), cuyo administrador es el testaferro profesional Rudy Valner, según publican hoy ‘El País’ y ‘El Mundo’.
Una denuncia del sindicato de policías
La investigación tiene su origen en una denuncia presentada ante el mismo juzgado de instrucción del que es titular la jueza por el Sindicato Unificado de Policía (SUP), según la cual el ático es propiedad de González. La propiedad ha sido relacionada en anteriores informaciones publicadas por ‘El Mundo’ con el presunto cobro de una comisión por la recalificación de unos terrenos en Arganda a favor de la constructora Martinsa.
Una ganga de alquiler
La denuncia del SUP señalaba que la esposa de González, Lourdes Cavero, alquiló el piso mediante un contrato de larga duración por 2.000 euros al mes, cuando el precio medio de los alquileres para viviendas de esa calidad es de 6.000 euros al mes. El salario del presidente de la Comunidad de Madrid es de 4.800 euros netos mensuales, según datos de El Mundo.
¿De dónde salió el dinero?
La jueza ha pedido a Hacienda que indague el origen del dinero que se usó para la compra del lujoso ático, de 496 metros y que se le remita “toda la información tributaria que posean sobre la entidad Coast Investors LLC". Asimismo, la jueza apunta en su texto que “se tiene por recibida la documental remitida por la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada".
Interior se cobró la cabeza de los responsables de la investigación
La investigación de esta propiedad ha estado envuelta en la polémica, después de que en marzo saliera la información de que la Policía había abierto una investigación. El Ministerio del Interior negó que se tratara de una investigación legal y el director general de la Policía, Ignacio Cosidó, destituyó al comisario de Marbella y responsable local de las pesquisas, Hermés de Dios, y posteriormente al número uno de la Policía Judicial, Enrique Rodríguez Ulla.
