Finalmente, la investigación ha sido archivada por la Fiscalía. Según asegura el diario El Mundo, Interior ha esperado a esto para destituirle y alega "falta de confianza" por haber actuado en este caso sin informar a sus superiores.
Sin embargo, según la Cadena SER, Anticorrupción informó el pasado día 10 de mayo de que "la información y los datos aportados eran "insuficientes para iniciar una investigación penal por no presentar elementos objetivos indiciarios que pudieran servir de soporte a una investigación, pudiendo servir, en su caso, para una investigación policial". O dicho con otras palabras, la investigación tiene que ser ordenada por algún mando policial y ahora se queda huérfana.
Según esta versión, detras de la destitución estaría una carta del SUP en la que se mostró dispuesto a denunciar a aquellos mando policiales que dejaban de hacer su labor para lograr un puesto de trabajo para sus familiares, en referencia a Rodríguez Ulla, quien se entrevistó con el que fuera subgobernador del Banco de España, para enchufar a su hija en la institución. Sin embargo le salió el tiro por la culata ya que Ariztegui le dejó las cosas muy claras: "La ley es igual para todos en el Banco de España. La única vía para conseguir un empleo es hacer y ganar una oposición".
Tras esta amenaza, abrió la investigación. Fuentes del ministerio consultadas por la SER aseguran que el comisario destituído debió informar del chantaje antes de ordenar abrir el caso.
En relación al supuesto chantaje, el SUP ha hecho pública una nota de prensa (que incluye la carta enviada a Rodríguez Ulla), en la que denuncian que detrás de esta decisión está su intención de enterrar el asunto. En ella recuerdan que la Fiscalía Anticorrupción cuando archivó la causa dejó abierta la posibilidad de que la Policía siguiese investigando. En su opinión, este cese tiene que ver con el ático de González:
"La decisión del cese nos hace temer que España sea un país donde la corrupción puede campar a sus anchas; responsables políticos del Ministerio del Interior han decidido no investigar un claro indicio de blanqueo de capitales en la referida vivienda de Marbella, (de un millón de euros aproximadamente en dinero sin legalizar porque no hay escritura en España), y por esa razón han cesado al comisario general que decidió abrir diligencias de investigación. Mientras no se sepa quién es el dueño del ático de Marbella, el ministro del Interior y el director general de la Policía son sospechosos por omisión de no querer esclarecer dicho asunto, y si después resultará que el ático es el fruto de inversión de dinero ilícito deberán asumir la responsabilidad política y jurídica que les correspondiera. Desde el SUP exigimos una policía decente que cumpla la ley, y políticos decentes, y no cejaremos en el empeño de desenmascarar a los corruptos".
Le sustituye al frente de la comisaría general José García Losada, hasta ahora director del Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado (CICO). García Losada ha dirigido distintos equipos especializados en delincuencia económica y financiera y asumió la misma responsabilidad en 2002, durante la última legislatura del Partido Popular.
Al frente del CICO estará el comisario José Luis Olivera, jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), responsable de las últimas instrucciones anticorrupción como Gürtel o Brügal en la Comunidad Valenciana.
Otro nombramiento de interés ha sido el de José Manuel Salgado, hasta ahora máximo responsable de la comisaría Provincial de Pontevedra para sustituir a Antonio Moreno al frente de la Jefatura Superior de Policía de Valencia. Moreno fue el mando policial que tildó de "enemigos" a los estudiantes que se manifestaron la pasada primavera contra los recortes.
