“Nos llegó de la central de Madrid”. Declaraciones de los trabajadores de la empresa Sufi (actual Valoriza Servicios Medioambientales), filial de Sacyr, desmintiendo las declaraciones del exalcalde del PP de Toledo, José Manuel Molina, y del vicealcalde y extesorero del partido, Lamberto García Pineda, ambos imputados por el juez Ruz en la trama de la supuesta mordida de 200.000 euros que esta empresa pagó al Partido Popular de María Dolores Cospedal para financiar su campaña electoral de 2007 a cambio de la concesión del contrato de recogida de basuras de la capital toledana. Manuel Fueris y Juan Carlos Uzán, empleados de la empresa, han desmontado ante el titular del Juzgado de Instrucción Nº 5 de la Audiencia Nacional los argumentos de Molina y Pineda asegurando que el protocolo firmado cuatro días antes de las elecciones municipales, celebradas el 27 de mayo de 2007, mejoró de forma sustancial las condiciones pactadas entre Sacyr y los trabajadores.

“Desde la central de Madrid”
Mejoras llevadas a cabo por el PP toledano y que distaron mucho de las pactadas entre empresa y sindicatos en el preacuerdo, sellado en un protocolo que, siempre según los testimonios de estos dos trabajaodres, no fue elaborado por la dirección de Sufi en Toledo, sino por determinados responsables de la  compañía en Madrid. “Llegó vía correo electrónico desde la central de Madrid”, han reconocido en sede judicial, dejando a los “pies de los caballos” al PP toledano que desde hace meses vienen repitiendo la consigna de que el sobrecoste de 11,4 millones de euros que se incorporó al contrato de recogida de basuras se aprobó por una necesidad imperante y ante el anuncio de huelga de los trabajadores, quienes han negado la mayor, señalando que se aprobó al margen de la negociación con los sindicatos. Aunque Molina, al ser preguntado el lunes por los periodistas sobre este asunto, se limitó a señalar: "Sobre estos elementos concretos no voy a hacer alusión".

Fueris, “ni de coña” reconoce el protocolo
Pero no solo han denunciado estas graves irregularidades, también Manuel Fueris, cuya firma aparece en el protocolo que supuestamente suscribieron el Ayuntamiento, la empresa y los trabajadores, documento (ver) al que ha tenido acceso ELPLURAL.COM, no ha renocido, “ni de coña”, el contenido del protocolo y ha dicho que el acuerdo real que se alcanzó con el comité de empresa incluía un menor sobrecoste. En este sentido, ha concretado que el protocolo que derivó en el sobrecoste, que fue aprobado “por vía de urgencia” por el equipo de Gobierno del exalcalde José Manuel Molina dos días antes de las elecciones municipales (ver protocolo), debió de llegarle a otro trabajador, concretamente Juan Carlos Uzán, que también ha negado este extremo y tampoco ha reconocido el documento.

“Desplazamiento patrimonial”
Tanto Fueris como Uzán han coincidido en atribuir al actual alcalde de Toledo y líder del PSOE en Castilla-La Mancha, Emiiano García-Page, el trabajo realizado para normalizar el “desplazamiento patrimonial” que se produjo con la modificación del contrato, que inicialmente estaba previsto por un total de 6,13 millones de euros anuales por un periodo de diez años y prorrogable otros cuatro, y que tras el citado protocolo se incrementó notablemente, como sostiene la Intervención General del Estado en el informe incorporado a la causa donde queda dicho con toda claridad que el contrato de la recogida de basuras de Toledo se elevó en 11,4 millones de euros, “omitiendo el procedimiento legalmente establecido y careciendo de los informes preceptivos, por lo que se podría considerar nulo de pleno derecho”, como así lo denunció también este lunes el viceinterventor del Ayuntamiento de Toledo, Francisco Javier Sánchez Rubio, quien recordó a Ruz que el equipo de Gobierno presidido por José Manuel Molina hizo caso omiso de los avisos de ilegalidad lanzados por la intervención municipal.

Capotazo al PP de Toledo
Por eso, tras los testimonios de trabajadores e interventor, quedan descafeinadas y poco creíbles las declaraciones del respresentante de la empresa y firmante junto a Molina del contrato de recogida de basuras investigado ahora en la Audiencia Nacional. Pedro Sigüenza, responsable de Sufi en Toledo en 2007, ha defendido que tuvieron que aprobar el nuevo convenio colectivo “de sopetón” porque los trabajadores convocaron una huelga de basuras unos días antes de la celebración del Corpus. De igual modo, ha dicho que la compañía no se benefició del sobrecoste porque el dinero repercutió en la mejora salarial de los trabajadores, a los que se concedió el máximo de las exigencias que habían planteado.

Todo apunta a Vicente Tirado
Una declaración que, según testigos presentes en los interrogatorios del juez Ruz ha pasado sin pena ni gloria, ya que Sigüenza se ha limitado a interpretar el papel oficial de la empresa negando todas las acusaciones. Sin embargo, las declaraciones del lunes del interventor, de Emiliano García-Page, sumadas a las de este martes de los trabajadores, citados todos ellos como testigos, dejan cada vez más tocado al actual mano derecha de Cospedal, presidente de las Cortes y secretario general del PP en Castilla-La Mancha, Vicente Tirado, cuyo nombre aparece como conseguidor de la supuesta mordida de los 200.000 euros, según declaración en sede judicial del extesorero Luis Bárcenas. Además, Tirado era por aquellas fechas coordinador de servicios del Ayuntamiento de Toledo, como así se encargó de recordar en su declaración García-Page.